Disolver y aislar

Los partidos nacionalistas vascos han rechazado la propuesta de introducir reformas legales que permitan la disoluci¨®n gubernativa de las corporaciones locales que realicen actos de justificaci¨®n o apolog¨ªa del terrorismo. Se trata de la medida m¨¢s llamativa del paquete aprobado el mi¨¦rcoles por socialistas y populares en la reuni¨®n de la comisi¨®n t¨¦cnica del Pacto Antiterrorista.

La ley de r¨¦gimen local contempla la posibilidad de disolver un Ayuntamiento en caso de 'gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales'. Ahora se pretende incluir entre los supuestos de disoluci¨®n actuaciones que puedan considerarse de apoyo, cobertura o exaltaci¨®n del terrorismo o menosprecio de sus v¨ªctimas. De las explicaciones dadas por los proponentes se deduce que piensan, entre otros, en actos como la declaraci¨®n de un terrorista como 'hijo predilecto', la instalaci¨®n de capillas ardientes de etarras muertos en acci¨®n, etc¨¦tera.

Tales actos son sin duda condenables y perseguibles con todas las de la ley. La impunidad de hecho que los ha rodeado ha sido un factor decisivo en la creaci¨®n de la atm¨®sfera de intimidaci¨®n que ahora se trata de atajar. Sin embargo, es dudoso que la forma de hacerlo sea la disoluci¨®n de la Corporaci¨®n. Con independencia de que sea constitucional, se trata de una decisi¨®n muy grave, que afecta directamente al derecho de representaci¨®n de los vecinos, est¨¦n o no de acuerdo con la iniciativa de su alcalde o mayor¨ªa municipal, y que plantear¨ªa problemas pr¨¢cticos de dif¨ªcil soluci¨®n: un Ayuntamiento no s¨®lo es una instituci¨®n pol¨ªtica, tambi¨¦n lo es de gesti¨®n de servicios esenciales.

La posibilidad de disoluci¨®n, tal como ahora est¨¢ planteada, parece pensada para situaciones de otro tipo: de negativa continuada a cumplir obligaciones esenciales, a imagen del precepto constitucional (art¨ªculo 155) que permite al Gobierno intervenir sobre una comunidad aut¨®noma que incumpla 'las obligaciones constitucionales' o 'actuar de forma que atente gravemente al inter¨¦s de Espa?a'. Por odioso que resulte, el homenaje a un etarra no es equiparable a esas situaciones, y requiere actuaciones legales de otro orden. Conviene, por tanto, que antes de seguir por ese camino se midan bien los pasos. Porque la relaci¨®n entre la medida y el objetivo de garantizar la seguridad de los ediles amenazados no es evidente, y en cambio puede estar plante¨¢ndose un problema artificial utilizable por el nacionalismo gobernante como pretexto para negarse a hacer lo que s¨ª est¨¢ obligado a hacer: por ejemplo, unirse a los dem¨¢s partidos democr¨¢ticos para aislar al brazo pol¨ªtico del tinglado de intimidaci¨®n que gira en torno a ETA.