Guerra de poder por l'Alian?a

Las luchas en la mutua l'Alian?a ya no son s¨®lo intestinas. El director general de la entidad, Ramon Carranza, y la presidenta, Susanna Mart¨ªn, ya no tienen enfrente a colectivos de m¨¦dicos o a otros miembros de la c¨²pula directiva. Tienen enfrente al Gobierno catal¨¢n.

Tras casi una d¨¦cada de mimar a l'Alian?a en sus crisis encadenadas para salvar una entidad centenaria, emblem¨¢tica en Catalu?a, con m¨¢s de 200.000 socios y que gestiona 132,22 millones de euros (22.000 millones de pesetas), el Departamento de Sanidad ha tirado del de Econom¨ªa para abrir una inspecci¨®n que se respira definitiva.

La entidad acusa a la Generalitat de 'crear un escenario que justifique tomar el control'

El Gobierno catal¨¢n revisar¨¢ los sueldos y dietas de los directivos

La mutua presupuesta unos ingresos p¨²blicos que, seg¨²n Sanidad, no le corresponden

Seg¨²n la mutua, el roce cotidiano con el Servicio Catal¨¢n de la Salud (SCS), necesario porque el 33% de su negocio procede del concierto con el SCS, se ha mantenido 'muy fluido'; las relaciones con la c¨²pula de Sanidad, no.

La herida no es s¨®lo fruto de la inspecci¨®n en marcha de los departamentos de Econom¨ªa y Sanidad por supuestas anomal¨ªas en la facturaci¨®n (de al menos por valor de 7,2 millones de euros durante seis meses de 2001), que l'Alian?a rechaza de plano. Carranza sabe que el Gobierno catal¨¢n ya pidi¨® su cabeza en 1999, tres a?os despu¨¦s de que hubiera accedido a la direcci¨®n sin que en aquel momento fuera mal visto por Xavier Trias, reemplazado posteriormente por Eduard Rius.

Hace tres a?os, Rius en Sanidad e Ignasi Farreres en Trabajo (departamento del que antes depend¨ªan las mutuas, ya que ahora son competencia de Econom¨ªa), plantearon, sin ¨¦xito, el relevo inmediato a Carranza. Se lo pidieron a Miquel Esquirol, entonces presidente del OCAP, ¨®rgano que hac¨ªa las veces de consejo de administraci¨®n, alegando 'p¨¦rdida de confianza personal' en el director general. Fue justo antes de que acabara la intervenci¨®n de la mutua entre 1997 y enero de 1999.

Si ya recelaba de Carranza, la Generalitat encontrar¨ªa nuevos motivos para ello en los meses siguientes. Sali¨® escaldado ?ngel D¨ªez, ganador de las elecciones al consejo de la mutua del 28 de febrero de 1999. Sali¨® escaldado tambi¨¦n quien entonces fue nombrado presidente, Josep Geli, apartado enseguida del cargo por no querer destituir al asesor Jos¨¦ F¨¦lix Alonso-Cuevillas. ?ste acusaba a Carranza de una gesti¨®n irregular. El recambio de Geli fue Susanna Mart¨ªn, quien, seg¨²n fuentes de la entidad, 'funciona en t¨¢ndem perfecto' con Carranza.

Hoy, Mart¨ªn preside un Consejo con una nutrida presencia de miembros en n¨®mina de la propia mutua o de alguna de sus sociedades participadas. ?stas son tres: CARSA, creada en 1999 para separar el negocio de prestaci¨®n asistencial de l'Alian?a (100%), SIASA (50%) y GECESA (100%). Entre los consejeros, de un total de 10, que a la vez trabajan en alguna de estas sociedades figuran Carranza, Mart¨ªn, Miquel D¨ªaz (gerencia sociosanitaria), Cristina Fabregat (gesti¨®n de clientes) y Frank ?vila (mercadotecnia).

La confluencia de empleados y consejeros ya fue cuestionada hace poco m¨¢s de un a?o por el ex presidente Geli. Artur Mas, a¨²n consejero de Econom¨ªa, no vio incompatibilidades. Jur¨ªdicamente, la raz¨®n le asist¨ªa. La ley catalana de mutualidades, que no la ley de bases, no impone l¨ªmites. El actual consejero, Francesc Homs, s¨ª quiere ponerlos en la ley que piensa presentar al Parlament antes del verano. 'Si para evitar que haya una cierta composici¨®n de personas en el consejo de una empresa privada hay que cambiar una ley, pues lo cumpliremos, pero es sorprendente', dice Mart¨ªn.

