Reconciliaci¨®n 'versus' justicia en Ruanda

En estos d¨ªas de ret¨®rica guerrera contra el terrorismo global falta tiempo para recordar el ¨²ltimo genocidio en Ruanda, que comenz¨® el 7 de abril de 1994 y durante tres meses, con una eficacia y crueldad que sacar¨ªan los colores a los verdugos voluntarios de Hitler, acab¨® con 800.000 vidas, mayoritariamente de tutsis y aquellos hutus moderados considerados oposici¨®n al Gobierno. Siete a?os despu¨¦s se siguen buscando f¨®rmulas que, combinando justicia y reconciliaci¨®n, logren recomponer una sociedad destruida por el genocidio.

Los principales ejecutores de las masacres fueron las milicias hutus Interahanwe, 'los que matan juntos', que contaron con el apoyo de autoridades de todos los niveles de la Administraci¨®n, jerarcas de la Iglesia cat¨®lica, adem¨¢s, y, de manera significativa, de la Televisi¨®n y Radio Mil Colinas, cuyos mensajes de 'aplastar a las cucarachas' sirvieron de pistoletazo de salida y jalearon la carnicer¨ªa.

Las matanzas provocaron la reacci¨®n de la di¨¢spora tutsi en Uganda y Tanzania del Frente Patri¨®tico Ruand¨¦s, el FPR, que en una ofensiva rel¨¢mpago conquist¨® el pa¨ªs y provoc¨® un ¨¦xodo inverso de refugiados hutus que hu¨ªan de las represalias de los ahora vencedores. Lo m¨¢s destacable es que todo esto ocurri¨® en el plazo de tres meses. A pesar de las se?ales de lo que se avecinaba, la comunidad internacional bien se escud¨® en su end¨¦mica burocracia para no impedir el ba?o de sangre, como hizo la misi¨®n de Naciones Unidas Unamir I, o bien apoy¨® descaradamente a los genocidas, como hicieron algunas de las m¨¢s s¨®lidas democracias de turbio pasado colonial.

La victoria del tutsi Frente Patri¨®tico Ruand¨¦s trajo consigo un bagaje de represi¨®n, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales, consecuencia injustificable de las matanzas de unos meses atr¨¢s. Progresivamente, desde abril a finales de aquel a?o, las im¨¢genes de las matanzas fueron reemplazadas por las del ¨¦xodo de los refugiados hutus hacia Zaire y, posteriormente, y de manera m¨¢s marginal, por las del hacinamiento de presos en las prisiones ruandesas.

Tras la destrucci¨®n de muchos de los juzgados y el asesinato o exilio de la mayor¨ªa de los magistrados, la administraci¨®n de la justicia qued¨® en manos del Ej¨¦rcito vencedor, que se dedic¨® a llenar las c¨¢rceles hasta que de una capacidad m¨¢xima inicial de 15.000 reclusos se lleg¨® a los 120.000, en ocasiones llegando a hacinar 10 prisioneros en el espacio previsto para uno s¨®lo. En este tiempo se estaba consolidando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania, el ICTR, que se encargar¨ªa de juzgar a los principales actores del genocidio. As¨ª las cosas, y con la comunidad internacional intentando asistir a reconstruir los platos rotos, las sucesivas misiones de Naciones Unidas desde Unamir II tuvieron entre sus objetivos prioritarios no s¨®lo apoyar el retorno de los refugiados, sino apoyar la creaci¨®n de una cultura del imperio de la ley, intentar facilitar la reconciliaci¨®n entre ambas etnias y aliviar la situaci¨®n humanitaria en las prisiones y los centros de detenci¨®n.

Sea como fuere, la mayor¨ªa de estas iniciativas, que incluyeron desde la reconstrucci¨®n f¨ªsica de juzgados hasta la formaci¨®n de cuadros judiciales, jueces, fiscales, asistentes, secretarios e investigadores, encontraron una resistencia frontal por parte del nuevo Gobierno ruand¨¦s del FPR, entre cuyas prioridades no se inclu¨ªa dar un juicio justo en un lapso razonable de tiempo a los cientos de miles de detenidos. As¨ª las cosas, desde 1997 ¨²nicamente 5.300 detenidos han sido juzgados por la justicia ruandesa y 52 se encuentran bajo custodia del ICTR. Se calcula que al ritmo actual se tardar¨¢n 200 a?os en juzgar al n¨²mero actual de detenidos.

