El PP retoca las incompatibilidades ante las demandas de la oposici¨®n

El PP aceptar¨¢ hoy que los altos cargos deban declarar las actividades que hayan realizado hasta dos a?os antes de su toma de posesi¨®n. ?sta ser¨¢ su respuesta a las 13 medidas para endurecer el sistema de incompatibilidades presentadas por cuatro grupos de la oposici¨®n. La iniciativa de dichos grupos surgi¨® de la investigaci¨®n del caso Gescartera y de su malestar por la interpretaci¨®n que hizo el Gobierno del art¨ªculo 2.2 de la ley de incompatibilidades, que permiti¨® a Rato no declarar su relaci¨®n con una empresa que contrata con el Estado.

El Pleno del Congreso debatir¨¢ hoy 16 medidas para endurecer la ley de incompatibilidades. S¨®lo tienen posibilidad de salir adelante las tres que propone el PP, aunque unas y otras tienen el car¨¢cter de recomendaci¨®n al Gobierno para que modifique, cuando lo considere oportuno, el r¨¦gimen de incompatibilidades.

Las tres medidas propuestas por el PP, adem¨¢s, no s¨®lo exigen cambiar la ley de incompatibilidades sino tambi¨¦n la de r¨¦gimen electoral. Los populares quieren que no s¨®lo los altos cargos, sino tambi¨¦n los diputados y senadores, declaren 'las actividades desempe?adas en los dos a?os precedentes' a 'la toma de posesi¨®n', en el caso de altos cargos, y a 'la adquisici¨®n de su condici¨®n de diputado o senador' en el caso de los parlamentarios.

Los altos cargos, seg¨²n la propuesta del PP, deber¨¢n tambi¨¦n comunicar, 'de la forma m¨¢s completa y exhaustiva posible, las posibles variaciones que hubiera experimentado su patrimonio' desde su ¨²ltima declaraci¨®n por el impuesto del patrimonio hasta la toma de posesi¨®n.

El PSOE calific¨® ayer de 'cortina de humo' estas tres medidas ofrecidas por el PP. Los cuatro grupos de la oposici¨®n que firman esa bater¨ªa de propuestas -PSOE, Izqierda Unida, PNV y Grupo Mixto- creen que la interpretaci¨®n del art¨ªculo 2.2 de la ley de incompatibilidades que hizo Administraciones P¨²blicas no fue 'imparcial'.

En concreto, ese art¨ªculo dice que 'los titulares de altos cargos no podr¨¢n tener, por s¨ª o junto a su c¨®nyuge e hijos dependientes y personas tuteladas, participaciones superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector p¨²blico estatal, auton¨®mico o local'.

As¨ª, de las 13 medidas que hoy ser¨¢n previsiblemente rechazadas por la mayor¨ªa, la oposici¨®n destaca la ¨²ltima, que reclama un organismo 'independiente' para vigilar el cumplimiento de la ley de incompatibilidades.

La direcci¨®n del Ministerio de Administraciones P¨²blicas que vigila el cumplimiento de esta ley interpret¨® que Rodrigo Rato no incumpl¨ªa las incompatibilidades, pese a tener m¨¢s de un 10% de propiedad en la empresa Muinmo, que contrata con la administraci¨®n. Argument¨® que esa participaci¨®n no era 'directa'. Aquello sublev¨® a la oposici¨®n, que se comprometi¨® a llevar al Parlamento una reforma que impidiera esa interpretaci¨®n en el futuro. As¨ª, la medida n¨²mero 6 de las 13 propuestas pide precisamente que se incluya la apostilla 'directa o indirecta' al calificar la participaci¨®n de los altos cargos en empresas que con traten con el sector p¨²blico.

Escuchas a abogados

El presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola, Carlos Carnicer, dirigi¨® ayer un escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Francisco Hernando, en el que le exige una actuaci¨®n urgente por las posibles vulneraciones del derecho de defensa en el caso Gescartera.

Una decena de letrados personados en ese proceso denunciaron la pasada semana que en las escuchas telef¨®nicas realizadas por la polic¨ªa a los acusados se grabaron, transcribieron y posteriormente se incorporaron al sumario, conversaciones entre los imputados y sus abogados defensores. En la actualidad, la pieza del sumario que incluye esas conversaciones se encuentra en poder del fiscal, que proximamente propondr¨¢ que se anulen aquellas grabaciones que no sean de inter¨¦s para la causa, y presumiblemente, las que afectan a los letrados.

Carnicer considera que, de comprobarse las denuncias, 'se tratar¨ªa de una muy grave vulneraci¨®n del secreto profesional, que obligar¨ªa no s¨®lo a declarar la nulidad de todo soporte sonoro o documental, sino a revisar todas las actuaciones jurisdiccionales que no respeten el sistema de garant¨ªas establecido'.

Por otro lado, ayer concluy¨® la declaraci¨®n del asesor fiscal de Gescartera, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Ameneiro, ante la juez Teresa Palacios. Varias acusaciones solicitaron su ingreso en prisi¨®n, si bien el fiscal no requiri¨® medidas cautelares.