Las diputaciones desaf¨ªan a Interior al regular por decreto sus propios centros de tr¨¢fico
?lava dotar¨¢ de cobertura legal y contenido a su sede de control de carreteras
El enfrentamiento entre las tres diputaciones y el Departamento de Interior en materia de tr¨¢fico se agranda semana a semana. Las administraciones forales han sido las ¨²ltimas en mover ficha. ?lava prepara ahora un decreto, que secundar¨¢n Vizcaya y Guip¨²zcoa, para dar cobertura legal y contenido a sus propios centros de control y gesti¨®n de las carreteras. Este paso supone un desaf¨ªo al decreto aprobado por el Gobierno el a?o pasado para crear una sede ¨²nica para todo el Pa¨ªs Vasco, y que las diputaciones recurrieron por entender que vulnera sus competencias.
?Hasta d¨®nde llegan las competencias de las diputaciones en materia de carreteras y hasta d¨®nde las del Gobierno vasco en tr¨¢fico? Esta duda, que ha llevado a ambas partes a un conflicto que perdura desde hace casi un a?o, la pudo resolver la Comisi¨®n Arbitral, el organismo que media en los litigios entre las instituciones vascas. Sin embargo, cuando se pidi¨® su opini¨®n, emiti¨® una resoluci¨®n en diciembre pasado en la que se inhib¨ªa. Adujo defectos de forma en las alegaciones presentadas por las tres diputaciones para no entrar en el fondo del contencioso.
El Gobierno vasco salv¨® su decreto, pero la pol¨¦mica sigue patente. De hecho, ha llegado incluso a los tribunales. Aquel decreto, aprobado el 22 de mayo del a?o pasado, avalaba a la consejer¨ªa de Interior para construir un centro de control y gesti¨®n del tr¨¢fico, ¨²nico para todo el Pa¨ªs Vasco. Con ¨¦l, se pretend¨ªa controlar mediante c¨¢maras las principales v¨ªas de Euskadi, adem¨¢s de regular la circulaci¨®n de modo que se podr¨ªan evitar posibles congestiones provocadas por incidentes en las carreteras y mejorar¨ªa la eficacia de la polic¨ªa dedicada al tr¨¢fico.
Las diputaciones, sin embargo, insisten en que el texto aprobado por el Gobierno invade sus competencias en carreteras. Por eso, cuando Interior ha pedido a las administraciones forales el obligado permiso para colocar en la red viaria una serie de paneles informativos y sensores que permitir¨ªan conocer el estado del tr¨¢fico e informar a los conductores en tiempo real, las diputaciones se han negado. El Gobierno ha reaccionado denunciando a ?lava, Vizcaya y Guip¨²zcoa ante el contencioso-administrativo.
Forzar a la Comisi¨®n
Pero ah¨ª no cesan las hostilidades entre ambas partes. Las diputaciones insisten en su intenci¨®n de forzar a la Comisi¨®n Arbitral a que tome una postura clara en el fondo del conflicto y est¨¢n utilizando todos los medios a su alcance. Primero, solicitaron la nulidad de la reuni¨®n en que la comisi¨®n deneg¨® los recursos forales argumentando defectos de forma.
Tanto Guip¨²zcoa como ?lava han enviado un escrito al propio organismo mediador asegurando que una de las personas que componen el pleno de la Comisi¨®n Arbitral no acudi¨® a aquella reuni¨®n, celebrada el 11 de diciembre pasado, porque no fue citada. Se trata de la juez Koro Cill¨¢n, elegida por la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa. Aseguran que esa irregularidad en el procedimiento obliga a repetir aquel pleno. El organismo encargado de responder a la solicitud es la propia Comisi¨®n Arbitral.
Pero ante la posibilidad de que no se atiendan sus razones, la Diputaci¨®n de ?lava, gobernada por el Partido Popular, ha preparado un borrador de decreto que supone una r¨¦plica directa al emitido por el Gobierno vasco el a?o pasado. En las otras provincias est¨¢n de acuerdo y han decidido hacer causa com¨²n. En Vizcaya, donde el diputado de Obras P¨²blicas y Transportes pertenece al PNV, y en Guip¨²zcoa, cuyo responsable del ¨¢rea es de Eusko Alkartasuna, est¨¢n estudiando una medida id¨¦ntica. El texto responde art¨ªculo por art¨ªculo a Interior. As¨ª, donde se otorgaban las competencias al Gobierno vasco para dirigir el centro de control de tr¨¢fico, en los decretos forales se delega esa responsabilidad en cada diputaci¨®n. Tambi¨¦n da cobertura para instalar paneles informativos, postes de auxilio 'y cualquier otro elemento funcional situado en la zona de dominio p¨²blico de las carreteras'.
El decreto foral habilita a las diputaciones para crear el denominado Centro de Control de Carreteras en cada provincia. En Vizcaya y ?lava ya existen, aunque todav¨ªa carecen del contenido suficiente para que resultaran eficaces.
El decreto supone un claro desaf¨ªo a Interior. Tal y como se ha encauzado el conflicto durante este ¨²ltimo a?o, no ser¨ªa sorprendente que el Gobierno vasco interpusiera alg¨²n recurso contra esa norma foral y que incluso se llegara a la paradoja de que el asunto debiera dirimirse de nuevo en la Comisi¨®n Arbitral, s¨®lo que esta vez el recurrente ser¨ªa el Departamento de Interior y el recurrido, las diputaciones.
Mirando con lupa a los ¨¢rbitros
Ante un litigio como el que enfrenta a Interior y las diputaciones, los mediadores siempre est¨¢n en el punto de mira. La Comisi¨®n Arbitral todav¨ªa tiene en sus manos tomar una posici¨®n en favor de una u otra parte. El pleno de la Comisi¨®n Arbitral lo componen siete magistrados de reconocida experiencia, con el presidente del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco, Manuel Mar¨ªa Zorrilla, a la cabeza. Tres juristas fueron elegidos por el Gobierno vasco. Son Mario Fern¨¢ndez, vicelehendakari en la ¨¦poca de Carlos Garaikoetxea, y los profesores I?aki Lasagabaster y Edorta Cobreros. Cada una de las diputaciones eligen a los otros tres miembros del pleno: Koro Cill¨¢n (por Guip¨²zcoa), Jos¨¦ Gabriel Mariscal (por Vizcaya) y Juan Ram¨®n Guevara (por ?lava). En el pleno del 11 de diciembre, el que deb¨ªa resolver los recursos forales contra el decreto del Gobierno, s¨®lo votaron cinco. Koro Cill¨¢n no fue convocada, seg¨²n las diputaciones. Lasagabaster estuvo obligado a abstenerse porque particip¨® en la redacci¨®n del pol¨¦mico decreto. De los otros cinco, Cobreros emiti¨® un voto particular discrepante porque no compart¨ªa la opini¨®n mayoritaria sobre los defectos de forma que presentaban los recursos. Seg¨²n este doctor en Derecho, la inadmisi¨®n de las alegaciones fue 'desproporcionada'. La Comisi¨®n Arbitral apenas ha tenido trabajo en casi ocho a?os. Se han dado pocos conflictos de competencias entre instituciones. Sin embargo, s¨ª hubo discrepancias al elegir a sus miembros, a pesar de que ¨¦stos forman un ¨®rgano objetivo e independiente y no representan a los intereses de las administraciones que los proponen. En la Diputaci¨®n alavesa, por ejemplo, hubo una larga discusi¨®n entre el PNV, que quer¨ªa a Juan Ram¨®n Guevara, y su entonces socio de gobierno, el PSE, que propuso a Pascual Jover, ahora presidente de la Caja Vital.
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