Educaci¨®n ultima un decreto para acelerar la expulsi¨®n de alumnos conflictivos

La Consejer¨ªa de Educaci¨®n est¨¢ dispuesta a que las sanciones contra los escolares violentos se apliquen con m¨¢s agilidad. En el decreto que est¨¢ preparando para regular la convivencia en los centros prev¨¦ medidas reeducadoras y un plazo m¨¢ximo de un mes para que el consejo escolar aplique los castigos. El curso pasado, un total de 68 escolares fueron expulsados, el m¨¢ximo castigo que contempla la ley, por conductas que atentaban muy gravemente contra la convivencia. El viceconsejero Juan Gonz¨¢lez Blasco dice que se trata de episodios 'puntuales y espor¨¢dicos'.

La edad de los infractores se sit¨²a, seg¨²n la consejer¨ªa, en plena adolescencia

Ofensas contra profesores o compa?eros, agresiones verbales y f¨ªsicas, peque?os hurtos precedidos de coacciones, boicoteo al desarrollo normal de las clases, detecci¨®n de arma blanca o de drogas... ?sas son las infracciones m¨¢s frecuentes que cometieron durante el curso pasado un total de 68 chavales en centros p¨²blicos, que fueron expedientados. A 64 de ellos, seg¨²n los datos de la Direcci¨®n de ?rea de Madrid Capital, se les aplic¨® la m¨¢xima sanci¨®n que prev¨¦ el real decreto de convivencia en los centros (732/1995, de 5 de mayo): el cambio de centro.

Pero el problema no afecta ¨²nicamente a los centros p¨²blicos. Los centros privados concertados tambi¨¦n tuvieron problemas de convivencia en sus aulas: cinco chavales de esas edades fueron expedientados, y en cuatro casos se acord¨® la expulsi¨®n del centro.

Las edades de los infractores se sit¨²an en plena adolescencia. La mayor parte de las faltas, tanto en centros p¨²blicos como privados, las cometieron alumnos de 2? (13 a?os) y 3? (14 a?os) de la educaci¨®n secundaria obligatoria (ESO). Y de las 68 expulsiones tan s¨®lo una afect¨® a un escolar de primaria.

'Se trata de episodios muy puntuales y con car¨¢cter espor¨¢dico y, casi siempre, centrados en Madrid capital', asegura el viceconsejero de Educaci¨®n, Juan Gonz¨¢lez Blasco. Y los datos le dan la raz¨®n: en la capital hay 102 institutos con 73.568 alumnos de entre 12 y 18 a?os y otros 38 centros privados en los que Educaci¨®n subvenciona la ense?anza a 5.724 alumnos. Es decir, el porcentaje de alumnos expulsados de sus centros se reduce a la m¨ªnima expresi¨®n (el 0,078%).

Aun as¨ª es un problema que preocupa en los institutos. Sobre todo desde que la LOGSE fij¨® en los 16 a?os la edad de escolarizaci¨®n obligatoria. En la pr¨¢ctica esto ha supuesto que los docentes tengan que lidiar con una gran variedad de alumnos (ciclos formativos, garant¨ªa social) que no tienen previsto ir a la universidad, sino ponerse a trabajar cuanto antes.

Por ello, el Gobierno regional est¨¢ preparando una normativa de convivencia regional, despu¨¦s de que la Asamblea le instara a ello por unanimidad. El objetivo es dar soluci¨®n a algunos de los problemas que no se pueden atajar con el decreto de 1995 del Ejecutivo central. La nueva normativa, explica Gonz¨¢lez Blasco, modificar¨¢ fundamentalmente tres aspectos. Primero, se tipificar¨¢n claramente las conductas contrarias y las sanciones que atenten contra la convivencia en los centros y 'previsiblemente' se endurecer¨¢n. Actualmente oscilan para las infracciones leves entre una amonestaci¨®n por escrito y la suspensi¨®n del derecho a asistir a clase tres d¨ªas como m¨¢ximo. Las sanciones para las infracciones muy graves -para cuya tramitaci¨®n es necesario abrir un expediente al alumno- oscilan entre la realizaci¨®n de tareas que contribuyan a la mejora del centro y la expulsi¨®n definitiva del mismo.

Segundo, se har¨¢ m¨¢s hincapi¨¦ en las medidas reeducadoras, 'porque los chavales no dejan de tener una mala conducta en los centros ¨²nicamente porque se les sancione m¨¢s'. El decreto de 1995 contempla que los escolares deber¨¢n realizar tareas que mejoren el clima de convivencia, pero no especifica cu¨¢les. Tambi¨¦n contempla que deben reparar el da?o causado, mediante la reposici¨®n del material destrozado o medidas similares.

Y tercero, intentar¨¢ agilizar la tramitaci¨®n de los expedientes para las infracciones muy graves, fijando un plazo m¨¢ximo de un mes desde que el alumno comete la falta hasta que es sancionado. Y es que la actual normativa alarga mucho el proceso del expediente. El director debe decidir, en un plazo de diez d¨ªas de la falta, si incoa expediente. Y tiene que nombrar a un instructor, que puede ser recusado por los padres o el representante legal de los alumnos. Despu¨¦s se debe dar audiencia al alumno junto a su familia, si es menor de edad, y comunicarles las medidas sancionadoras que propone al consejo escolar. Para el proceso de instrucci¨®n del expediente hay un plazo de siete d¨ªas. Finalmente es una comisi¨®n de convivencia (formada por padres, profesores y alumnos elegidos por el consejo escolar de cada centro) la que toma la resoluci¨®n de sanci¨®n. El plazo que tiene para decidirse es de un mes. Pero los padres pueden recurrir y el recurso paraliza la sanci¨®n.

'El proceso administrativo es tan garantista, tan garantista, y se alarga tanto, que al final los institutos huimos como de la peste de abrir expediente', aseguran fuentes de la junta de portavoces de directores de institutos. Aunque estas mismas fuentes est¨¢n convencidas de que 'los problemas de convivencia no se pueden atajar ¨²nicamente con una nueva normativa'. 'El gran problema que tenemos es la diversidad de alumnos que recibimos, y esto s¨®lo se soluciona con medios'.