Hace algo m¨¢s de un a?o fue el propio Gobierno ruand¨¦s el que acudi¨® a la comunidad internacional solicitando su apoyo econ¨®mico para una novedosa propuesta que, mediante la aplicaci¨®n del derecho consuetudinario ruand¨¦s, o Gacaca, no s¨®lo promet¨ªa resolver el asunto del hacinamiento en las prisiones, sino que adem¨¢s dec¨ªa promover la reconciliaci¨®n entre los ejecutores y las v¨ªctimas del genocidio.

La iniciativa, bajo el lema 'la verdad cura', inclu¨ªa una petici¨®n de apoyo para la formaci¨®n de unos 250.000 participantes en estos tribunales populares, que administrar¨ªan la justicia a nivel local.

El proyecto se basaba en la divisi¨®n de los detenidos en categor¨ªas de acuerdo con los delitos que les fueran imputados. Los organizadores del genocidio ser¨ªa juzgados por el ICTR o por la justicia ordinaria ruandesa, mientras que los detenidos acusados de participar en asesinatos y delitos de lesiones, los acusados de participar en actos de asalto contra personas y aquellos que aprovecharon el periodo de las matanzas para robar o saquear ser¨ªan juzgados por los tribunales de Gacaca.

Algunos de los principales donantes de ayuda a la zona, incluyendo gobiernos cuyos v¨ªnculos con los organizadores del genocidio son irrefutables, se aprestaron a apoyar el proyecto sin dilaciones y sin mayor cuestionamiento del mismo.

Simult¨¢neamente, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnist¨ªa Internacional alertaron de los aspectos oscuros del proyecto, algunos de ellos tan notables como el hecho de que la Gacaca fuera un derecho concebido inicialmente para resolver disputas entre vecinos y no casos de derecho penal, la falta de previsiones para la asistencia de abogados a los detenidos u objetando a la ausencia de garant¨ªas de imparcialidad de los nuevos jueces a los que no les es requerida una formaci¨®n t¨¦cnica en administraci¨®n de justicia y que en muchos casos son analfabetos.

Haci¨¦ndose eco de las objeciones presentadas por las organizaciones de derechos humanos, parece leg¨ªtimo preguntarse qu¨¦ tipo de garant¨ªas procesales van a proteger a los detenidos, as¨ª como qu¨¦ medidas garantizan la independencia de los nuevos tribunales populares frente a las presiones de los supervivientes del genocidio o de los comandantes locales del Ej¨¦rcito, muchos de los que perdieron a sus familias en las matanzas o algunos de los que formularon acusaciones falsas para simplemente apropiarse de los bienes de sus vecinos.

Resulta extra?o asumir el apoyo de los donantes a este proyecto, que, si bien puede llevar a aliviar la nada despreciable, aunque coyuntural, situaci¨®n humanitaria de las prisiones, contribuye poco a la creaci¨®n de una cultura de imperio de la ley y de Estado de derecho en una regi¨®n, la de los Grandes Lagos, tan escasa de estos principios. Todo esto sin mencionar las dificultades log¨ªsticas no s¨®lo de formaci¨®n de los participantes en los juicios, impresi¨®n de 200.000 manuales en kinyarwanda y el registro de las audiencias medida por otra parte imprescindible si se pretende que este proyecto tenga alguna utilidad para las futuras generaciones de hutus y tutsis.

Y desde esta misma ¨®ptica cabe preguntarse si los fondos destinados a financiar esta iniciativa no habr¨ªan sido mejor destinados si hubieran sido invertidos en la rehabilitaci¨®n efectiva del sistema judicial y la formaci¨®n de jueces, fiscales y abogados defensores.

Desde luego, siempre se puede argumentar que el derecho por s¨ª solo no necesariamente promueve la reconciliaci¨®n, elemento clave en esta situaci¨®n posgenocidio, pero de la misma manera cabr¨ªa arg¨¹ir que la combinaci¨®n de un sistema judicial efectivo, en el ¨¢mbito local y a nivel internacional, junto con la creaci¨®n de una comisi¨®n de la verdad, de la que ya hay abundantes experiencias, algunas tan cercanas culturalmente como la surafricana, podr¨ªan haber conseguido los dos objetivos perseguidos: la justicia y la reconciliaci¨®n. M¨¢s a¨²n, en una reciente encuesta llevada a cabo en Ruanda la mitad de los encuestados expresaron su temor a que si los juicios de Gacaca no traen la tan manida reconciliaci¨®n, podr¨ªa producirse una brecha a¨²n mayor entre hutus y tutsis.

Por el momento habr¨¢ que esperar hasta mediados de este a?o, fecha prevista para iniciar los juicios de Gacaca, para ver si el novedoso sistema logra conciliar estos dos objetivos sin sacrificar los derechos humanos.

Jos¨¦ Mar¨ªa Aranaz ha trabajado en Ruanda entre 1995 y 1996.