Anulada la videoconferencia en los juicios penales tres meses despu¨¦s de implantarse

El 4 de diciembre, el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, hablaba por videoconferencia con la prisi¨®n de Soto del Real. La semana pasada, Cardenal lo prohibi¨®.

En aquella ocasi¨®n Cardenal acompa?aba al ministro ?ngel Acebes en el acto oficial para presentar el Plan de Implantaci¨®n del Sistema de Videoconferencias para la Administraci¨®n de Justicia.

El plan, seg¨²n el ministro, iba a comportar 'enormes ventajas', como el ahorro del pago de dietas a peritos y testigos, y todo lo referente a los gastos de custodia y traslado de presos, as¨ª como un descenso en los costes que suponen las comparecencias como testigos de polic¨ªas destinados a lugares distintos a aquel en el que se celebra el procedimiento. S¨®lo en el traslado de presos se pierden al a?o 700.000 horas, y ocupa a unos 800 polic¨ªas.

El Plan de Modernizaci¨®n de la Justicia tiene un presupuesto de 36 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas), m¨¢s 3,6 millones para informatizar los registros. Seg¨²n el ministro, con la videoconferencia ya no se tendr¨ªan que desplazar las personas para testificar en juicios de otras comunidades aut¨®nomas.

La pasada semana, el fiscal del Estado envi¨® una instrucci¨®n a todas las fiscal¨ªas de Espa?a en la que recuerda que en el actual sistema legislativo 'no cabe la celebraci¨®n de juicios orales en materia penal a trav¨¦s de videoconferencia'.

Cardenal ordena que el fiscal citado para 'la celebraci¨®n de uno de esos juicios orales 'virtuales' deber¨¢ oponerse motivadamente a su celebraci¨®n... por carecer hoy por hoy de las garant¨ªas necesarias para el debido respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constituci¨®n'. Cardenal except¨²a el testimonio de peritos de otros pa¨ªses de la UE o el env¨ªo de material 'telem¨¢tico'.

El escrito de Cardenal llega tres meses despu¨¦s de que ¨¦l mismo participara en la presentaci¨®n de la conferencia y despu¨¦s tambi¨¦n de muchos juicios celebrados ya en Espa?a con el uso de la videoconferencia para diferentes procedimientos penales.

Cardenal arguye que la celebraci¨®n de juicios orales por medios virtuales 'no se encuentra prevista en ning¨²n pa¨ªs de la Uni¨®n Europea'. Sin embargo, en Inglaterra, Italia y B¨¦lgica s¨ª se emplea la videoconferencia en determinados supuestos.

Un total de 20 presos repartidos por c¨¢rceles de toda Espa?a aguardan a ser juzgados en Alicante, acusados de haberse amotinado en la prisi¨®n de Fontcalent (Alicante) en 1991. El caso espera sobre la mesa del despacho de Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, que pretend¨ªa reunir en el juicio mediante videoconferencias a 20 de los 22 acusados que se encuentran diseminados en distintos penales por otros delitos.

Una circular de obligatorio cumplimiento del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, a todas las fiscal¨ªas, ha dejado en suspenso el proceso contra los presuntos amotinados y ha puesto en evidencia la disparidad de opiniones sobre el uso de videoconferencias en juicios penales en Espa?a.

La instrucci¨®n de Cardenal 'nos ha dejado en el aire. No sabemos qu¨¦ vamos a hacer', explica el presidente de la Audiencia de Alicante, que ha elevado una consulta al Consejo General del Poder Judicial para que determine si es posible la celebraci¨®n del juicio con el uso de videoconferencias.

Un a?o de videojuicios

M¨¢s al sur, en la Audiencia Provincial de Sevilla, esta tecnolog¨ªa 'se lleva utilizando desde hace m¨¢s de un a?o', explica su presidente, Miguel Carmona, en juicios penales. 'Se han recibido testigos que estaban en Palma de Mallorca, en Lanzarote, en un juicio con jurado cuyo testigo de cargo compareci¨® desde B¨¦lgica...'.

Carmona, portavoz de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, considera que el uso de la videoconferencia en juicios penales 'no se prev¨¦, pero tampoco se proh¨ªbe en la legislaci¨®n actual. Hay un vac¨ªo legal, pero cualquier vac¨ªo legal no se puede interpretar como una prohibici¨®n', precisa el magistrado.

