Los constructores exigen a Cultura celeridad para desbloquear sus obras en zonas arqueol¨®gicas de Ja¨¦n

El binomio entre conservaci¨®n arqueol¨®gica y desarrollo urban¨ªstico mantiene enfrentados desde hace tiempo a la Consejer¨ªa de Cultura y a los constructores y promotores de Ja¨¦n, que han amenazado incluso en reiteradas ocasiones con no asumir el coste de las excavaciones arqueol¨®gicas preceptivas cuando edifican en solares con alg¨²n tipo de protecci¨®n. Los empresarios exigen a Cultura que reduzca los plazos para resolver los expedientes de liberalizaci¨®n de suelo, que actualmente oscilan entre los tres y cuatro meses.

Para intentar limar asperezas y suavizar las relaciones, la delegada de Cultura en Ja¨¦n, Andrea G¨®mez, se ha comprometido ante la Mesa Provincial de la Construcci¨®n a agilizar los expedientes de obras en el yacimiento de Marroqu¨ªes Bajos, el de mayor extensi¨®n de los 23 catalogados en la capital y donde se localizan la mayor parte de las promociones inmobiliarias.

Desde que el yacimiento de Marroqu¨ªes Bajos fue declarado zona de protecci¨®n arqueol¨®gica en 1997, la Delegaci¨®n de Cultura ha tramitado 300 expedientes de obras y excavaciones arqueol¨®gicas en el subsuelo de este lugar hist¨®rico, que a juicio de historiadores y arque¨®logos conserva vestigios de todas las civilizaciones asentadas en Ja¨¦n desde su fundaci¨®n. Cuando las excavaciones han dado como resultado el hallazgo de restos arqueol¨®gicos susceptibles de conservaci¨®n Cultura ha indemnizado a los constructores por las medidas de conservaci¨®n, que suelen alargarse en el tiempo.

Sin embargo, los constructores se han venido quejando ante la Comisi¨®n Provincial de Patrimonio de la tardanza en desbloquear los permisos para edificar en la zona. A juicio de la delegada de Cultura, muchas veces el retraso se debe a que los constructores contratan a t¨¦cnicos que no saben c¨®mo realizar las actuaciones arqueol¨®gicas pertinentes. 'Aunque los intereses de los constructores y de la Consejer¨ªa son a veces contrapuestos, es necesario trabajar de manera coordinada', manifest¨® la delegada tras reunirse en d¨ªas pasados con los miembros de la Mesa, integrada por representantes de la Federaci¨®n de la Construcci¨®n y de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores.

Pero la inquietud de los constructores va m¨¢s all¨¢. Entienden que los trabajos arqueol¨®gicos a los que les obliga la ley supone un encarecimiento a?adido para el coste final de la vivienda, que ellos sit¨²an entre los 2.000 y los 6.000 euros, en funci¨®n del tiempo de la excavaci¨®n.