La prueba de la verdad

La multiplicidad de fuentes de iniciativa pol¨ªtica es una de las ventajas de los sistemas pol¨ªticamente descentralizados frente a los centralizados. Tambi¨¦n en los Estados pol¨ªticamente descentralizados el Gobierno central contin¨²a siendo, con mucha diferencia, el promotor del mayor n¨²mero y de las m¨¢s importantes iniciativas, pero no dispone ni pol¨ªtica ni jur¨ªdicamente de una posici¨®n de monopolio en este terreno, sino que tiene que compartir el espacio con los gobiernos de los entes subcentrales que integran el Estado o de los Estados que integran la Federaci¨®n. El enriquecimiento de la vida pol¨ªtica como consecuencia de esta multiplicidad de fuentes aut¨®nomas y concurrentes de iniciativas resulta indudable.

El debate social sobre los costes sanitarios que genera la industria del tabaco estaba ya lo suficientemente maduro como para ser trasladado a los tribunales de justicia

En Espa?a, dada nuestra corta experiencia de descentralizaci¨®n pol¨ªtica, la inercia del pasado ha sido y contin¨²a siendo muy intensa, siendo excesivamente dependientes los gobiernos aut¨®nomos del Gobierno de la naci¨®n.Cuando se analiza la vida pol¨ªtica en Espa?a, se tiene la impresi¨®n de que, a pesar de que la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa han configurado un sistema pol¨ªtico sumamente descentralizado, los gobiernos de las comunidades aut¨®nomas act¨²an como si no se lo creyeran del todo y no se consideraran lo suficientemente legitimados como para anticiparse al Gobierno de la naci¨®n en la promoci¨®n de iniciativas pol¨ªticas.

Ser¨ªa bueno que dejara de ser as¨ª y que los gobiernos de las comunidades aut¨®nomas empezaran a hacer uso de la capacidad de iniciativa en aquellas materias en las que la Constituci¨®n y los Estatutos les atribuyen competencias. Es mucho el trayecto que queda por recorrer y es mucho lo que se puede ganar recorri¨¦ndolo. La vitalidad de nuestra vida pol¨ªtica ganar¨ªa mucho con ello.

?sta es una de las razones por las que considero que debe ser valorada muy positivamente la iniciativa del Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa de interponer una demanda contra las compa?¨ªas tabacaleras para compensar la asistencia de 135 enfermos del Sistema Andaluz de Salud. Aunque el problema de los costes que para la prestaci¨®n de la asistencia sanitaria tiene el consumo de tabaco no es un problema espec¨ªficamente andaluz, al tener atribuida la Junta de Andaluc¨ªa la competencia en materia sanitaria, pod¨ªa su Gobierno adoptar la medida que ha adoptado, sin tener que esperar a que lo hiciera el Gobierno de la naci¨®n. Parece ser que el consejero de Sanidad inform¨® a la ministra de la intenci¨®n de presentar la demanda, pero no ten¨ªa por qu¨¦ haberlo hecho. No hay nada en la Constituci¨®n y en el Estatuto de Andaluc¨ªa que le obligue a ello.

Pero no es solamente por esto por lo que la iniciativa de la Junta de Andaluc¨ªa tiene que ser bienvenida. Tambi¨¦n tiene que serlo por su contenido. El debate social sobre los costes sanitarios que genera la industria del tabaco estaba ya lo suficientemente maduro como para que se lo trasladara a los tribunales de justicia. No se deb¨ªa perder ya m¨¢s tiempo sin exigir de los tribunales de justicia que dieran una respuesta al conflicto de intereses entre las compa?¨ªas tabacaleras y la sanidad p¨²blica. Mientras que a las primeras el consumo de tabaco les genera unos beneficios, a la sanidad p¨²blica le genera unos costes. ?No tienen nada que ver los beneficios de las primeras con los costes de la segunda? ?Pueden desentenderse las compa?¨ªas tabacaleras del da?o y el coste que ocasionan, como si no fuera con ellas?

Obviamente, se trata de un asunto muy complejo y de resultado incierto, aunque es m¨¢s que probable que, a medida que pase el tiempo, vaya teniendo mayor receptividad la posici¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Basta comprobar los comentarios que se hicieron p¨²blicos cuando el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa anunci¨® su intenci¨®n de presentar una demanda contra las compa?¨ªas tabacaleras con los que se han producido una vez interpuesta la demanda y una vez que ha sido admitida a tr¨¢mite.

En todo caso, el debate ante los tribunales de justicia va a constituir la operaci¨®n pedag¨®gica respecto de la industria del tabaco m¨¢s importante de todas las que se han conocido hasta la fecha. Los ciudadanos espa?oles vamos a acabar sabiendo mucho m¨¢s de lo que sab¨ªamos sobre la forma en que las compa?¨ªas tabacaleras manipulan el tabaco y lo mezclan con aditivos que generan adicci¨®n y que limitan la autonom¨ªa de la voluntad de los consumidores. Vamos a saber mucho m¨¢s de los beneficios que obtienen las compa?¨ªas y de los costes que el consumo del tabaco ocasiona a la sanidad p¨²blica, es decir, a todos.

Sinceramente creo que la demanda de la Junta de Andaluc¨ªa va a marcar una frontera en este terreno. Para la industria del tabaco va a haber un antes y un despu¨¦s. No s¨®lo en Andaluc¨ªa, sino en toda Espa?a. Porque no es lo mismo debatir en los medios de comunicaci¨®n o en las revistas especializadas, que hacerlo ante un poder del Estado, como es el poder judicial, que es el que acaba definiendo de manera definitivamente vinculante cu¨¢l es 'la verdad' en un determinado conflicto. La verdad judicial es la verdad de la sociedad sobre un determinado asunto. La verdad posible en los conflictos de intereses entre los seres humanos, que no es la verdad alcanzable en el conocimiento de la naturaleza. Pero que es la verdad sin la que no es posible una convivencia civilizada. Gracias a la iniciativa del Gobierno andaluz, las compa?¨ªas tabacaleras van a tener que someterse a esa prueba de la verdad.