C¨®mo medir a un discapacitado

La puesta en pr¨¢ctica del fallo del Tribunal Supremo de EE UU aboliendo las ejecuciones de discapacitados mentales le corresponde ahora a los Estados. Y todo parece indicar que al final del proceso las diferencias pueden ser notables. De momento se ha desencadenado una batalla por las definiciones de lo que es un discapacidad mental y de la edad l¨ªmite en la que se debe diagnosticar el retraso para que sea un argumento legal v¨¢lido. Las definiciones son cruciales tanto para amparar a quienes verdaderamente sufren de alg¨²n grado de discapacitaci¨®n como para evitar los abusos de manipulaci¨®n de los coeficientes mentales.

La hip¨®tesis de la falsificaci¨®n de los coeficientes la adujo en un ap¨¦ndice del fallo uno de los tres magistrados que votaron en contra el jueves. Antonin Scalia, de ideas ultraconservadoras, dec¨ªa que 'los s¨ªntomas se pueden fingir'. De sus palabras se hizo eco ayer, entre otros, el presidente de la Fundaci¨®n Nacional de Justicia Criminal, Michael Rushford, advirtiendo de que 'todo lo que tiene que hacer un condenado a muerte cuando le hagan las pruebas de inteligencia es decir que ve un cuadrado donde hay un c¨ªrculo'.

Las voces que aplauden el hist¨®rico fallo, que son mucho m¨¢s numerosas que las de los detractores y reflejan a su vez el sentir general del pueblo norteamericano, se?alan sin embargo que existen mecanismos suficientes para contrarrestar los potenciales abusos. Uno de ellos es que el diagn¨®stico de retraso se hubiera hecho en la ni?ez o adolescencia del condenado, requisito que ya usan muchos de los 18 Estados que ya han abolido la pena de muerte para discapacitados.

?Pero cu¨¢l es la edad l¨ªmite para ese diagn¨®stico, 16, 18 o 20 a?os?. ?Y cu¨¢l es el coeficiente intelectual (CI) m¨ªnimo para calificar a alguien como discapacitado? Convencionalmente, las asociaciones de psiquiatr¨ªa y psicolog¨ªa de EE UU han considerado el CI inferior a 70 como s¨ªntoma de retraso mental y 18 a?os la edad l¨ªmite. Daryl Renard Atkins, el condenado del Estado de Virginia cuyo caso propici¨® el dictamen del Supremo, tiene un coeficiente de 59.

A Atkins y a otros entre 200 y 300 condenados en EE UU les ser¨¢n ahora conmutadas sus sentencias. Cientos m¨¢s, seg¨²n los juristas, podr¨ªan apelar sus condenas esgrimiendo discapacidad, aunque todo depende de c¨®mo articulen los Estados la decisi¨®n del Supremo. El dictamen sin embargo llega tarde para los 35 ejecutados que sufr¨ªan alg¨²n grado de discapacidad. El ¨²ltimo fue un hispano, Oliver Cruz, en agosto del 2000 en Tejas. Cruz ten¨ªa un coeficiente entre 65 y 78, y al igual que otros casos ten¨ªa dificultades de lenguaje, comunicaci¨®n y sentido de la l¨®gica. Seg¨²n las organizaciones de derechos humanos, la mayor¨ªa tiene tambi¨¦n dificultad para entender conceptos abstractos y morales. Human Righs Watch cita el ejemplo de Morris Mason, ejecutado en Virginia en 1985 por violaci¨®n y asesinato. Mason, que ten¨ªa un CI de 62 a 66, le pregunt¨® sonriente a su abogado que qu¨¦ deb¨ªa vestir el d¨ªa de su ejecuci¨®n.