Condenado a seis a?os de c¨¢rcel un funcionario judicial

La Audiencia de Madrid ha condenado, por delitos continuados de malversaci¨®n y falsedad, a seis a?os de c¨¢rcel y 15 de inhabilitaci¨®n en el cargo a un oficial del Juzgado de Instrucci¨®n 28 de Madrid que se apropi¨® de peque?as indemnizaciones destinadas a 111 personas; la mayor¨ªa, v¨ªctimas de accidentes. En total rob¨® 60.000 euros (10 millones de pesetas). Un hijo del reo, de 35 a?os y que trabaj¨® con su padre en el mismo juzgado, tambi¨¦n ha sido condenado a un a?o de c¨¢rcel como c¨®mplice. Seg¨²n la sentencia, ayud¨® a su padre a apropiarse de 12.200 euros.

El principal condenado, Rafael Mart¨ªnez, de 67 a?os, perpetr¨® ambos delitos entre 1990 y 1995, seg¨²n la sentencia, que ocupa 145 folios. El tribunal obliga al reo a pagar de su bolsillo las indemnizaciones que rob¨® al menos a 111 usuarios de su juzgado. Si Mart¨ªnez resultase insolvente, deber¨¢ abonarlas el Estado como responsable civil.

A grandes rasgos, el chanchullo era el siguiente: el juzgado en el que trabaja Mart¨ªnez decretaba una indemnizaci¨®n para la v¨ªctima de, por ejemplo, un accidente de tr¨¢fico. M¨¢s tarde, la compa?¨ªa aseguradora depositaba el dinero en una cuenta del juzgado, pero el dinero nunca llegaba a su leg¨ªtimo destinatario porque Mart¨ªnez (unas veces solo y otras en connivencia con su hijo) se lo quedaba tras hacer constar que la indemnizaci¨®n hab¨ªa sido satisfecha. Para ello falsificaba la firma y el recib¨ª de la v¨ªctima y la de la secretaria del juzgado, necesaria para retirar dinero de la cuenta judicial.

Muchos receptores de ese dinero ignoraban que el juez les hab¨ªa concedido una indemnizaci¨®n porque quien deb¨ªa comunic¨¢rselo, el citado oficial, no lo hac¨ªa, o bien les dec¨ªa que la cantidad era inferior y ¨¦l se quedaba la diferencia.

En el juicio, celebrado en la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia, el reo admiti¨® 'la mayor¨ªa de los hechos' y aleg¨® que retuvo cantidades de dinero porque su esposa, fallecida en 1994, estaba enferma y necesitaba dinero para sus cuidados. El tribunal aduce que la Seguridad Social cubri¨® todos los gastos de la enfermedad y que tal justificaci¨®n no resulta v¨¢lida penalmente.

Los jueces aluden en la sentencia a 225 procedimientos (b¨¢sicamente juicios de faltas) en los que el reo se qued¨® cantidades que oscilan entre 12 euros (2.000 pesetas) y casi 6.000 euros (un mill¨®n de pesetas). Mart¨ªnez no s¨®lo malvers¨® cantidades destinadas a v¨ªctimas de accidentes, sino que tambi¨¦n sustrajo dinero de multas pagadas en el juzgado por ciudadanos que hab¨ªan cometido alg¨²n il¨ªcito civil o penal y del importe de tasaciones abonadas por el Estado a peritos judiciales.

Libros con 'raspaduras'

Seg¨²n la sentencia, ponencia de la magistrada Pilar de Prada, fue la entonces secretaria del juzgado 28 quien descubri¨®, en agosto de 1995, los tejemanejes de este oficial y de su hijo. Tras volver de sus vacaciones, la secretaria comprob¨® que hab¨ªa 'raspaduras' en algunos mandamientos de pago y comenz¨® a tirar del hilo. Observ¨® tambi¨¦n que el libro de registro de dep¨®sitos, siempre bajo custodia del acusado, conten¨ªa excesivas tachaduras y operaciones an¨®malas que se remontaban a 1990. Extra?ada, comenz¨® a revisar antiguos procedimientos judiciales en los que se decretaban indemnizaciones y se puso en contacto con las v¨ªctimas de los mismos.

La secretaria contact¨®, entre otros afectados, con Rodolfo Gil Serrano. ?ste hab¨ªa sufrido un accidente viario en cadena a?os atr¨¢s y de su bolsillo hab¨ªa pagado la reparaci¨®n del coche. Fue ajeno al pleito que un tiempo despu¨¦s se celebr¨® en un juzgado de Madrid a instancias de las compa?¨ªas de los veh¨ªculos implicados. 'A?os despu¨¦s de aquello me llamaron del juzgado para preguntarme si hab¨ªa cobrado una indemnizaci¨®n de 66.975 pesetas [402 euros] y si era m¨ªa la firma que constaba en un libro del juzgado', recuerda Gil. 'Yo les dije que ni una cosa ni otra. Tomaron nota y un tiempo despu¨¦s me informaron de que deb¨ªa asistir como testigo a un juicio en la Audiencia de Madrid', a?ade. Gil recuerda que en los pasillos vio a 'otros muchos testigos, la mayor¨ªa mujeres mayores, que hab¨ªan tenido el mismo problema'.

La persona m¨¢s afectada por las triqui?uelas de este oficial de juzgado y su hijo ha sido el perito judicial Jos¨¦ C. P. La audiencia ha condenado a Mart¨ªnez a entregar a este perito 5.787,75 euros (963.000 pesetas) por tasaciones que Jos¨¦ C. P. efectu¨® a instancias del juzgado y que el Estado abon¨®, aunque el dinero nunca lleg¨® a ¨¦l porque se lo qued¨® el acusado. La esposa de Mart¨ªnez tambi¨¦n fue imputada por supuesta complicidad, si bien el tribunal la ha absuelto convencido de que esta mujer ignoraba la procedencia de los talones que en alguna ocasi¨®n le facilit¨® su esposo para que los cobrase.