Amparo denegado

El Tribunal Constitucional ha dado por cerrado el caso Lasa-Zabala, al no apreciar ninguna vulneraci¨®n de derechos fundamentales en la tramitaci¨®n del proceso que concluy¨® en las condenas del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo, del ex gobernador de Guip¨²zcoa Juli¨¢n Elgorriaga y de los ex guardias civiles ?ngel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo. Por siete votos frente a cinco, entre ellos el de su presidente, Manuel Jim¨¦nez de Parga (que ha forzado hasta el l¨ªmite su opini¨®n), el tribunal ha rechazado los recursos de amparo de los condenados, que alegaban la supuesta vulneraci¨®n del derecho a la presunci¨®n de inocencia. Galindo y los dem¨¢s condenados deber¨¢n cumplir, en los l¨ªmites establecidos por el C¨®digo Penal, las penas de entre 71 y 75 a?os de c¨¢rcel por el secuestro y asesinato en 1983 de los miembros de ETA Lasa y Zabala.

Falta por conocer los argumentos de la sentencia y los votos particulares. Pero no es habitual que el Tribunal Constitucional se meta en cuestiones de legalidad que corresponde dirimir a los tribunales de justicia. Y la valoraci¨®n de las pruebas de cargo es una de ellas. El presidente del Constitucional y cuatro magistrados han mantenido que no existi¨® suficiente prueba de cargo para la condena, al menos por el delito de asesinato. Pero el Supremo aval¨® la imparcialidad de la Audiencia Nacional en el juicio.

La desaparici¨®n de los dos terroristas a manos de integrantes de los aparatos de seguridad del Estado constituye uno de los episodios m¨¢s estremecedores de la democracia. Era impensable que sus autores eludieran la acci¨®n de la justicia si exist¨ªan pruebas de su implicaci¨®n. Y ello al margen de que, como reconoci¨® la Audiencia Nacional, 'hayan prestado desde la Guardia Civil y desde diversos cargos p¨²blicos meritorios servicios a la sociedad' y de que ETA no haya dejado de secuestrar y asesinar durante los 19 a?os transcurridos desde aquellos hechos. Hubo un juicio justo y pruebas de cargo v¨¢lidas. Si el veredicto ha sido severo por imperativo legal, el Estado de derecho tiene v¨ªas para suavizarlo.