La Ley de Partidos

Aznar propende a erigirse en int¨¦rprete ¨²nico e inapelable del Pacto Antiterrorista firmado con el PSOE, sin caer en la cuenta, o haciendo caso omiso, de que se trata de un asunto de dos y que su eficacia depende precisamente del mutuo entendimiento sobre su desarrollo y el modo de aplicarlo. Esta actitud explica los nuevos rifirrafes habidos con el PSOE a prop¨®sito del texto elaborado por el Gobierno sobre la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos, especialmente orientado a la ilegalizaci¨®n de Batasuna.

El presidente del Gobierno act¨²a como si su decisi¨®n pol¨ªtica de ilegalizar esta organizaci¨®n, de la que ya caben pocas dudas de su integraci¨®n en la empresa de intimidaci¨®n social que dirige ETA, fuera cosa hecha, como si otras instancias nada tuvieran que decir al respecto. El PP dispone del arma de su mayor¨ªa absoluta para imponer su texto en el Parlamento, pero una ley de la trascendencia de la de Partidos merece un aval parlamentario m¨¢s amplio. Y ni que decir tiene que el Poder Judicial, al que corresponde aplicar dicha ley, debe actuar sin condicionamientos previos y de conformidad con las pruebas aportadas.

Aznar da por sentado que uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del borrador del Gobierno -que la iniciativa de ilegalizaci¨®n de un partido corresponda al Gobierno o a 50 diputados o senadores, adem¨¢s de al ministerio fiscal- es inmodificable y ha acusado de incoherencia al secretario general de los socialistas, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, por manifestarse a favor de que el ministerio fiscal sea la ¨²nica instancia legalmente autorizada. Una ley es un instrumento jur¨ªdico que no s¨®lo debe sortear cualquier riesgo de inconstitucionalidad, sino ajustarse lo m¨¢s estrictamente posible a su finalidad general. Pretender que la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos cumpla esos objetivos no autoriza a Aznar a dudar de la lealtad de quien se preocupa de que sea as¨ª. El borrador del Gobierno puede ser un punto de partida, pero no de llegada, como parece exigir Aznar al PSOE.

Quiz¨¢ sea tan constitucional que la iniciativa para instar la ilegalizaci¨®n de un partido est¨¦ en manos del ministerio fiscal que del Gobierno o de grupos parlamentarios. Pero parece m¨¢s congruente que una decisi¨®n que parte de la supuesta vulneraci¨®n de una ley y que busca la disoluci¨®n judicial de un partido pol¨ªtico corresponda al ¨®rgano constitucionalmente encargado de la defensa de la legalidad. Atribuir directamente al Gobierno esta competencia -podr¨¢ ejercerla, en todo caso, a trav¨¦s del fiscal general del Estado- o al Parlamento te?ir¨ªa de inter¨¦s pol¨ªtico una iniciativa que debe responder a estrictos criterios de legalidad y quedar libre de toda sospecha de utilizaci¨®n partidista. Con el actual borrador, otras formaciones pol¨ªticas, y no s¨®lo Batasuna, podr¨ªan ser sometidas a un demoledor proceso de ilegalizaci¨®n, a poco que el Gobierno y fuerzas pol¨ªticas adversas mayoritarias tuvieran inter¨¦s en ello. Se tratar¨ªa de algo mucho m¨¢s grave que el recurso a la querella penal como arma de desgaste pol¨ªtico.

Ese aspecto no es todo lo que puede y debe ser sometido a un cuidadoso examen del Parlamento, sin poner en cuesti¨®n, por ello, la conveniencia de disponer de una Ley de Partidos m¨¢s actualizada que la vigente desde el 8 de diciembre de 1978, co¨¦tanea de la Constituci¨®n. En el borrador del Gobierno hay mucho que mejorar: es un texto farragoso, casu¨ªstico en exceso, m¨¢s penal que administrativo -?qu¨¦ sentido tiene que una ley no penal reproduzca conductas tipificadas en el C¨®digo Penal?- y que por afectar a derechos pol¨ªticos b¨¢sicos deber¨ªa extremar las garant¨ªas. Es muy cuestionable que una sala especial del Supremo -y no la jurisdicci¨®n ordinaria en todo su recorrido- decida sobre la disoluci¨®n de un partido, cerrando la v¨ªa de los recursos y ti?endo el veredicto de f¨¢ciles sospechas de politizaci¨®n. El PP y el PSOE deber¨ªan centrar ahora su esfuerzos en conseguir una buena Ley de Partidos Pol¨ªticos. Es posible que con ella pueda acortarse la v¨ªa que conduzca a la ilegalizaci¨®n de Batasuna. Pero no ser¨¢ m¨¢s expedita que la v¨ªa penal que sigue el juez Garz¨®n. Y depender¨¢, tambi¨¦n, de las pruebas aportadas a los tribunales.