La Junta exigir¨¢ por decreto un seguro de responsabilidad civil para las balsas de residuos

El decreto anunciado por la Junta a principios de 1999 para regular la autorizaci¨®n y control de las balsas de residuos ha tardado casi cuatro a?os en materializarse: la norma auton¨®mica est¨¢ ya en manos del Consejo Consultivo, que debe dar el visto bueno jur¨ªdico antes de su aprobaci¨®n. El decreto ampl¨ªa las disposiciones incluidas en una orden estatal de 2000 para dep¨®sitos mineros, elaborada a partir de varias recomendaciones de la Junta tras el vertido de Aznalc¨®llar, al resto de la industria y a parte del sector ganadero, que tendr¨¢n que contratar seguros de responsabilidad civil por sus balsas.

El Gobierno central aprob¨® el 26 de abril de 2000, justo dos a?os despu¨¦s de la rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar y del desastre ecol¨®gico en el entorno de Do?ana, una orden con unas disposiciones t¨¦cnicas que pretend¨ªan llenar el vac¨ªo legal que hab¨ªa dejado al descubierto el vertido en el valle del Guadiamar. La orden se elabor¨® tras un acelerado trabajo de coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, responsables de supervisar la seguridad minera, en el que las aportaciones de la Consejer¨ªa de Empleo y Desarrollo Tecnol¨®gico (entonces Industria y Trabajo) fueron abundantes.

La orden estatal establece que para autorizar la construcci¨®n, explotaci¨®n, recrecimiento y abandono de las balsas mineras, el propietario debe presentar a las Administraciones (la Junta en el caso andaluz) detallados proyectos en los que incluya algunas cuestiones que se derivan directamente de la experiencia de Aznalc¨®llar: an¨¢lisis de las avenidas de los cauces pr¨®ximos, estudio pormenorizado sobre las caracter¨ªsticas del subsuelo sobre la que se aposenta el dep¨®sito o coeficientes de seguridad m¨¢s estrictos en el c¨¢lculo de las presiones. Desde hace m¨¢s de un a?o, las explotaciones mineras en activo deben haber contratado una p¨®liza de seguros para hacer frente a da?os a terceros, adem¨¢s de entregar una fianza para hacer frente al coste del plan de abandono y elaborar un completo plan de emergencias.

L¨ªmite de 60 millones

El l¨ªmite m¨¢ximo de la p¨®liza a la que obliga la norma minera va de los 60 millones para las presenten m¨¢s riesgos de da?os muy importantes en caso de rotura a los 600.000 euros en los casos menos peligrosos. La fianza, que se revisa cuando se presenta el plan de abandono, estar¨¢ entre el 60% y el !00% de lo presupuestado en este plan.

Ahora, tras un trabajo conjunto de las Consejer¨ªa de Empleo, Medio Ambiente y Agricultura, la Junta extender¨¢ estas disposiciones al resto de la industria y a algunas actividades agrarias, concretamente a los dep¨®sitos de residuos en vaquer¨ªas con m¨¢s de 200 madres de cr¨ªa, cebaderos de vacuno con m¨¢s de 1.000 cabezas, granjas porcinas con m¨¢s de 200 madres de cr¨ªa o m¨¢s de 1.000 de cebo y explotaciones caprinas u ovinas con m¨¢s de 1.000 hembras. Los propietarios industriales y ganaderos con balsas ya en funcionamiento tendr¨¢n que suscribir la poliza y formalizar la fianza a los tres meses de la aprobaci¨®n del decreto, exigencia de la que se salvar¨¢n las balsas de alpech¨ªn (residuo de la aceituna), que causan una parte importante de los episodios contaminantes en r¨ªos andaluces.