El error Aznar

I. El expediente de acudir al decretazo para aprobar la contrarreforma laboral no es s¨®lo un acto autoritario y una provocaci¨®n del Gobierno. Es, sobre todo, un ataque directo al derecho fundamental a la huelga (ex. art. 28 de la CE), contenido esencial de la libertad sindical, al enfrentar la iniciativa de CC OO y UGT con el Parlamento, intentando as¨ª deslegitimar y yugular la huelga general. Decisi¨®n in¨¦dita en los anales de la democracia, que ni tan siquiera Berlusconi ha tomado en Italia. La supuesta urgencia de las medidas es una evidente falacia y se utiliza as¨ª el decreto-ley de manera anticonstitucional, pues la norma suprema contempla esta v¨ªa cuando se dan razones de extraordinaria y urgente necesidad, que no aparecen por ninguna parte. Pero la gravedad de la decisi¨®n no acaba aqu¨ª. Si, como es previsible, los sindicatos mantienen su convocatoria, incluso con mayor empe?o, y la huelga es un ¨¦xito, ser¨¢ el propio Parlamento el que no quedar¨¢ en buen lugar. Toda una lecci¨®n de imprudencia pol¨ªtica por parte del presidente del Gobierno.

II. Ahora bien, ?por qu¨¦ Aznar rompe el di¨¢logo social despu¨¦s de seis a?os de entendimiento con los sindicatos?; ?por qu¨¦ tira por la borda uno de los capitales m¨¢s importantes de su gesti¨®n precisamente cuando la econom¨ªa necesitar¨ªa m¨¢s del di¨¢logo social, con la inflaci¨®n y el paro descontrolados? Porque la realidad es que durante estos a?os las relaciones entre el Gobierno y las centrales hab¨ªan sido fluidas e incluso excelentes. Se han pactado una porci¨®n de acuerdos sobre diferentes materias de alcance social y la postura sindical ha contribuido como pocas al crecimiento econ¨®mico. Hasta tal punto ha sido as¨ª que algunos hab¨ªan llegado a pensar que los sindicatos estaban domesticados o que, en todo caso, se encontraban desaparecidos e incapaces de reaccionar ante posibles envites del poder. La divisi¨®n sindical en el acuerdo de las pensiones abundaba en esta impresi¨®n.

Se puede sostener, con conocimiento de causa, que Aznar estaba convencido de que los sindicatos no convocar¨ªan la huelga general; que, como otras veces, negociar¨ªan, en esta ocasi¨®n a la baja, y que con unas cuantas concesiones de menor cuant¨ªa se podr¨ªa llegar a alg¨²n apa?o. En cualquier caso, si los sindicatos se encabritaban, fracasar¨ªan en su intento y quedar¨ªan debilitados para bastante tiempo. Es decir, o sumisos o rotos, que es como a la derecha le gusta ver a los sindicatos, seg¨²n el modelo Thatcher. Craso error de c¨¢lculo, como ha empezado a demostrar el caso italiano, han evidenciado los metal¨²rgicos alemanes y ya veremos qu¨¦ sucede en Espa?a, pues no todo va a concluir el 20 J.

III. La desgracia es que tenemos un presidente del Gobierno que confunde las rigideces del sistema con su propia rigidez. Se le ha metido en la cabeza la, en principio, loable idea de alcanzar el pleno empleo y para ello hay dos v¨ªas bastante obvias: o se crea empleo o se practica la eutanasia del parado. La primera v¨ªa es, sin duda, la sana y correcta, pero se aleja cada vez m¨¢s de las posibilidades del Gobierno debido a la flojera de la econom¨ªa, que no es capaz, ahora, de crear empleo neto. La otra ruta es la escogida por el Gobierno con estas contrarreformas laborales. Con mayor¨ªa absoluta, la presidencia de la UE, un giro a la derecha sin precedentes en Europa y la izquierda a la defensiva, ?por qu¨¦ no empezar a desmontar el 'r¨ªgido' modelo social europeo y sustituirlo por otro m¨¢s desregulado y liberal? Las privatizaciones ad nauseam; la bajada de impuestos a los pudientes; el d¨¦ficit cero a costa del deterioro de los servicios p¨²blicos; la prima a la ense?anza privada, son otros tantos hitos en la misma direcci¨®n. Ahora le tocaba el turno al mercado laboral. El Gobierno espa?ol iba a demostrar a Europa c¨®mo hay que hacer las cosas, y ?por qu¨¦ no postular despu¨¦s a su presidente -cuando abandone el cargo- a la presidencia del Consejo Europeo, cuando ¨¦ste deje de ser rotatorio cada seis meses? Qu¨¦ peligroso puede llegar a ser un gobernante que renuncia de antemano a medirse de nuevo en las urnas. Empieza a pensar que s¨®lo es responsable ante Dios y ante la historia, es decir, ante nadie, pol¨ªticamente hablando.

