La Junta aprueba iniciar el proceso civil contra Boliden para recuperar el coste del vertido t¨®xico

Los tribunales acordaron que el vertido t¨®xico no tiene responsables penales, pero la Consejer¨ªa de Medio Ambiente considera que s¨ª existen responsables econ¨®micos de los da?os ecol¨®gicos generados por la rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar, propiedad de Boliden Apirsa. Con esta premisa, el Consejo de Gobierno aprob¨® ayer el inicio de acciones civiles contra la empresa minera para tratar de recuperar el dinero destinado a descontaminar y retirar los lodos t¨®xicos de la zona afectada. 'Tenemos que llegar hasta el final', defendi¨® ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. Su departamento estudia tambi¨¦n la reapertura del expediente administrativo contra Boliden, congelado cuando se abri¨® la v¨ªa penal.

El Gobierno andaluz destin¨® m¨¢s de 152 millones de euros (25.000 millones de pesetas) a remediar la cat¨¢strofe ecol¨®gica provocada por el vertido de seis millones de metros c¨²bicos de aguas y lodos contaminados en las cuencas de los r¨ªos Agrio y Guadiamar. En esa partida se incluyen la descontaminaci¨®n y retirada de lodos t¨®xicos y la expropiaci¨®n de parcelas agr¨ªcolas afectadas para poner en marcha el corredor verde del Guadiamar. S¨®lo la compra de fincas represent¨® un gasto de 66 millones de euros para la Consejer¨ªa de Agricultura.

La Junta pretende resarcirse, en concepto de da?os y perjuicios, de una parte del extraordinario desembolso econ¨®mico que asumi¨® tras el vertido t¨®xico con una demanda civil contra la empresa minera. 'Pretendemos hacer responsable a la empresa del gasto imprevisto que soport¨® la Junta', indic¨® ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.

En su acuerdo de ayer, el Consejo de Gobierno subray¨® que las inversiones p¨²blicas 'no se han visto correspondidas por la empresa Boliden Apirsa'. La empresa asumi¨® una peque?a parte de los costes de limpieza, pero no se ha hecho cargo de la restauraci¨®n ambiental de la mina, seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico.

Coves explic¨® que la reclamaci¨®n s¨®lo incluir¨¢ el importe de las tareas de descontaminaci¨®n y retirada de lodos, aunque los servicios jur¨ªdicos de la Junta de Andaluc¨ªa todav¨ªa no han precisado la cuant¨ªa exacta que pedir¨¢n a la multinacional. La v¨ªa civil se inicia tras la decisi¨®n de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Sevilla de desestimar el recurso de apelaci¨®n presentado por la Junta de Andaluc¨ªa contra el archivo de las actuaciones acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla).

La resoluci¨®n de la Audiencia, dictada el pasado 16 de noviembre, cerr¨® definitivamente la v¨ªa penal y abri¨® un plazo de un a?o para que puedan emprenderse acciones civiles. No obstante, Fuensanta Coves cree que no se agotar¨¢ ese tiempo y que la demanda podr¨¢ interponerse despu¨¦s del verano. En la Consejer¨ªa de Medio Ambiente defienden que el coste provocado por el vertido t¨®xico recaiga sobre la empresa propietaria de la balsa, aunque no ocultan la complejidad del proceso judicial por la suspensi¨®n de pagos de Boliden Apirsa, la filial espa?ola de la multinacional sueca Boliden Limited que explotaba las minas de Aznalc¨®llar. La intenci¨®n del Gobierno andaluz es demandar a la empresa matriz ante la imposibilidad de que su filial pueda hacer frente al pago, en el caso de que la Administraci¨®n auton¨®mica gane el pleito.

La titular de Medio Ambiente se mostr¨® partidaria de 'llegar hasta el final' y llevar incluso la demanda a tribunales internacionales 'si es necesario'. Coves tambi¨¦n se?al¨® que su departamento est¨¢ estudiando rescatar el expediente administrativo abierto tras el vertido t¨®xico, que se paraliz¨® por la presentaci¨®n de la denuncia penal contra la propietaria de las minas. Este procedimiento administrativo podr¨ªa tramitarse en paralelo a las acciones civiles.

Plan de inundaciones

El Consejo de Gobierno tambi¨¦n aprob¨® ayer un plan auton¨®mico de prevenci¨®n de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. El plan, elaborado por la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y respaldado por el Consejo Andaluz del Agua, prev¨¦ una inversi¨®n de 1.235 millones de euros (205.000 millones de pesetas) para el periodo 2002-2015, que se destinar¨¢ en su mayor parte a obras para proteger a centros urbanos del riesgo de inundaciones. El plan describe m¨¢s de un millar de zonas de actuaci¨®n, entre las que se dar¨¢ prioridad a 116 puntos negros, situados fundamentalmente en el litoral oriental (Granada, M¨¢laga y Almer¨ªa), donde el r¨¦gimen de precipitaciones y la orograf¨ªa (grandes desniveles y suelo arcilloso) provocan grandes avenidas de manera ocasional.

La consejera de Obras P¨²blicas, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, garantiz¨® que las obras preferentes que corresponden a la Junta (65) se realizar¨¢n en menos de cuatro a?os. Sobre la inversi¨®n asignada al Gobierno central (un 55% del total del plan), Guti¨¦rrez asegur¨® que su departamento se hab¨ªa limitado a consignar las actuaciones declaradas de inter¨¦s general del Estado por el Gobierno en el Plan Hidrol¨®gico Nacional y en los planes de cuenca.