Dar nombres de los ex altos cargos recolocados vulnera la intimidad, seg¨²n De Gispert

?Es un asunto privado que 49 ex altos cargos hayan sido recolocados por el Gobierno catal¨¢n en diversos puestos de la Administraci¨®n? La consejera de Gobernaci¨®n, N¨²ria de Gispert, sostiene que s¨ª y mantiene una cerrada negativa a dar a conocer los nombres y los puestos de trabajo en los que estos ex altos cargos pol¨ªticos han varado despu¨¦s del cese. Alega que darlos a conocer vulnerar¨ªa el derecho de estos empleados p¨²blicos a la intimidad, protegida por la Constituci¨®n y la legislaci¨®n que la desarrolla.

El diputado ?lex Masllorens, del PSC-Ciutadans pel Canvi, cree que no, que se trata de un asunto de inter¨¦s pol¨ªtico que nada tiene que ver con la intimidad y el honor protegidos por la ley, y libra una batalla contra el rechazo de la consejera. No es el ¨²nico. Tambi¨¦n el diputado Joan Ridao, de Esquerra Republicana, ha pedido esta informaci¨®n.

Ante la negativa de la consejera a la pregunta de Masllorens, el diputado solicit¨® el amparo del presidente del Parlament, Joan Rigol, para que la obligara a aportar los nombres y los puestos en que han sido recolocados estos ex altos cargos. No le ha servido de mucho. Rigol traspas¨® a De Gispert la petici¨®n de amparo. La respuesta fue la reafirmaci¨®n de la negativa, acompa?ada esta vez de un informe jur¨ªdico que la justifica.

El informe sostiene que los datos requeridos forman parte del Registro de Personal de la Generalitat, cuyo contenido est¨¢ sujeto a una 'reserva total', dice, por el reglamento que lo regula y la legislaci¨®n sobre funci¨®n p¨²blica. Esta reserva se basa en la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos, que a su vez se apoya en la Directiva 95 / 46 de la Uni¨®n Europea y el art¨ªculo 18.4 de la Constituci¨®n. Este art¨ªculo reza as¨ª: 'La ley limitar¨¢ el uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos'.

La conclusi¨®n del informe es que el Gobierno catal¨¢n tiene el deber de velar para que los datos de car¨¢cter personal que administra 'no puedan ser utilizados en ning¨²n caso en detrimento del derecho a la intimidad, la privacidad o la dignidad de su personal'.

Masllorens afirma que esta argumentaci¨®n persigue ocultar la conversi¨®n de empleos p¨²blicos en 'prebendas o recompensas a la adhesi¨®n pol¨ªtica' por CiU. Y argumenta que no solicita datos privados, sino 'informaci¨®n que el ciudadano tiene derecho a conocer' en la medida en que se trata de la recolocaci¨®n de ex altos cargos en puestos de la Administraci¨®n.