IV. Luego est¨¢, c¨®mo no, la perversidad de los detalles. En el trazo grueso todo pueden ser mentiras. ?C¨®mo asumir que un parado pueda renunciar por tres veces a un puesto de trabajo y no pierda la prestaci¨®n por desempleo? As¨ª apareci¨® dicho en TVE en boca del presidente Aznar. Primero, conviene aclarar que no se trata de un 'subsidio', como sostienen ilustres ignorantes, sino de una prestaci¨®n (seguro) de desempleo contributiva, esto es, financiada por los agentes sociales y no v¨ªa impuestos-presupuesto. En segundo lugar, ?qu¨¦ es lo que se puede llegar a ofrecer al parado, seg¨²n la reforma, y que ¨¦ste ya no puede renunciar sin perder la prestaci¨®n (el 'paro')? Un contrato de trabajo temporal o a tiempo parcial, cuyo sueldo puede alcanzar el salario m¨ªnimo interprofesional, el puesto de trabajo ubicado hasta 30 km del lugar de residencia y en que el transporte pueda suponer el 20% del sueldo. Es decir, 85.838 pesetas (516 euros) al mes, esto es una miseria. ?Por qu¨¦ tiene que aceptarse una cosa as¨ª? ?C¨®mo asumir que un derecho subjetivo del trabajador como es el seguro de paro se transforme en un acto discrecional de la Administraci¨®n (Inem)?

A¨²n m¨¢s grave, si cabe, es la eliminaci¨®n de los salarios que el trabajador recibe, cuando es despedido ilegalmente, entre el momento del cese y la sentencia del juez. El retoque de ¨²ltima hora que consiste en dejar fuera de esta regla los casos de readmisi¨®n del trabajador en la empresa es un sarcasmo, pues la decisi¨®n de readmitir o no queda en manos del empresario, salvo en los despidos nulos -atentados a los derechos fundamentales-. Esta medida supone facilitar y abaratar el despido hasta l¨ªmites inconcebibles. Significa, de entrada, expropiarles a los asalariados 84.000 millones de pesetas, que se repartir¨¢n, amigablemente, entre la Administraci¨®n y los empresarios. Adem¨¢s, como desde el primer d¨ªa del despido se cobrar¨¢ el 'paro', el dinero a percibir ser¨¢ menor que antes -el 70% y 60% de la base reguladora- y, por otra parte, el afectado ir¨¢ agotando la prestaci¨®n por desempleo, bastante antes que en la actualidad. Por si fuera poco, muchos se quedar¨¢n sin nada, pues esos salarios de tramitaci¨®n -una media de 4 meses- les eran imprescindibles para cubrir el periodo de cotizaci¨®n m¨ªnimo -360 d¨ªas- para generar derecho a la prestaci¨®n. Por ¨²ltimo, desde la mera legalidad democr¨¢tica supone una quiebra del principio de reparaci¨®n del da?o de nuestro C¨®digo Civil. Si un juez declara que el despido ha sido contrario a derecho es aberrante que se exonere al que cometi¨® el il¨ªcito laboral -la empresa- del pago de los salarios y se traspase a los propios trabajadores el adeudo del acto ilegal. Hace tiempo que a los empresarios se les redujo la factura por este concepto s¨®lo a 60 d¨ªas de salarios, pues lo que sobrepasa de ese per¨ªodo se hace cargo el Estado. Ahora ya ni los 60 d¨ªas,

con lo que el despido se convierte no s¨®lo en libre -que ya lo era-, sino tambi¨¦n en pr¨¢cticamente gratuito en contratados con escasa antig¨¹edad.

La desaparici¨®n, hacia el futuro, del PER significa una tragedia para Andaluc¨ªa y Extremadura. La creaci¨®n de un sistema contributivo para los eventuales del campo, que a partir de ahora deber¨¢n reunir un a?o de cotizaciones para tener derecho al desempleo es condici¨®n diab¨®lica dada la severa eventualidad que afecta a los jornaleros. Igualmente crudo es quitarles a los fijos discontinuos -abundantes en Baleares, Canarias, etc¨¦tera- la posibilidad del desempleo en las condiciones que ven¨ªan disfrut¨¢ndolo. O contabilizar la vivienda o la indemnizaci¨®n que recibieron en su d¨ªa a efectos de renta incompatible, con el fin de que los mayores de 52 a?os no cobren el subsidio de desempleo.

V. Es dif¨ªcil predecir si la huelga tendr¨¢ ¨¦xito o no. Sin duda, el Gobierno pondr¨¢ toda la fuerza de que dispone: decreto-ley; servicios m¨ªnimos abusivos; medios de comunicaci¨®n afines; polic¨ªa, y ¨¦sta vez los empresarios no ser¨¢n complacientes. Pero las razones de los sindicatos son poderosas y la gente sabe lo que se juega. Es probable que al final haya una guerra de cifras con el fin de demostrar el ¨¦xito o el fracaso de la convocatoria. Pero, m¨¢s all¨¢ de esta cuesti¨®n, una cosa est¨¢ garantizada: el error de Aznar supone la ruptura de la paz social y el inicio de una larga enemistad. La ventaja de la democracia es que todo es reparable con el tiempo. Y las urnas son un buen recept¨¢culo de las reparaciones.

Nicol¨¢s Sartorius es abogado y vicepresidente ejecutivo de la Fundaci¨®n Alternativas.