En la misma l¨ªnea se manifiesta el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique L¨®pez: 'Nos movemos en un ¨¢mbito en el que, al no existir normativa, nos encontramos en un vac¨ªo legal. No existe ninguna previsi¨®n legal al respecto' en la que se hable expresamente del uso de videoconferencias en los procesos, pero 'la ley tampoco lo proh¨ªbe', insiste en el mismo sentido.

La opini¨®n del fiscal general es m¨¢s restrictiva al afirmar: 'En el actual estado de nuestro sistema legislativo no cabe la celebraci¨®n de juicios orales en materia penal a trav¨¦s de videoconferencia'.

En uno de los juicios celebrados en la Audiencia Provincial de Sevilla usando la videoconferencia, cuenta su presidente, la testigo de cargo compareci¨® desde la ciudad belga de Namur: 'Tuvo que acudir a una de las oficinas de la telef¨®nica belga porque en el tribunal no ten¨ªan sistema de videoconferencia'. Un funcionario p¨²blico que la acompa?aba dio fe de su identidad.

En otra ocasi¨®n, un menor compareci¨® virtualmente para evitar el enfrentamiento con los acusados. Son dos de los tres casos excepcionales en los que el fiscal Cardenal considera que el uso de esta tecnolog¨ªa est¨¢ cubierto por la legislaci¨®n vigente: 'Para la audici¨®n de testigos o peritos entre pa¨ªses miembros de la UE'; para evitar confrontaciones visuales a menores, y en el env¨ªo de documentos telem¨¢ticos'.

Quedar¨ªa fuera, por ejemplo, uno de los juicios m¨¢s notables en los que se ha utilizado la videoconferencia en la Audiencia Provincial de Sevilla, recuerda Carmona. Se celebr¨® 'recientemente con una ni?a de cuatro a?os v¨ªctima de abusos sexuales' cuando su familia estaba de vacaciones en Sevilla. El proceso se realiz¨® all¨ª, con el acusado en la sala del tribunal, mientras la mayor parte de los testigos (familiares de la ni?a) y los peritos, comparec¨ªan desde Mallorca, su lugar de residencia.

Tambi¨¦n quedar¨ªa fuera del criterio de Cardenal la comparecencia desde Valladolid de un testigo con las piernas amputadas.

Diversos magistrados consideran que dentro del vac¨ªo legal sobre videoconferencia en juicios penales su uso est¨¢ arropado por la legislaci¨®n cuando se se?ala que los tribunales 'podr¨¢n utilizar cualesquiera medios t¨¦cnicos, electr¨®nicos, inform¨¢ticos y telem¨¢ticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio' con las limitaciones que otras leyes impongan.

Cardenal, por el contrario estima que 'una norma gen¨¦rica' como ¨¦sta 'no cumple las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para entender cumplida la condici¨®n de calidad de la ley' en los juicios penales. 'La instrucci¨®n de Cardenal est¨¢ bien motivada', se?ala Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn, de la Asociaci¨®n de Fiscales.

Vicente Magro, de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (que se encuentra 'a la espera de acontecimientos' para proceder en el citado juicio por el mot¨ªn de Fontcalent), considera que aunque el art¨ªculo es 'muy general', ofrece suficiente cobertura para el uso de la videoconferencia. 'Muchos opinamos que el uso est¨¢ amparado por el art¨ªculo 230.1.LOPJ', asegura el magistrado, que respeta la decisi¨®n del fiscal general del Estado.

Los cuatro principios b¨¢sicos que deben cumplirse en todo juicio (oralidad, inmediaci¨®n, contradicci¨®n y publicidad) se respetan si un acusado o un testigo comparece ante el tribunal a trav¨¦s de videoconferencia, opina Magro Servet. Un secretario judicial en la c¨¢rcel se asegurar¨ªa de que se cumplen estos requisitos para la celebraci¨®n del proceso.

Cardenal deja la puerta entreabierta al uso de esta tecnolog¨ªa en juicios penales al se?alar que 'no quiere ello decir que en el futuro vaya a resultar de todo punto imposible la celebraci¨®n de juicios orales por medios cibern¨¦ticos'.