La Junta limita a seis meses el internamiento de menores tutelados

El internamiento institucional de menores retirados de su entorno familiar por sufrir desamparo no superar¨¢ los seis meses, salvo situaciones de excepcionalidad. ?sta es una de las novedades que aporta el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que regula el r¨¦gimen de desamparo, tutela y guarda administrativa de menores en Andaluc¨ªa. Entre los derechos que regula la normativa tambi¨¦n figura el de informar y escuchar al menor afectado, as¨ª como el de anunciar con 15 d¨ªas de antelaci¨®n a la familia biol¨®gica que se va a proceder a la retirada de su hijo por desamparo.

El decreto que regula el r¨¦gimen de desamparo, tutela y guarda administrativa de menores, que desarrolla la Ley de los Derechos y la Atenci¨®n al Menor de Andaluc¨ªa, consolidar¨¢ la l¨ªnea iniciada en los ¨²ltimos a?os de evitar la institucionalizaci¨®n de los menores, cuya tutela asume la Junta de Andaluc¨ªa cuando detectan que sufren abandono o maltrato. Para ahondar en esta v¨ªa, la normativa, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, fija en seis meses la estancia m¨¢xima de permanencia de un menor en un centro, aunque podr¨ªa ampliarse en casos determinados. Cada menor, adem¨¢s, contar¨¢ con un plan personalizado dirigido a su integraci¨®n social y familiar donde se concretar¨¢n los plazos de cada etapa y las medidas alternativas, que estar¨¢ dirigido por un tutor personal.

El consejero de Asuntos Sociales, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, precis¨® que para los menores que pase a tutelar la Junta tras la entrada en vigor del decreto no deber¨ªan sobrepasar esos seis meses de permanencia en instituciones. El decreto incorpora varias novedades al actual sistema de protecci¨®n al regular aspectos relativos a los derechos de los menores, pero tambi¨¦n de su familia biol¨®gica, aunque con la premisa clara de que los 'derechos del menor prevalecen sobre los de la familia', indic¨® P¨¦rez Salda?a.

La norma auton¨®mica reconoce la opini¨®n del menor en las decisiones administrativas que le afecten y el derecho a recibir informaci¨®n sobre la situaci¨®n que ha desembocado en su desamparo. Adem¨¢s, se recoge de forma expl¨ªcita el derecho a relacionarse con su familia de forma directa, oral o escrita.

Sobre el papel de la Administraci¨®n auton¨®mica en estos casos tambi¨¦n se incluyen algunas modificaciones. Las declaraciones de desamparo dejar¨¢n de depender en exclusiva del delegado provincial de Asuntos Sociales como ocurr¨ªa hasta ahora. En su lugar lo har¨¢n las comisiones provinciales de medidas de protecci¨®n, unos ¨®rganos de nueva creaci¨®n donde estar¨¢n representados t¨¦cnicos de las ¨¢reas social, educativa y sanitaria con el ¨¢nimo de garantizar la m¨¢xima objetividad en las resoluciones protectoras. Las comisiones tambi¨¦n decretar¨¢n el r¨¦gimen de relaciones del menor con sus familiares.

La familia, por su parte, tendr¨¢ derecho a recibir informaci¨®n previa a la retirada de la tutela de su hijo con 15 d¨ªas de antelaci¨®n para que puedan recurrir la decisi¨®n administrativa. P¨¦rez Salda?a explic¨® que el decreto contempla excepcionalidades para realizar la retirada urgente en situaciones de riesgo para el menor. La familia biol¨®gica tendr¨¢ derecho, adem¨¢s, a recibir asistencia jur¨ªdica gratuita.

La Junta tiene asumida la tutela de 5.035 menores y la guarda, a petici¨®n de sus padres o tutores, de 1.555. La mayor¨ªa (4.430) se encuentran en acogimiento familiar, mientras que 2.160 est¨¢n en centros.