La juez de Gescartera

Los jueces de la Audiencia Nacional -quiz¨¢s el ¨®rgano jurisdiccional que concentra m¨¢s poder en Espa?a, dadas sus competencias sobre terrorismo, narcotr¨¢fico y delincuencia econ¨®mico-financiera- corren un riesgo que no tienen otros: protagonizar en alg¨²n momento el caso que llevan, pasando ¨¦ste a ser el caso del juez. La juez de Gescartera, Teresa Palacios, ha sucumbido a ese riesgo, resulten o no exactas las declaraciones que se le atribuyen sobre el caso que instruye. Esa circunstancia no ha impedido que la opini¨®n p¨²blica haya desviado por un momento su mirada del caso para centrarla en la juez. Otra cosa es que para proceder disciplinariamente el Consejo del Poder Judicial tenga que verificar antes la exactitud de lo declarado.

Si en cualquier asunto que tenga entre manos el juez est¨¢ obligado, incluso por ley, a la reserva m¨¢s estricta, con mayor motivo en uno como Gescartera, sospechoso de implicaciones pol¨ªticas y convertido en campo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposici¨®n. Las declaraciones atribuidas a la juez Palacios podr¨ªan haber incurrido en dos faltas graves: revelar datos conocidos en el ejercicio de su funci¨®n y dirigir a los poderes p¨²blicos felicitaciones o censuras. Tan grave o m¨¢s que ese posible desvelamiento son las valoraciones personales sobre el caso que se atribuyen a la juez, de evidente car¨¢cter pol¨ªtico, y que en su conjunto echan un capote al Gobierno y al Partido Popular, no s¨®lo restando importancia a Gescartera en relaci¨®n con Filesa, sino valorando su disposici¨®n a crear una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento.

Que un juez alabe la actuaci¨®n del Gobierno deja maltrecha su imagen de independencia. Pero la cosa se agrava si lo hace tomando como punto de referencia negativa actuaciones de anteriores Gobiernos de signo pol¨ªtico distinto. El PP ha visto de inmediato en las opiniones atribuidas a la juez Palacios un aval a su tesis sobre el caso Gescartera -una mera estafa de chiringuito financiero sin implicaciones pol¨ªticas-, mientras que PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto las han valorado como una r¨¦mora para la investigaci¨®n imparcial y completa del caso. Los jueces no est¨¢n privados del derecho a la libertad de expresi¨®n, pero de los asuntos bajo su jurisdicci¨®n s¨®lo pueden opinar -y no lo que se les antoje, sino lo que proceda seg¨²n la ley- a trav¨¦s de sus autos y sentencias. No tener en cuenta esa elemental norma profesional podr¨ªa llevarle a la juez Palacios a su recusaci¨®n -su imparcialidad habr¨ªa quedado gravemente empa?ada-, as¨ª como a una seria reprimenda del Consejo del Poder Judicial.