Universidades: virtudes p¨²blicas y vicios privados

Con motivo del reciente informe del Observatorio de Universidades (www.crue.org), de la Conferencia de Rectores (CRUE), sobre la p¨¦rdida de peso del gasto p¨²blico en universidades, del 0,96% en 1998 al 0,84% en el a?o 2000, se ponen de manifiesto varias cuestiones.

En primer lugar, que dicho porcentaje se encuentra muy lejos de lo que dedican los EE UU a la educaci¨®n superior (2,8% del PIB) y no tan lejos de la media de la UE (1,4% del PIB). La pregunta obvia es por qu¨¦ la sociedad no percibe el valor de la educaci¨®n superior como lo hace la norteamericana. La respuesta es que las bases del enorme crecimiento de la educaci¨®n superior en Espa?a han sido poco s¨®lidas. En efecto, el crecimiento del n¨²mero de universitarios en Espa?a (1,5 millones, igual al de Alemania con el doble de poblaci¨®n) se ha sustentado sobre la construcci¨®n a destajo de nuevas universidades ampar¨¢ndose en un esquema cerrado funcionarial, con escasa o nula apertura al exterior, con muy bajas tasas universitarias y reducidos salarios a los profesores universitarios. Todo ello ha producido un gran n¨²mero de universidades de baja calidad, a las que el ciudadano se siente ajeno. ?stos miran a las universidades como algo lejano del mundo, cuya ¨²nica funci¨®n es avalar con t¨ªtulos el ejercicio profesional. Esta escasa confianza se plasma en que la aportaci¨®n privada a la financiaci¨®n universitaria es s¨®lo del 25% (0,21% del PIB) frente al 50% en EE UU (1,4% del PIB). De dicho porcentaje, s¨®lo el 10% proviene de las tasas universitarias, bajo la dudosa creencia de que los beneficios colectivos de dicha educaci¨®n son muy superiores a los beneficios privados. Adem¨¢s, otra caracter¨ªstica espa?ola es el alt¨ªsimo porcentaje que representa el gasto en inversiones (24% frente al 13% en los pa¨ªses de la OCDE) y los gastos financieros que limita los recursos dedicados a gasto corriente. Todo gobierno auton¨®mico se ve en el derecho de crear nuevas universidades aunque sean de calidad muy discutible, e incluso, como demuestra el caso reciente de la CAM, de destinar la mayor parte de la financiaci¨®n universitaria a consolidar alguna de estas nuevas universidades.

Este c¨ªrculo vicioso s¨®lo se puede romper limitando dichos gastos para las universidades ineficientes y elevando las tasas universitarias para aquellos que las pueden pagar. Despu¨¦s de todo, el crecimiento de las universidades privadas tambi¨¦n ha sido espectacular y en ellas las tasas (cercanas a los 6.000 euros) superan al gasto real medio por estudiante (alrededor de 2.400 euros). Es cierto que muchas de estas universidades ofrecen medios materiales a los estudiantes muy por encima de los del sistema p¨²blico (particularmente en las que ofrecen licenciaturas en Arquitectura, Medicina, Ingenier¨ªas o Ciencias Audiovisuales), pero tambi¨¦n es cierto que dichas instituciones se nutren mayormente de estudiantes de familias acomodadas cuyas notas de selectividad no les permiten acceder a las universidades p¨²blicas. Adem¨¢s, es un fen¨®meno bastante com¨²n en la universidad privada que la investigaci¨®n, regida por las normas de excelencia habituales en el mundo acad¨¦mico internacional, es muy escasa, al contrario de destacadas universidades p¨²blicas en diferentes ¨¢reas cient¨ªficas, que pese a la escasez de medios tienen departamentos situados en los rankings de las mejores instituciones internacionales. Todo ello indica que la clase media espa?ola est¨¢ dispuesta a pagar m¨¢s por recibir un servicio mejor y que, en el actual sistema, prefiere mandar a sus hijos a un college (en la terminolog¨ªa anglosajona, aquellos centros donde se ense?a pero no se investiga) que hacerlo a una universidad p¨²blica o a un centro de formaci¨®n profesional superior que no logra alzar el vuelo con las ataduras del sistema. Es como ocurre con el sistema sanitario. Si uno quiere una buena habitaci¨®n y trato personalizado, mejor ir a la sanidad privada. Ahora bien, cuando el problema de salud es serio, nadie duda en ir al sistema p¨²blico.

Liberar recursos, limitando los gastos de inversi¨®n y financieros a las universidades de escasa calidad y elevando las matr¨ªculas, servir¨ªa para mejorar el n¨²mero de becas, para pagar mejor a los investigadores y para mejorar las universidades que s¨ª funcionan. Adicionalmente, un cambio radical en la financiaci¨®n universitaria servir¨ªa para obtener recursos adicionales dirigidos a dos d¨¦ficits cruciales de nuestro sistema educativo y laboral. Uno es la mejora de la ¨ªnfima ayuda familiar por hijos peque?os (guarder¨ªas p¨²blicas), que fomentar¨¢n nuestra todav¨ªa muy baja participaci¨®n femenina en el mercado laboral. Otro es la mejora de la Formaci¨®n Profesional, carente de medios y desprestigiada, a la que la reciente Ley de Calidad de la Ense?anza no parece tener todav¨ªa entre sus objetivos primordiales.

El segundo punto a destacar del informe de CRUE es la gran disparidad en el esfuerzo financiero de las CC AA. Las comunidades de renta alta transfieren cerca de 1.800 euros m¨¢s por estudiante que las de renta baja. La explicaci¨®n de este diferente patr¨®n no s¨®lo se debe al nivel de renta, sino tambi¨¦n a que los gastos de personal en plantillas funcionariales sobredimensionadas representa m¨¢s del 80% de los gastos corrientes, frente al 67% en la OCDE, lo que cercena el gasto en bienes y servicios (18% frente al 33% de la OCDE), limitando la calidad de los servicios complementarios a la docencia tradicional. En un excelente art¨ªculo de Jos¨¦-Gin¨¦s Mora (Universidad de Valencia), contenido en el informe de CRUE, se ofrece un an¨¢lisis de la eficacia del gasto en cada CC AA comparando el gasto por estudiante con el gasto por graduado. En la medida en que un mayor gasto por estudiante llevar¨¢ a una menor tasa de abandono y un mayor n¨²mero de graduados, una mayor eficacia deber¨ªa implicar una relaci¨®n negativa entre ambas proporciones. El resultado es que CC AA como Madrid o Extremadura son muy ineficaces, mientras que Catalu?a, Navarra o Pa¨ªs Vasco son muy eficaces.

De todo lo anterior se deduce la imperiosa necesidad de mejorar nuestro sistema universitario 'separando el trigo de la paja'. Es necesario implementar un mapa de calidad de nuestras universidades premiando a las buenas, identificando aquellas que ofrecen investigaci¨®n de calidad de las que s¨®lo ofrecen docencia, ofreciendo a los buenos estudiantes la posibilidad de estudiar en los mejores centros, 'desfuncionarizando' el sistema universitario con mejores incentivos econ¨®micos a los mejores departamentos y, en definitiva, devolviendo a nuestra universidad el prestigio que nunca parece haber tenido con la sociedad.

Juan J. Dolado es catedr¨¢tico de Fundamentos del An¨¢lisis Econ¨®mico de la Universidad Carlos III.