La Comisi¨®n pide al Tribunal Europeo que aplique a los incentivos vascos la doctrina del 'caso Daewoo'

La guerra judicial entre las diputaciones forales y la Comisi¨®n Europea por los incentivos fiscales a la inversi¨®n vivi¨® ayer una nueva batalla en el Tribunal de Primera Instancia de la Uni¨®n Europea, con sede en Luxemburgo. Mientras las diputaciones trataban de convencer a los cinco jueces de que la apertura del expediente general en julio de 1999 a los incentivos fiscales a la inversi¨®n vigentes entre 1995 y 2000 fue ilegal, la Comisi¨®n recalc¨® que el Tribunal ya se ha pronunciado en contra de ellos en los casos de Daewoo y Ramond¨ªn.

En un duelo que ya empieza a ser recurrente, el abogado de la Comisi¨®n, el espa?ol, Francisco Santaolalla, record¨® que el pasado 6 de marzo el Tribunal de la Uni¨®n Europea ya dict¨® una sentencia en contra de dichas ayudas en los casos concretos de las empresas alavesas Demesa, filial de la coreana Daewoo y fabricante de electrodom¨¦sticos, y Ramond¨ªn, productor de c¨¢psulas para botellas de vino. En consecuencia, argument¨®, ahora debe pronunciarse en el mismo sentido contra los reg¨ªmenes de incentivos que se aplicaron a las empresas. En ambos casos el Tribunal consider¨® que los beneficios fiscales concedidos suponen ayudas de Estado ilegales.

Una sentencia favorable a las diputaciones -por apreciarse un defecto de forma en la apertura del expediente por parte de Bruselas- supondr¨ªa la anulaci¨®n de todo el procedimiento posterior. En todo caso, la Comisi¨®n podr¨ªa volver a abrir un expediente con los requisitos que se le exijan en el fallo, que se demorar¨¢ varios meses. Los incentivos cuestionados son el cr¨¦dito fiscal del 45% -que permit¨ªa recuperar mediante deducciones ese porcentaje de las nuevas inversiones que superaran los 2.500 millones de pesetas- y las llamadas minivacaciones fiscales, que supon¨ªan reducciones de la base imponible del Impuesto de Sociedades del 99%, 75%, 50% y 25% respectivamente los cuatro primeros a?os en que la empresa obtuviera beneficios. Estas normas fueron derogadas tras la paz fiscal firmada en enero de 2000 entre las administraciones central y vasca. Sin embargo, Bruselas prosigui¨® con su expediente por estimar que los efectos de las ayudas prosegu¨ªan tras su derogaci¨®n.

El abogado de las diputaciones, Antonio Creus, recalc¨® que las ayudas ya no est¨¢n vigentes y se esforz¨® por convencer a los jueces de que la Comisi¨®n hab¨ªa abierto el expediente en t¨¦rminos generales y prejuzgando el resultado. De hecho, insisti¨® en que no recog¨ªa una sola duda y que los t¨¦rminos de su conclusi¨®n desfavorable para las diputaciones, dictada en julio del pasado a?o, eran id¨¦nticos a los de su apertura, en la que ya se calificaban provisionalmente los ayudas como de Estado. Santaolalla explic¨® al Tribunal que era l¨®gico que no hubiera muchas dudas ni grandes diferencias, ya que el procedimiento se abri¨® justo despu¨¦s de que la Comisi¨®n cerrara con una resoluci¨®n desfavorable los expedientes de Demesa y Ramond¨ªn.

Las preguntas de los jueces a las dos partes no se ci?eron tanto a los incentivos en s¨ª mismos como a la posibilidad de recurrir o no la apertura de un expediente. Esta premisa la negaba la Comisi¨®n por falta de precedentes. Sin embargo, Creus adujo que exist¨ªan casos semejantes. La preocupaci¨®n de los magistrados responde, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas presentes en el juicio, a que aceptar un recurso sobre una apertura de expediente puede colapsar al propio Tribunal.

Posibilidad prevista

El abogado de las diputaciones explic¨® a los jueces que la posibilidad de recurrir un acto administrativo est¨¢ prevista en las legislaciones de los Estado miembros sin esperar a la conclusi¨®n del expediente. 'Necesitamos que se anule la apertura para que la Comisi¨®n pueda enumerar los puntos concretos sobre los que se abre el expediente y no se plantee como un tema general', se?al¨®, antes de puntualizar que se deben poner unos l¨ªmites a la discrecionalidad de la Comisi¨®n para actuar.

Pero la discusi¨®n entre las partes no pudo obviar las propias ayudas fiscales. Santaolalla, que siempre ha representado a la Comisi¨®n en estos asuntos -cuesti¨®n prejudicial y juicio de los casos Daewoo y Ramond¨ªn, cuya sentencia est¨¢ recurrida en casaci¨®n-, record¨® que hay hasta 25 causas pendientes sobre esta materia. Mantuvo tambi¨¦n que la sentencia del pasado 6 de marzo deber¨ªa ser tenida en cuenta en este y otros casos. Tras compararlos, el abogado de la Comisi¨®n Europea rest¨® importancia al hecho de que el caso ya sentenciado se refiriera a la aplicaci¨®n de las normas y el juzgado ayer, a las propias normas. Se?al¨® que los argumentos de las diputaciones eran exactamente los mismos que los mantenidos en los casos anteriores.

El abogado de las diputaciones a?adi¨® otro defecto al expediente y al fondo del asunto. Se?al¨® que el cr¨¦dito fiscal exist¨ªa en la legislaci¨®n vasca desde 1984, dos a?os antes de la adhesi¨®n de Espa?a a la Comunidad Europea, y por tanto no pod¨ªa ser calificado como ayuda de Estado. Ambas partes acudieron en sus alegaciones a la jurisprudencia, pero Antonio Creus, cuya habilidad fue reconocida por uno de los jueces, quiso remarcar la discrecionalidad de la Comisi¨®n, al no haber considerado otras ayudas similares como de Estado. En este sentido record¨® que Bruselas no calific¨® como tales las deducciones fiscales que se establecieron en Italia para la afloraci¨®n de la econom¨ªa sumergida, ni las ayudas establecidas por Alemania para la compra de aeronaves.