No mentar el derecho en vano

El Estado de derecho no es un logro del conservadurismo liberal aunque ¨¦ste se lo haya apropiado indebidamente. Que un Estado tenga constituci¨®n no le otorga ser Estado de derecho. Hay constituciones sem¨¢nticas que no cumplen en la pr¨¢ctica lo que proclaman porque sirven de tapadera a monocracias dictatoriales. El derecho no es t¨¢n s¨®lo la ley dictada por quien manda, sino, ante todo, los derechos de las personas y sus grupos. Tales derechos son conquista hist¨®rica de los dem¨®cratas sobre los liberales, y el Estado de derecho es, hoy, el fruto de quienes extendieron a todos los ciudadanos las libertades de unos cuantos merced al impulso democratizador. Pero cada vez que los conservadores del poder econ¨®mico y pol¨ªtico olig¨¢rquico necesitan frenar o impedir cualquier avance democr¨¢tico que amenace su poder¨ªo, tienden a reducirlo mentando en vano el Estado de derecho y la defensa de la democracia, es decir, sus propias ¨®rdenes indiscutibles.

El ministro franquista Manuel Fraga lanz¨® una campa?a en los a?os sesenta con el lema 'Espa?a,Estado de derecho', que no resist¨ªa la cr¨ªtica del m¨¢s complaciente constitucionalista dem¨®crata. Convertido a la democracia por la fuerza de los hechos biol¨®gicos, Fraga logr¨® participar en el proyecto constituyente del posfranquismo,pero recuerdo muy bien que si Felipe Gonz¨¢lez no hubiera instado del Rey por sugerencia m¨ªa un cambio radical de actitud de la derecha (Alianza Popular-UCD), la Constituci¨®n de l978 hubiera prolongado la tradici¨®n liberal-autoritaria del liberalismo moderado, que a Fraga le permit¨ªa enlazar a Donoso Cort¨¦s y a C¨¢novas del Castillo con el m¨ªsm¨ªsimo Franco. Fiel a su historia, fue la izquierda la que forz¨® un m¨ªnimo consenso favorable al Estado democr¨¢tico y social de derecho que hoy por hoy nos une; consenso que ha ido rompiendo la actual mayor¨ªa absoluta del autoritarismo liberal.

El Gobierno nacido de esa mayor¨ªa ha pretendido o logrado impedir, recortar o adulterar en casi todos los ¨¢mbitos derechos constitucionales en nombre del Estado de derecho, confundi¨¦ndolo, sin rubor, con las ¨®rdenes de su jefe, mientras que las denuncias de los dem¨®cratas eran acusadas de ir, no contra el se?or Aznar, sino contra el propio derecho del Estado.Tanto se ha llegado a mentar el Estado de derecho para justificar aqu¨¦llas que es forzoso evocar la conocida frase del pueblo 'dime de qu¨¦ presumes y te dir¨¦ de qu¨¦ careces'.

La confusi¨®n citada hab¨ªa de topar con un poder judicial independiente, previsto en la Constituci¨®n. Pero por eso mismo el Gobierno ha intentado controlar los puestos clave de dicho poder y promover el sector judicial menos proclive a aplicar en sus decisiones el esp¨ªritu constitucional. A la misma Constituci¨®n, en su d¨ªa rechazada por el se?or Aznar, se le ha a?adido un innecesario patriotismo identificado con la lectura sectaria que monopoliza el partido gobernante. Y, claro est¨¢, cuando se dominan los tres poderes constitucionales, incluido el Tribunal Constitucional, y gran parte del cuarto (los medios de mayor comunicaci¨®n) se puede impunemente acudir, en nombre del Estado de derecho, a la chapuza jur¨ªdica y a la desfachatez impasible como argumento v¨¢lido que justifica la m¨¢s crasa ignorancia dolosa de la materia constitucional; como si, en el fondo, el rigor jur¨ªdico y la legislaci¨®n razonable y pol¨ªticamente prudente fueran estorbos a una acci¨®n de mando, m¨¢s que de gobierno, tan osada e implacable como su inspirador directo.

La peligrosa guinda de ese pastel sin sabor ni saber es la futura ley de partidos pol¨ªticos, que, pensada contra uno de ellos (que representa nos guste o no a un numeroso e influyente sector de la ciudadan¨ªa vasca), pero aplicable al resto, abre con la demag¨®gica excusa del antiterrorismo (?qui¨¦n se opondr¨ªa a ella en lo que tiene de v¨¢lida?) el camino de una aplicaci¨®n extensiva y sectaria si no se reconduce su texto a las exigencias constitucionales y a un sistema suficiente de garant¨ªas que s¨®lo el derecho, con su formalidad rigurosa, puede ofrecer. Pero, ante todo, uno se pregunta: ?Para y por qu¨¦ esa ley si las ¨²nicas ilegalizaciones permitidas en nuestra democracia ya est¨¢n previstas en relaci¨®n con hechos delictivos, concretos y probados, de car¨¢cter personal en el ordenamiento punitivo vigente?.

Los defectos m¨¢s garrafales del nuevo bodrio legal se sintetizan en su retroactividad inconstitucional, denunciada in¨²tilmente por el Consejo de Estado; en la iniciativa del proceso ilegalizador, al margen del poder judicial y con implicaci¨®n de los dem¨¢s partidos; en su resoluci¨®n por un tribunal especial, prohibido constitucionalmente, y no por el juez ordinario; y en la vaguedad y generalidad de las finalidades y actuaciones imputables a los partidos amenazados de ilegalidad, que permiten lecturas judiciales laxas o arbitrarias. De ese modo cabe temer que lo pensado para acabar con un partido acabe terminando con qualquier otro excesivamente inc¨®modo para el gobernante de turno, cuya mayor¨ªa, lograda berlusc¨®nicamente, se constituya en partido ¨²nico plebiscitado, superdemocr¨¢tico y defensor, no faltar¨ªa m¨¢s, del Estado de derecho. Que lo piensen bien, por tanto, los ahora hipnotizados por la excusa antiterrorista, convertida en todo un chantaje pol¨ªtico y moral. Creo yo que no debieran los dem¨®cratas caer en la trampa que les tienden los autoritarios inconstitucionales sum¨¢ndose por timidez a su proyecto, a no ser que logren restablecer el esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n, lo cual transformar¨ªa de tal modo una ley tan teledirigida que har¨ªa de ella una norma sin sentido.

Habr¨ªa que dejar solos a los autoritarios, pues solos quieren estar, en busca de votos inmaduros, a la hora de seguir atizando, de hecho, un terrorismo que empezaba a hacer crisis por donde m¨¢s le duele y afecta, es decir, precisamente (?qu¨¦ casualidad!) a trav¨¦s de una incipiente Batasuna contraria a la violencia de ETA. ?Por eso hab¨ªa que ilegalizarla,tal vez? En fin, qu¨¦ decir ya sino que mentar el Estado de derecho en vano es una forma hip¨®crita de mentirlo.

J. A. Gonz¨¢lez Casanova es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.