Agricultores, jornaleros y Estado de bienestar

Los medios de comunicaci¨®n no suelen prestar mucha atenci¨®n a las noticias relacionadas con la agricultura y el medio rural. Pero estos d¨ªas se est¨¢n aventando ante la opini¨®n p¨²blica algunos hechos como 'las subvenciones que percibe la agricultura y su desigual reparto', 'la supresi¨®n del Plan de Empleo Rural (PER)', y 'las denuncias ante Bruselas por la distribuci¨®n de los fondos para el desarrollo rural', cuyo alcance y contenido merecen ser conocidos con claridad. Todos ellos inciden en la demolici¨®n del llamado Estado de bienestar.

El hecho de que la agricultura europea est¨¢ muy subvencionada es algo sabido. En realidad ¨¦sta ha sido una de las ventajas de nuestra incorporaci¨®n a la CEE. Estas subvenciones constituyen una parte importante de los ingresos de nuestra actividad agraria (en 2001 superaron los 4.800 millones de euros, el 22% de la renta agraria), al igual que lo est¨¢ siendo para los agricultores de los restantes pa¨ªses de la UE. La cuesti¨®n es que, por diversas razones (presupuestarias, acuerdos comerciales internacionales, crisis de inseguridad alimentaria), este flujo de fondos va a tener que reducirse y, adem¨¢s, ha perdido parte de su legitimaci¨®n econ¨®mica y social originaria.

Las subvenciones en 2001 superaron los 4.800 millones, el 22% de la renta agraria

El PER ha ofrecido unos resultados positivos en t¨¦rminos de estabilidad social

Reparto desigual

El desigual sistema de reparto de las subvenciones resulta especialmente escandaloso en pa¨ªses como el nuestro, con una estructura productiva muy desequilibrada (un 5% de explotaciones agrarias grandes o muy grandes econ¨®micamente viables aunque no tuvieran ayudas, un 30% de peque?as y medianas explotaciones que necesitan alcanzar o consolidar su viabilidad y un 65% de explotaciones marginales), cuando se constata que la mayor parte de los fondos es acaparada por un n¨²mero muy reducido de explotaciones (s¨®lo un 2% de beneficiarios recibe un tercio del importe total).

Por ello, cuando desde 1999 existe la posibilidad de que los Estados mejoren voluntariamente este sistema (la llamada 'modulaci¨®n' de las ayudas), no se justifica que en nuestro pa¨ªs haya seguido sin aplicarse.

Sin duda va a ser necesario que se declare obligatoria la 'modulaci¨®n' en toda la Uni¨®n Europea. Pero esta medida no s¨®lo es necesaria por razones de equidad, sino porque permitir¨¢ liberar fondos que estimulan producciones a menudo excedentarias, pudiendo ser mejor utilizados en conseguir una agricultura m¨¢s respetuosa con el medio ambiente y en financiar m¨¢s programas de desarrollo rural. Pues, una vez asegurado el abastecimiento alimentario, el reto actual es mejorar su seguridad (la calidad alimentaria), y un desarrollo econ¨®mico espacialmente m¨¢s equilibrado en favor de las extensas zonas rurales. Si al mismo tiempo se establecieran intercambios comerciales m¨¢s justos con los pa¨ªses en desarrollo exportadores de alimentos (y de mano de obra), el efecto neto de la medida ser¨ªa a¨²n m¨¢s beneficioso.

Otro hecho especialmente destacable es la supresi¨®n del sistema de protecci¨®n por desempleo de los jornaleros eventuales agrarios. Estos asalariados eventuales constituyen un inmenso colectivo (unos 700.000 afiliados a la Seguridad Social Agraria por cuenta ajena, sin contar con otros 100.000 inmigrantes irregulares que carecen de papeles en un 75%, seg¨²n fuentes sindicales), y en Andaluc¨ªa y Extremadura configuran uno de los grupos profesionales m¨¢s importantes, aunque su presencia tambi¨¦n es significativa en otras comunidades aut¨®nomas.

