La renta antiterrorista

Desde hace varias semanas, en ¨¦ste y en otros medios de comunicaci¨®n, diversos y prestigiosos catedr¨¢ticos tanto de Derecho Constitucional como de Derecho Penal han expresado importantes reservas jur¨ªdicas ante las propuestas del Gobierno para la nueva Ley Org¨¢nica de Partidos Pol¨ªticos: su car¨¢cter retroactivo, la evidencia de que, bajo su supuesto alcance general, es una ley hecha a prop¨®sito y a la medida para ilegalizar a Batasuna, la vaguedad de algunas de las conductas que motivan la ilegalizaci¨®n, la atribuci¨®n de la capacidad de decidir en la materia a la Sala Especial del Tribunal Supremo, el nacimiento de una nueva figura penal, la del 'apoyo t¨¢cito', el delito consistente en callar, en no rechazar el terrorismo..., etc¨¦tera.

Preceptivamente consultado el Consejo General del Poder Judicial, una sustancial minor¨ªa de sus miembros manifest¨® parecidas objeciones y, sobre todo, puso de relieve lo chocante e impresentable que resulta poner en manos de unos representantes pol¨ªticos (sean 50 parlamentarios, 100 o 200) la posibilidad de instar la prohibici¨®n legal de otra fuerza pol¨ªtica que es, por definici¨®n, competidora suya. El Consejo de Estado, por su parte, sugiri¨® eliminar la retroactividad. Ha sido in¨²til, incluso contraproducente. Se dir¨ªa que, espoleado por las cr¨ªticas de representantes tan peligrosos del abertzalismo jur¨ªdico como Jordi Sol¨¦ Tura, Ra¨²l Morodo, Marc Carrillo, Javier P¨¦rez Royo o la asociaci¨®n judicial conservadora Francisco de Vitoria, el Gobierno del se?or Aznar ha decidido proseguir la tramitaci¨®n de la ley a u?a de caballo, sin entretenerse en esas tediosas demoras que el consenso exige, de modo que sea posible estamparla en el BOE antes del mes de julio.

Ahora bien, ?est¨¢ esa prisa gubernamental justificada? Remilgos jur¨ªdicos aparte, ?es razonable, es l¨®gico pensar que la pronta entrada en vigor de la nueva Ley de Partidos Pol¨ªticos vaya a mejorar significativamente la eficacia pol¨ªtica de la lucha antiterrorista? Tratemos de examinarlo, del modo m¨¢s desapasionado posible.

No resulta arriesgado suponer que si el calendario gubernamental se cumple, a lo largo del pr¨®ximo oto?o Batasuna ser¨¢ puesta fuera de la ley. Pero, ?eliminar el nombre, incluso la estructura, va a suprimir la cosa? En la medida en que contin¨²en existiendo 100.000 o 150.000 ciudadanos vascos identificados con un proyecto radical que justifica a ETA, ?la nueva legislaci¨®n va a impedir que sigan agrupados, ya sea en una red de herriko tabernas, o de entidades gastron¨®micas, o de asociaciones culturales, vecinales, deportivas..., o en una mezcla informal de todo ello, algo que de hecho ya existe? ?Acabar¨¢ la Ley de Partidos con las pintadas amenazadoras, con las manifestaciones proetarras, con la kale borroka? Ojal¨¢; pero, si as¨ª fuese, habr¨ªa que inferir de ello un grav¨ªsimo reproche contra los promotores de la actual reforma: ?por qu¨¦ no la hicieron antes? ?Acaso Aznar no gobierna desde 1996, y posee mayor¨ªa absoluta desde la primavera de 2000? Si la ley hoy en tr¨¢mite va a mejorar tanto los medios del Estado de derecho en su lucha contra el terror, ?significa eso que hasta ahora est¨¢bamos casi inermes? ?C¨®mo ha consentido el PP, en seis a?os de gobierno, tal indefensi¨®n?

Alguien ha dicho que, por lo menos, sin Batasuna los ex¨¦getas del coche bomba y del tiro en la nuca no estar¨¢n en las instituciones p¨²blicas. ?Seguro? Aun sin conocer los secretos de ese mundo resulta f¨¢cil imaginar, con vistas a las municipales de 2003, una proliferaci¨®n de agrupaciones de electores en los pueblos de Euskadi y Navarra, incluso varias en cada pueblo, y a partir de ah¨ª una agotadora guerrilla jur¨ªdico-pol¨ªtica de prohibiciones, recursos y protestas que convierta los comicios locales de esas dos comunidades aut¨®nomas en un verdadero lodazal democr¨¢tico, peor a¨²n de lo que ya es hoy para el PP y el PSE.

Por encima de estas dudas pr¨¢cticas planea un argumento que, sin ser nuevo, me gustar¨ªa hacer m¨ªo: si en el delirante relato legitimador con que el mundo etarra justifica actualmente su existencia, la tesis central es que, bajo disfraz democr¨¢tico, persisten la Espa?a franquista y su prop¨®sito de aplastar a Euskal Herr¨ªa por todos los medios, ?la Ley de Partidos desmiente esa tesis, o m¨¢s bien la alimenta? ?Nutre o no al c¨ªnico victimismo batasuno una ley tramitada al galope, atropellando lo mismo objeciones t¨¦cnicas que discrepancias pol¨ªticas y conveniencias est¨¦ticas, una ley que el presidente del Tribunal Constitucional ovaciona mucho antes de aprobada, en desdoro de su cargo y de la credibilidad de la instituci¨®n?

No, el Gobierno y el Partido Popular saben que con esta reforma legal probablemente superflua la lucha antiterrorista no ganar¨¢ en eficacia, pero esperan que gane en rentabilidad... para ellos; la rentabilidad pol¨ªtico-electoral que devenga de un gesto espectacular, de una machada, de un pu?etazo sobre la mesa. '?Vamos a por vosotros!', gritaba el pasado martes Aznar en Valencia, como si ir a por los terroristas y sus colaboradores no fuese la obligaci¨®n del presidente desde el primer d¨ªa en que jur¨® el cargo.

El PP planea vadear el siempre delicado relevo en su jefatura gracias a la explotaci¨®n en toda Espa?a de su contundencia antiterrorista, al 'nosotros hemos disuelto a Batasuna'. De paso, la Ley de Partidos le permite enconar el enfrentamiento con el PNV, y obligar al PSOE a una elecci¨®n perversa: o d¨®cil monaguillo, o tibio y cobarde frente al terror. La postura del nacionalismo catal¨¢n les interesa mucho menos, pero opino que, cualesquiera que sean las servidumbres y los compromisos, Converg¨¨ncia i Uni¨® no deber¨ªa contribuir con sus votos a una burda maniobra partidista que, adem¨¢s, envilece el arsenal con que los dem¨®cratas combatimos a los totalitarios.

Joan B. Culla i Clar¨¤ es profesor de Historia contempor¨¢nea de la UAB.