La indemnizaci¨®n pendiente

'Nuestra preocupaci¨®n es la prisa que tenemos. Hay gente que est¨¢ muriendo y no podr¨¢ cobrar'. Guillermo P¨¦rez, presidente de la asociaci¨®n de Veteranos del Ej¨¦rcito de la Rep¨²blica en la Comunidad no entiende el retraso del Consell en tramitar las ayudas que la asociaci¨®n ha solicitado, con el apoyo de Esquerra Unida y el PSPV, para los combatientes que no se beneficiaron de las indemnizaciones estatales de los a?os 1990 y 1992. P¨¦rez, de 89 a?os, fue teniente de artiller¨ªa, como el tesorero de la asociaci¨®n, Rafael Pellicer, de 86 a?os, mientras que el vicepresidente, Jos¨¦ Soler, de 87 a?os, combati¨® como teniente de infanter¨ªa. De los tres ha partido una medida: indemnizar a los compa?eros que se quedaron sin poder cobrar de las ayudas estatales de hace una d¨¦cada, que ha acabado en las Cortes. En un principio relatan que se pusieron en contacto con el Consell para que partiera de esta instituci¨®n la iniciativa, pero ante la falta de eco que recogieron, optaron por dirigirse a los partidos de la oposici¨®n. A trav¨¦s de ellos lleg¨® la propuesta a las Cortes. Se trataba de ampliar la cobertura de las ayudas estatales. ?stas solo se otorgaron a aquellos soldados que pudieron justificar que sufrieron la c¨¢rcel, los campos de concentraci¨®n o los batallones de castigo durante un m¨ªnimo de tres a?os y que tuvieran por entonces los 65 a?os cumplidos.

Los tres miembros de la directiva cumpl¨ªan con estas condiciones, pero muchos compa?eros no llegaron a los tres a?os de cautiverio y se quedaron fuera. Para corregir esta situaci¨®n se pusieron en marcha medidas destinadas a complementar las ayudas estatales que se incluyeron en la ley de los presupuestos del estado de los a?os 1990 y 1992, y ayudar a quienes no llegaron a estar tres a?os presos. De esta forma la oposici¨®n present¨® en Cortes una proposici¨®n no de ley y en mayo del a?o pasado se aprob¨® el texto en el que se solicitaba un estudio sobre el n¨²mero de valencianos afectados con car¨¢cter de urgencia y que se deb¨ªa de realizar antes de que acabara el mismo a?o.

?ste es uno de los problemas que alegan los miembros de la asociaci¨®n. A punto de comenzar el mes de mayo, a¨²n no se ha realizado este estudio. Pero adem¨¢s, critican la visi¨®n reduccionista de las medidas del Consell. Hace dos semanas, el consejero de Justicia y Administraciones P¨²blicas, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, anunci¨® que el Consell hab¨ªa aprobado la elaboraci¨®n de un censo de personas encarceladas 'por actos de intencionalidad pol¨ªtica' que no estuvieron incluidos en las previsiones de las leyes de 1990 y 1992. El censo, seg¨²n Cepeda, tiene por objeto 'habilitar los cauces adecuados para que se pueda averiguar con el m¨¢ximo rigor y certeza posible las personas que podr¨ªan beneficiarse de estas indemnizaciones' y en ¨¦l se podr¨¢n acoger quienes acrediten tener cumplidos 65 a?os el 31 de diciembre de 2000, ser valencianos, y 'haber sufrido penas privativas de libertad en un plazo superior a tres a?os'.

Esta interpretaci¨®n choca frontalmente con los planteamientos de los miembros de la asociaci¨®n, ya que la medida naci¨® con la intenci¨®n de amparar a las v¨ªctimas de cautiverio que no alcanzaron los tres a?os. Pero, como critica la junta directiva, la opci¨®n tomada por el Consell es contrario al resto de las medidas similares emprendidas por otras autonom¨ªas. Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Asturias, Baleares, Catalu?a, Madrid o Navarra ya han puesto en marcha el censo para que se acojan los posibles afectados.

P¨¦rez insiste en que la medida afecte a los encarcelados durante un periodo de tiempo inferior a los tres a?os y que se active ya para que se pueda beneficiar el mayor n¨²mero de personas en vida.