Las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno catal¨¢n se har¨¢n extensivas a los salarios de los directivos de la entidad, que considera fuera de tono. La auditor¨ªa que la firma Ernst & Young realiz¨® en 2000 subraya que 'la memoria no recoge informaci¨®n referente a las retribuciones'. ?stas se refieren a las del equipo directivo, ya que los consejeros, en teor¨ªa, s¨®lo cobran dietas. Seg¨²n la direcci¨®n, la asistencia a cada consejo se paga con 150 euros. La rumorolog¨ªa sobre dietas y retribuciones de directivos son escandalosas, pero por ahora las cifras no han salido a la luz o no se han probado. La direcci¨®n asegura que no pondr¨¢ pegas a desvelarlas.

Para Mart¨ªn y para el presidente de CARSA, Xavier Caufap¨¦, es 'infantil en el mejor de los casos y mala fe, en el peor' que todo lo que ocurre en una entidad compleja como l'Alian?a pueda identificarse con una sola persona, Carranza. Ambos dicen que Sanidad tambi¨¦n tiene 'mucho que ver'.

Ese 'mucho que ver' hace referencia a las cuentas de la entidad. Y en ellas son clave los acuerdos que, en 1998, pactaron l'Alian?a y Sanidad para amarrar la viabilidad futura de una entidad que en 1996 estaba en aut¨¦ntica ca¨ªda libre. A ra¨ªz del llamado Plan de Potenciaci¨®n de Reservas Patrimoniales, que obtuvo la luz verde de la Administraci¨®n el 31 de diciembre de 1998, el Servicio Catal¨¢n de la Salud har¨ªa llegar un flujo al conjunto de hospitales de l'Alian?a de 42,07 millones de euros anuales entre 1998 y 2002. Un concierto de grupo es at¨ªpico. Adem¨¢s, la sociedad CARSA, de que dependen los cinco hospitales de l'Alian?a, no facilita las cuentas separadas de cada uno de ellos.

La separaci¨®n de la actividad asistencial es una operaci¨®n a la que nada tiene que objetar, sobre el papel, Sanidad. Pero las suspicacias est¨¢n servidas cuando se combina con una gesti¨®n de Carranza considerada oscurantista y con el desacuerdo entre l'Alian?a y el SCS sobre el bombeo financiero pactado hacia la mutua.

L'Alian?a acusa a la Generalitat de 'no estar cumpliendo con sus compromisos' asumidos en 1998 (precisamente cuando la mutua estaba bajo intervenci¨®n) y de deberle, desde ese a?o, 14,3 millones de euros. Por contra, el Gobierno catal¨¢n, que quiere reducir el concierto, advierte que la actividad de los hospitales no alcanza el valor de los 42 millones anuales pactados y le ha dado al menos tres millones de euros menos al a?o.

Visto que l'Alian?a le presenta cuentas globales que no demuestran que un hospital concreto como el Sagrat Cor pierda dinero, Sanidad reclama que la mutua le devuelva 9,62 millones de euros por las liquidaciones de 1997 y 1998 y, adem¨¢s, ha dejado claro que no le abonar¨¢ los 1,62 millones de euros que le quedan pendiente de abonar por esos dos a?os. A ello se suma el informe de Sanidad, reclamado por l'Alian?a sin ¨¦xito, que probar¨ªa que la entidad factura a la Seguridad Social la asistencia a pacientes atendidos como mutualistas y que ya han pagado sus p¨®lizas. El informe ha originado la inspecci¨®n actual y una primera intervenci¨®n suave que consiste en tutelar cualquier movimiento de activos.

A juicio de Mart¨ªn, Sanidad est¨¢ 'intentando crear problemas a la entidad, como si se buscara un escenario en el que parezca justificado que la Generalitat tome el control, justo cuando la entidad va bien. La ¨²nica manera de que CARSA quiebre es que el SCS deje de cumplir definitivamente con sus compromisos'.

Pero Sanidad no ve las cosas igual. Carranza gestiona contando con unos ingresos con que no puede contar, sea por facturaci¨®n supuestamente irregular o porque presupuesta creyendo que el SCS le debe seguir dando un dinero que el organismo dice que no le corresponde. L'Alian?a ingres¨® de 1,2 millones de euros y, seg¨²n el registro mercantil, CARSA perdi¨® 870.000 euros. Su viabilidad te¨®rica la respaldan sus 15 millones de euros de fondos propios. Pero las reclamaciones del concierto y sobre doble facturaci¨®n la ponen en serios apuros.