Un juez de EE UU declara inconstitucional la pena de muerte por delitos federales

Por primera vez desde que se restableci¨® la pena capital en EE UU en 1976 un juez federal la declar¨® ayer inconstitucional. Aunque la sentencia s¨®lo afecta a los condenados por delitos federales -27 del total de 3.700 presos en los corredores de la muerte-, la repercusi¨®n simb¨®lica es enorme, dado el creciente clima social a favor de la abolici¨®n, que en parte qued¨® ratificado la semana pasada por dos sentencias del Tribunal Supremo anulando la pena capital para los discapacitados mentales y otorg¨¢ndole a los jurados, en vez de a los jueces, la autoridad para imponer condenas.

A diferencia del fallo de ayer del juez Jed Rakoff, los del Supremo no cuestionaron la constitucionalidad de la pena de muerte, sino que aludieron a 'la evoluci¨®n de las normas de decencia'. El juez federal, sin embargo, sustent¨® su decisi¨®n en la violaci¨®n de los derechos procesales afirmando que demasiados inocentes hab¨ªan sido sentenciados a muerte. 'La pena capital priva a los inocentes de una importante oportunidad de demostrar su inocencia y crea un riesgo innecesario de ejecutarles', escribi¨® Rakoff en su dictamen de 28 p¨¢ginas, extrapolando su decisi¨®n al ¨¢mbito nacional, al menos filos¨®ficamente. Desde que la pena de muerte por delitos federales se reinstaur¨® en 1994 s¨®lo dos reos han sido ejecutados, Timothy McVeigh, el terrorista que puso la bomba en un edificio federal de Oklahoma matando a cientos de personas, y Juan Ra¨²l Garza, un hispano de Tejas que asesin¨® a tres narcotraficantes. Por delitos estatales se han ejecutado 784 personas en los 38 Estados en los que est¨¢ vigente desde que se reinstaur¨® a escala nacional en 1976.

La decisi¨®n de ayer liber¨® por el momento de la ejecuci¨®n a dos hispanos, Alan Qui?ones y Diego Rodr¨ªguez, presuntos c¨®mplices en el asesinato de un informante de la DEA. La v¨ªctima, Edwin Santiago, que hab¨ªa alertado a los agentes sobre el negocio de venta y distribuci¨®n de droga de los acusados, muri¨® torturado en Nueva York el 27 de junio de 1999. El Gobierno federal se?al¨® ayer que recurrir¨ªa la sentencia del juez Rakoff.

Independientemente del debate de opini¨®n sobre la moralidad de la pena de muerte, las estad¨ªsticas han demostrado en los ¨²ltimos a?os que el sistema est¨¢ plagado de errores. Al menos 96 condenados se han salvado en ¨²ltimo momento de la silla el¨¦ctrica o la inyecci¨®n letal tras probar su inocencia. La defensa de oficio deja mucho que desear; en algunos casos los abogados se han dormido en el juicio o han dejado de presentar pruebas que hubieran exonerado a sus clientes. Por otra parte, han salido a la luz las disparidades geogr¨¢ficas o ¨¦tnicas en la aplicaci¨®n de la pena de muerte, en perjuicio de los afroamericanos y en los estados sure?os, como Tejas y Florida.

Sentencias anuladas

En Arizona, el Estado que dio origen al dictamen de la semana pasada del Supremo anulando las condenas impuestas por jueces, en vez de por jurados, la tasa de error es la m¨¢s elevada de EE UU: un 79% de las sentencias de ejecuci¨®n han sido anuladas en los ¨²ltimos a?os por distintos fallos procesales.

La cadena de errores ha inclinado la balanza de la opinion p¨²blica a favor de una revisi¨®n del sistema, aunque hay otros factores que han contribuido como 'la ineficacia, el alto costo y la inmoralidad', seg¨²n un estudio del Centro Nacional sobre la Pena de Muerte. En esencia, las encuestas muestran que los norteamericanos apoyan la pena capital, pero quieren al mismo tiempo tener las conciencias 'limpias' y limitar las ejecuciones a 'los peores de los peores criminales'. El 65% s¨®lo apoya la pena de muerte cuando no hay otra alternativa y el 94% cree que muchos condenados son inocentes.

Wayne Smith, director del Proyecto Justicia, subraya que 'la pregunta ya no es si el sistema de justicia est¨¢ roto, sino cu¨¢ndo lo vamos a arreglar'. Existe consenso en la necesidad de reforma, no en la manera de hacerlo. Dos gobernadores, el de de Illinois y el de Maryland, ya han dado pasos significativos dejando en suspenso la pena capital hasta 'limpiar el sistema de errores'.

Al menos en otros 14 Estados se ha iniciado igualmente un proceso de revisi¨®n, al tiempo que el Congreso debate una ley para hacer asequible las pruebas de ADN a todos los condenados, que cuenta con apoyo republicano y dem¨®crata.

En palabras de Wayne Smith, quiz¨¢ el indicio m¨¢s elocuente de c¨®mo han cambiado los tiempos es el apoyo a la reforma del congresista ultraconservador Dan Burton: 'Es definitivamente la prueba de que el sistema est¨¢ roto'.