La sombra de Gescartera

El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley de reformas del sistema financiero que puede calificarse de ambicioso. El meollo del proyecto son los cambios normativos encaminados a reforzar la capacidad de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para combatir algunas lacras muy graves en el funcionamiento de las bolsas, como son la informaci¨®n privilegiada o las deficiencias en la informaci¨®n contable que las empresas suministran a los accionistas e inversores. Tras estas propuestas de reforma, que incluyen un endurecimiento de las sanciones a los llamados chiringuitos financieros cuando incumplan las leyes y la elaboraci¨®n de un reglamento interno de la Comisi¨®n, se adivina el impacto del caso Gescartera sobre la credibilidad de la CNMV y del Ministerio de Econom¨ªa y la sombra de la variada tipolog¨ªa de fraudes contables detectados en la compa?¨ªa estadounidense Enron.

Hasta donde se conocen las propuestas, en alg¨²n caso con muy pocos detalles, el tratamiento contra la informaci¨®n privilegiada es correcto, aunque insuficiente. No puede discutirse la conveniencia de que el delito est¨¦ mejor definido, ni de que exista un registro de las personas que disponen de la informaci¨®n relevante en cada operaci¨®n, ni de insistir en la regulaci¨®n de las llamadas murallas chinas (la obligaci¨®n de no trasladar informaci¨®n entre los departamentos de las empresas que realizan las operaciones financieras). Son iniciativas elogiables que intentan acotar con mayor precisi¨®n cu¨¢ndo se produce un caso de informaci¨®n privilegiada, intentando establecer la relaci¨®n entre el hecho de poseer informaci¨®n reservada y el hecho de operar en el mercado como causa suficiente de presunci¨®n delictiva. Pero no est¨¢ claro que los tribunales, que exigen una intencionalidad clara de delinquir y la relaci¨®n causal inequ¨ªvoca entre la informaci¨®n y el beneficio conseguido, vayan a aceptar sin m¨¢s los nuevos criterios. Los inversores, en particular los peque?os, no tienen razones de momento para cambiar su percepci¨®n actual de que la CNMV no dispone de los recursos necesarios ni de los instrumentos legales exigibles para enfrentarse a operaciones sospechosas.

El proyecto establece, asimismo, que la CNMV puede exigir los papeles de trabajo de los auditores cuando existan problemas p¨²blicos en la interpretaci¨®n de las cuentas. ?ste es un punto conflictivo, que deber¨¢ ser precisado mediante un adecuado desarrollo reglamentario. Como los auditores consideran que sus notas de trabajo son confidenciales, deben quedar perfectamente tasadas las circunstancias en las que esa informaci¨®n debe pasar a manos de la CNMV.

El texto tiene un inconveniente grave: la dispersi¨®n. Pretende intervenir en muchos asuntos heterog¨¦neos, desde la reordenaci¨®n de las entidades liquidadoras de seguros hasta la regulaci¨®n de los seguros de tr¨¢fico o el comercio electr¨®nico de productos financieros. Un aut¨¦ntico caj¨®n de sastre. En tan vasto despliegue de intereses es f¨¢cil que se olvide que el sistema financiero espa?ol tiene cuentas pendientes que saldar; y de ellas, la m¨¢s importante es evitar que se repitan episodios como el de Gescartera. Hubiera sido m¨¢s eficaz concentrar la atenci¨®n del legislador en definir qu¨¦ facultades adicionales pueden convenir a la CNMV para combatir con m¨¢s eficacia los delitos contra la transparencia de los mercados y conferir al regulador mayor autonom¨ªa frente al Gobierno. El fraude de Gescartera y la escandalosa actuaci¨®n del anterior equipo de la CNMV es menos imputable a deficiencias legales o lagunas reglamentarias que a nombramientos pol¨ªticos equivocados y a la mezcla de intereses p¨²blicos y privados, tan propia del Gobierno del PP.

En su estado actual, al menos en lo que se refiere a la regulaci¨®n de los mercados, el proyecto legislativo del Gobierno no consigue transmitir un mensaje claro y rotundo de que se apuesta por la transparencia de las operaciones financieras. Pero hay que confiar en que las enmiendas mejoren el texto.