Quien contamina, paga

El debate sobre la fiscalidad ambiental ha irrumpido en Espa?a de la mano de la mal llamada ecotasa balear. Se trata de una acci¨®n significativa y progresista orientada a reparar da?os ambientales mediante una financiaci¨®n destinada directamente a la mejora del medio ambiente y los recursos naturales.

Su justificaci¨®n y transparencia son tan evidentes que la pol¨¦mica generada s¨®lo se explica por la combinaci¨®n de motivos pol¨ªticos e inercias hist¨®ricas que s¨®lo ven en el turismo un factor de desarrollo y crecimiento econ¨®mico al que le est¨¢ permitido pasar por encima de cualquier planificaci¨®n. El Gobierno insular ha argumentado excelentemente por qu¨¦ la ecotasa es una operaci¨®n estrat¨¦gica para proteger las islas y preservar el turismo en un futuro.

La virulencia del debate ha puesto de manifiesto, no obstante, el poco o nulo uso de las pol¨ªticas fiscales al servicio del medio ambiente y la sostenibilidad en Espa?a. Mientras que en buena parte de Europa se han ensayado hace alg¨²n tiempo instrumentos fiscales para ayudar a caminar en la direcci¨®n sostenible (el caso alem¨¢n es el m¨¢s conocido y trascendente), en este pa¨ªs el debate brilla por su ausencia.

Dejemos claro desde el principio que, a diferencia de la balear, las ecotasas no son instrumentos recaudatorios, sino mecanismos dirigidos a modificar pautas y h¨¢bitos de consumo para hacerlos m¨¢s sostenibles. El gravamen sobre determinadas energ¨ªas f¨®siles y contaminantes tiene como principal objetivo reducir su consumo y estimular el ahorro o el uso de otras fuentes renovables y limpias. As¨ª podr¨ªamos continuar con otros ejemplos (sobre el consumo de agua o la generaci¨®n de residuos, pongamos por caso) en los que la fiscalidad ambiental puede actuar como est¨ªmulo / penalizaci¨®n, contribuyendo a los fines de un desarrollo m¨¢s sostenible.

Diferentes sectores ecologistas y acad¨¦micos constatan que uno de los problemas de la insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo se debe a la externalizaci¨®n de los costes ambientales. Los gastos del tratamiento de los residuos, de la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica, del impacto de comunicaciones y urbanizaci¨®n sobre el medio ambiente o de la movilidad y el transporte sobre el cambio clim¨¢tico no van incorporados a su coste real y no se ven reflejados en su precio. En el mejor de los casos, los pagamos entre todos. En el peor, no se pagan, como ponen de manifiesto algunas cat¨¢strofes ambientales.

La introducci¨®n de par¨¢metros ambientales es hoy ya una necesidad que no podemos rehuir. Necesitamos lo que se ha llamado un reforma fiscal ecol¨®gica para internalizar costes ambientales y, gracias a ello, estimular cambios de comportamiento en la sociedad. Cambios que vayan dirigidos hacia patrones de producci¨®n y consumo m¨¢s ecol¨®gicos, m¨¢s sostenibles.

Una reforma fiscal de este tipo no tiene que suponer, como se dice malintencionadamente, aumentar la presi¨®n fiscal, porque de lo que se trata es de modificar las estructuras de nuestros sistemas tributarios incorporando la variable ambiental. En el caso alem¨¢n, ya citado, el aumento que han supuesto las ecotasas viene compensado directamente por la rebaja en los impuestos sobre la ocupaci¨®n. Es un excelente ejemplo de cambio de estructura (estimular el empleo reduciendo impuestos y estimular el ahorro energ¨¦tico aumentando la presi¨®n fiscal) con un resultado final equilibrado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado hace poco un estudio exploratorio para introducir la tributaci¨®n ambiental en esta ciudad. Se trata de contribuir al debate, pero tambi¨¦n de estudiar una reforma gradual de la tributaci¨®n local que responda al objetivo de ambientalizar los impuestos.

El estudio, realizado por expertos y profesores universitarios, se?ala que mientras que las emisiones de efecto invernadero (medidas en toneladas de CO2) de la ciudad se producen en tres partes relativamente iguales entre las actividades relacionadas

con el espacio edificado, el espacio viario y los residuos, la procedencia de los ingresos locales recae en primer lugar sobre el espacio edificado (73,4%), en segundo lugar (23,2%) sobre el tr¨¢fico y la movilidad y en tercer lugar (3,4%) sobre los residuos.

No hay correlaci¨®n entre costes ambientales y tributos locales en el ¨¢mbito local por la sencilla raz¨®n de que esta variable no ha sido prevista nunca. Tampoco se pretende que exista una correlaci¨®n directa: en las estructuras fiscales hay otras variables que tienen su peso, entre las que destacan la progresividad y la equidad.

No obstante, parece claro que existe un amplio margen de maniobra para incorporar las pol¨ªticas fiscales al conjunto de pol¨ªticas p¨²blicas a favor de un desarrollo m¨¢s sostenible. El tan citado principio de 'quien contamina, paga' tiene que ser puesto en pr¨¢ctica no para recaudar m¨¢s, sino para reducir la contaminaci¨®n. El valor de la fiscalidad para incentivar cambios positivos de comportamiento es innegable e incorpora, a su vez, una mayor capacidad anal¨ªtica para fijar precios m¨¢s reales. Las premisas de este debate en el ¨¢mbito local est¨¢n abiertas: introducir progresivamente una fiscalidad ambiental sin aumentar la presi¨®n fiscal y hacerlo sin crear nuevas figuras impositivas, sino ambientalizando los impuestos existentes (IBI, IAE, impuesto de veh¨ªculos, etc¨¦tera).

El ahorro energ¨¦tico, la minimizaci¨®n de residuos o la utilizaci¨®n del transporte p¨²blico son elementos clave para el cambio sostenible y, por tanto, tienen que gozar del est¨ªmulo fiscal o, en su caso, de la presi¨®n disuasoria.

Imma Mayol es cuarta teniente de alcalde y presidenta del grupo municipal de ICV en el Ayuntamiento de Barcelona.