Reforma desmemoriada

El debate sobre la reforma de la educaci¨®n primaria y secundaria ha derivado en una esot¨¦rica pol¨¦mica sobre si existe o no memoria econ¨®mica del proyecto de Ley de Calidad de la Educaci¨®n, remitido al Congreso el viernes pasado. Primer punto del debate: ?existe dicha memoria? A la luz de los documentos aportados por el partido socialista es obvio que el Ministerio de Educaci¨®n elabor¨® al menos un borrador y lo remiti¨® a Hacienda. Otra cosa es que el Gobierno haya decidido obviarlo en el texto aprobado. Segundo interrogante: ?deber¨ªa existir tal documento en el proyecto de ley? El PSOE cita la Constituci¨®n, el Reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno, de 1997, para apoyar su tesis de que el proyecto debe ir acompa?ado de una memoria econ¨®mica. El Gobierno asegura que ninguna ley le obliga y remite el debate econ¨®mico a un ¨¢mbito distinto del parlamentario, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera.

Cuestiones legales aparte, resulta incomprensible que una gran reforma educativa se presente sin una evaluaci¨®n de su coste. El Ejecutivo brit¨¢nico, por ejemplo, ha planteado una inversi¨®n extra anual en educaci¨®n de 20.000 millones de euros antes incluso de elaborar un texto articulado de ley. Aqu¨ª seguimos sin saber a cu¨¢nto ascender¨¢ la inversi¨®n extra para poner en marcha la reforma, aunque todo indica que ser¨¢ mucho menor. Ni Aznar ni la ministra de Educaci¨®n han hablado de dinero, pese a su insistencia en que la ense?anza est¨¢ muy mal y hay que mejorarla.

Los ¨²ltimos borradores de memoria econ¨®mica evaluaban el coste de tres medidas de la reforma en 91 millones de euros al a?o a partir de 2005, una cantidad cas¨ª rid¨ªcula si se la compara con la inversi¨®n anunciada en el Reino Unido. Dichas medidas son la creaci¨®n de itinerarios en la ESO, el adelanto en dos a?os de la ense?anza de un idioma extranjero en primaria y los programas especiales para alumnos extranjeros. Pero la medida probablemente m¨¢s costosa ser¨¢ la extensi¨®n de la gratuidad al periodo de educaci¨®n infantil comprendido entre los tres y los cinco a?os, que supondr¨¢ una nueva inyecci¨®n de dinero p¨²blico para las escuelas privadas concertadas.

Ocultar las cifras con el argumento de que el tema del dinero se debe debatir en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal no es de recibo. Primero, porque el Parlamento tiene derecho a conocer el coste de un proyecto que debe aprobar o rechazar. Segundo, porque las comunidades aut¨®nomas, que son las que deben aplicar la ley, est¨¢n igualmente interesadas en conocer cuanto antes unos datos que son b¨¢sicos. M¨¢s a¨²n, dado que las competencias en educaci¨®n est¨¢n transferidas a las autonom¨ªas, ?no habr¨ªa sido prudente y beneficioso contar con ellas durante la elaboraci¨®n del proyecto?