Un Gobierno sin autoridad, un pa¨ªs inseguro

La pol¨ªtica de seguridad o, para ser preciso, la ausencia de pol¨ªtica de seguridad, se ha convertido en una muestra m¨¢s del divorcio existente entre la ciudadan¨ªa y quienes nos gobiernan. En efecto, los alcaldes, de todos los partidos pol¨ªticos, de las ¨¢reas en las que todav¨ªa no se ha efectuado el despliegue de los Mossos d'Esquadra (¨¢rea metropolitana de Barcelona, Tarragona y, especialmente, las tierras del Ebro), en el transcurso de los dos ¨²ltimos a?os, vienen denunciando la falta de efectivos policiales, del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil, en sus municipios.

Por un lado tenemos el Gobierno del Estado que reduce apresuradamente sus efectivos policiales en Catalu?a, argumentando el traspaso de estas competencias a la Generalitat; y por otra parte tenemos al Gobierno aut¨®nomo que, hasta ahora, no parece haber tenido demasiada prisa en completar el despliegue de los Mossos, en contraste con las prisas en obtener de la Administraci¨®n del Estado ¨¦sta y otras competencias. En definitiva, unos por otros y la casa, Catalu?a, sin seguridad. CiU y PP no son capaces de asegurar un servicio p¨²blico de seguridad ciudadana en todo el territorio de Catalu?a. Un hecho que inquieta grandemente a la ciudadan¨ªa.

La situaci¨®n actual es que donde se ha realizado el despliegue de los Mossos d'Esquadra las ratios de polic¨ªas por cada 1.000 habitantes se cumplen. As¨ª, Manresa ostenta una ratio de 4 por 1.000. Contrariamente, donde todav¨ªa no se ha producido el despliegue, en los ¨²ltimos dos a?os la ratio est¨¢ muy por debajo de lo que deber¨ªa ser. Por ejemplo, Vilanova i la Geltr¨², con una poblaci¨®n similar a la de la citada Manresa, tiene una ratio de s¨®lo 0,7 por 1.000. La cuesti¨®n est¨¢ en que los ciudadanos, residentes en cualquier municipio, tienen derecho a igual grado de protecci¨®n por los diferentes cuerpos policiales, auton¨®micos o estatales.

Se ha llegado a esta situaci¨®n, fundamentalmente, por omisi¨®n por parte del Gobierno de la Generalitat. ?ste es responsable de la seguridad ciudadana en Catalu?a. Dispone de mecanismos de coordinaci¨®n y colaboraci¨®n entre los diferentes cuerpos policiales, como la Junta de Seguridad de Catalu?a. Y manifiesta, cada vez con mayor desparpajo, unas supuestas relaciones privilegiadas con el Gobierno de Madrid que lo hacen, o deber¨ªan hacerlo, capaz de resolver una cuesti¨®n sobre la que la ciudadan¨ªa manifiesta un creciente grado de inquietud y preocupaci¨®n.

De manera que una cosa es que el consejero de Interior haya procedido a un despliegue correcto de los Mossos, all¨¢ donde lo ha hecho, y otra que manifieste una igual dedicaci¨®n a completar el despliegue en todo el territorio de Catalu?a, o, en su defecto, a conseguir de su socio madrile?o el mantenimiento de unas dotaciones de polic¨ªa adecuadas all¨ª donde todav¨ªa no ha podido, o no ha sabido llegar. No haberlo conseguido es su exclusiva responsabilidad. Entretanto, la inseguridad crece acerc¨¢ndonos, peligrosamente, a escenarios como los de Valencia o Madrid, ejemplos, donde los haya, de una ausencia clamorosa de servicios y pol¨ªticas de seguridad.

Por todo ello hemos propuesto al Departamento de Interior rehacer el consenso sobre estas cuestiones, comenzando por el reconocimiento del diagn¨®stico formulado por los socialistas de Catalu?a. Queremos que el Gobierno catal¨¢n asuma sus responsabilidades. Que el consejero Xavier Pom¨¦s asuma el mando efectivo, es decir ¨²nico, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalu?a y que a trav¨¦s de la Junta de Seguridad de Catalu?a, u otro organismo similar con competencias de coordinaci¨®n, ejerza esa autoridad, para realizar la funci¨®n que le corresponde: garantizar a todos los catalanes el mismo derecho a la seguridad, en forma del mismo grado de protecci¨®n.

Hemos apoyado una resoluci¨®n del Parlament de Catalunya que demanda 3.000 polic¨ªas m¨¢s, de manera que se asegure la ratio de 4,4 polic¨ªas por cada 1.000 habitantes. Velaremos por el cumplimiento de tal resoluci¨®n. Esperemos que en esta ocasi¨®n el Gobierno catal¨¢n y el Gobierno estatal cumplan con sus compromisos. Durante los dos ¨²ltimos a?os, sin embargo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se van de Catalu?a. No se cubren las vacantes habidas y la nueva polic¨ªa de Catalu?a todav¨ªa no llega. Vivimos, pues, en una situaci¨®n insostenible, agravada, en ocasiones, por la falta de entusiasmo en intervenir en situaciones conflictivas, y, en otras, por un exceso en la intervenci¨®n.

Tenemos una burocracia policial pero no un modelo policial. Un modelo del que deber¨ªan formar parte pol¨ªticas transversales de vivienda, de educaci¨®n y escolaridad, de atenci¨®n social, etc¨¦tera, que son responsabilidad, tambi¨¦n, del consejero de Interior, en sinton¨ªa solidaria con el Gobierno del que forma parte. Lamentablemente, a pesar del consenso ofrecido por los socialistas, el Ejecutivo catal¨¢n no parece capaz de llevarla a cabo. El consejero Pom¨¦s es consciente del problema, pero tiene las manos atadas por sus socios del Partido Popular. Porque, de hecho, forma parte de un Gobierno obsesionado por la, ya m¨¢s cercana, cita electoral, subordinando en todo momento su acci¨®n al apoyo de los populares. Un Gobierno sin autoridad en un pa¨ªs inseguro. Debemos cambiarlo.

Antoni Siurana Zaragoza, alcalde de Lleida y consejero alternativo de gobernaci¨®n e interior.