Cerco al humo

El tabaco mata y su consumo representa un coste social y sanitario especialmente oneroso e injustificable. Este mensaje inspira el plan que prepara el Ministerio de Sanidad contra el consumo de tabaco y que constituye una vuelta de tuerca m¨¢s en la pol¨ªtica de las administraciones de ampliar cada vez m¨¢s las zonas p¨²blicas liberadas de humo, al tiempo que se hace recular a los fumadores hacia zonas espec¨ªficas donde cultivar su vicio. Es posible que antes de fin de a?o los espacios sin humo lleguen a empresas, hoteles, restaurantes y centros de esparcimiento y ocio, se restrinja hasta casi desaparecer la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco y se instaure una pol¨ªtica de precios espec¨ªficamente orientada a disuadir de su consumo.

Ninguna cr¨ªtica de fondo cabe hacer a las pol¨ªticas p¨²blicas tendentes a restringir el consumo del tabaco y a prevenir sus efectos. Su justificaci¨®n es s¨®lida: garantizar el derecho a la salud publica de la poblaci¨®n e impedir que terceras personas no fumadoras sean intoxicadas por quienes asumen el riesgo individual de intoxicarse placenteramente con el humo de su cigarrillo. Hay que huir, en todo caso, de cualquier amago de criminalizar al fumador o de afearle socialmente su conducta. Se trata de impedir, por ley, que el fumador haga fumar a su pr¨®jimo.

No es incompatible con el respeto a la libertad del fumador gravar cada vez m¨¢s econ¨®micamente su particular costumbre. Aparte de su posible efecto disuasorio, sobre todo entre los adolescentes y j¨®venes no iniciados, una pol¨ªtica de precios al alza debe servir para que el fumador contribuya en mayor proporci¨®n al coste que su h¨¢bito supone para la sanidad p¨²blica, cifrado en unos 3.500 millones de euros anuales. En este sentido, es novedosa la propuesta de excluir el tabaco de la cesta de productos del IPC para poder usar m¨¢s libremante su precio como arma disuasoria frente a su consumo. Esta medida, explicable por el fuerte impacto que el tabaco tiene en el IPC espa?ol (4%, frente a una media del 2,6% en la UE), deber¨ªa disociarse, en lo posible, de la pol¨ªtica fiscal sobre el tabaco, cuya ambig¨¹edad ha hecho dudar a veces de si no buscaba potenciar su consumo para recaudar m¨¢s.

Pero ninguna pol¨ªtica prohibicionista basta por s¨ª sola para erradicar un h¨¢bito practicado actualmente por el 27,2% de las mujeres espa?olas y por el 42,1% de los hombres. Si se parte del dato de que el 80% de los fumadores desea dejar el h¨¢bito en alg¨²n momento, es indispensable que las administraciones pongan a su disposici¨®n programas de prevenci¨®n y de tratamiento efectivos y, a ser posible, gratuitos.