Como se sabe, los efectos de la modernizaci¨®n de la agricultura han sido muy duros para los jornaleros, que ni siquiera han contado con una pol¨ªtica agraria com¨²n (PAC) omnipresente y protectora. Por ello, cuando en 1984 se cre¨® el Plan de Empleo Rural (el PER, formado por la suma de un subsidio agrario no contributivo, inversiones p¨²blicas generadoras de empleo inmediato y cursos de formaci¨®n ocupacional), se establecieron unas m¨ªnimas condiciones de cobertura socioecon¨®mica en un sector que carec¨ªa de seguro de desempleo.

Ciertamente el sistema PER ha conocido un ¨¦xito excesivo, pues, adem¨¢s de servir de ayuda a los parados de origen agrario, ha incorporado a otros colectivos rurales en busca de un empleo cada vez m¨¢s imposible en la agricultura (con exclusi¨®n de las zonas de la nueva agricultura industrial). De este modo, los beneficiarios y el gasto, en particular en subsidio agrario, han aumentado a?o tras a?o (en 2000 se subsidiaron 224.000 eventuales agrarios con 900 millones de euros).

Con todo, se ha tratado de un programa que ha ofrecido unos resultados netamente positivos en t¨¦rminos de estabilidad social de numerosos pueblos andaluces y extreme?os, mientras que no acababan de surgir nuevas y suficientes posibilidades de desarrollo rural. Tambi¨¦n los empresarios se han visto beneficiados, tanto por la baja conflictividad laboral existente, como por la tendencia a la baja de los salarios, reforzada por la creciente presencia de una mano de obra inmigrante y barata.

La cuesti¨®n es que la supresi¨®n de este sistema, en lugar de su mejora, no va a hacer desaparecer la enorme bolsa de paro rural existente en algunas regiones. Esta peculiar situaci¨®n es fruto de nuestra propia historia (la ausencia de una reforma agraria, que nunca existi¨®) y del atraso econ¨®mico relativo de nuestro pa¨ªs, incapaz de absorber su propia oferta de mano de obra.

El ¨²ltimo hecho proviene de que, ante las sucesivas reformas de la PAC, que implican una reducci¨®n constante del n¨²mero de agricultores, la Uni¨®n Europea ha venido aplicando diversos programas de diversificaci¨®n de la actividad econ¨®mica en el medio rural. Uno de los programas m¨¢s conocidos por su impacto medi¨¢tico ha sido el LEADER-PRODER, consistente en subvencionar peque?as inversiones municipales y privadas a nivel local (en peque?as empresas, turismo rural, valorizaci¨®n del patrimonio rural), que sirvan de ejemplo e incentivo para otras iniciativas econ¨®micas.

Programas eficientes

La importancia de este tipo de programas no guarda relaci¨®n con su dotaci¨®n financiera (unos 500 millones de euros para el periodo 2000-2006), sino por su dispersi¨®n territorial (unas 230 comarcas fueron beneficiarias en el periodo anterior 1994-1999, que supusieron el 61% de los municipios, el 68% de la superficie y el 22% de la poblaci¨®n del pa¨ªs). De este modo, a pesar de su exigua dotaci¨®n por comarca, en numerosas zonas rurales se consiguieron resultados apreciables.

Sin embargo, en muchos casos la definici¨®n de las zonas beneficiarias se ha visto seriamente orientada no por su idoneidad para el ¨¦xito de los planes comarcales de desarrollo rural, sino por simples consideraciones de car¨¢cter pol¨ªtico ('clientelismo'). Con ello se ha puesto en evidencia una enorme falta de eficacia (mala gesti¨®n) y de eficiencia (escasez de resultados). De otro modo, los fondos se gastan pero no se consiguen los efectos necesarios para el desarrollo econ¨®mico rural, lo cual es especialmente grave en un pa¨ªs como Espa?a, que carece de una pol¨ªtica rural propia.

Estos tres hechos est¨¢n estrechamente relacionados entre s¨ª, en la medida en que afectan a las posibilidades de desarrollo presentes y futuras de nuestro medio rural. Pero, sobre todo, en sus aspectos m¨¢s criticables, muestran tres maneras distintas de atentar contra el mantenimiento de nuestro ya d¨¦bil Estado de bienestar.

Jes¨²s G. Regidor es profesor de Econom¨ªa Agraria y Desarrollo Rural, Universidad Aut¨®noma de Madrid.