Los abogados piden en sus alegaciones al Ejecutivo que sustituya la expulsi¨®n de los inmigrantes por una multa

El equipo de abogados que ha asistido a los inmigrantes detenidos en el desalojo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) hab¨ªa tramitado, hasta ayer, cerca de 160 alegaciones ante la Subdelegaci¨®n del Gobierno de Sevilla contra el inicio del procedimiento de expulsi¨®n a los extranjeros. Entre los argumentos utilizados hay uno que se repite en todos los casos: la sustituci¨®n de la expulsi¨®n por una multa.

Max Adam, coordinador del Servicio de Asistencia y Orientaci¨®n Jur¨ªdica a Inmigrantes del Colegio de Abogados de Sevilla, subray¨® que la expulsi¨®n es 'una medida muy dr¨¢stica' para aplicar a personas sin delitos. 'La ¨²nica falta de esta gente es que no tiene papeles', agreg¨®. Adem¨¢s de esta petici¨®n, los abogados se hacen eco de la situaci¨®n personal de cada uno, como puede ser el arraigo en Espa?a, para tratar de evitar que la Administraci¨®n dicte ya la resoluci¨®n firme con la orden de expulsi¨®n. Una vez firmada esta resoluci¨®n, el inmigrante puede ser expulsado, aunque interponga un recurso contencioso administrativo.

Los jueces de Dos Hermanas dictaron medidas cautelares de internamiento para 210 inmigrantes, y entre ellos figuraban, al menos, seis que tienen sus expedientes de regularizaci¨®n bastante avanzados, seg¨²n el Defensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo. En estos seis casos, las alegaciones alertar¨¢n sobre su situaci¨®n singular ya que, en principio, pertenecen a la treintena de inmigrantes que, a pesar de ser detenidos, tienen grandes posibilidades de ser regularizados, seg¨²n el Ministerio del Interior.

Otros 65 inmigrantes no pasaron a disposici¨®n judicial, por dos razones diferentes. Hay un grupo de 14 argelinos que fueron enviados directamente al centro de internamiento de Madrid para ser expulsados porque ya ten¨ªan ¨®rdenes de repatriaci¨®n vigentes desde antes del encierro. El resto (51) qued¨® en libertad, aunque no todos en similar situaci¨®n. En este grupo se engloban los que tienen opciones de regularizarse (cerca de 30, a excepci¨®n de los internados), los que han recibido durante su detenci¨®n la notificaci¨®n de que el Gobierno les ha denegado los papeles y tienen un plazo de 15 d¨ªas para abandonar voluntariamente el pa¨ªs (no es una expulsi¨®n) y algunos otros que no lograron ser identificados por la polic¨ªa.

Por otra parte, fuentes policiales dijeron ayer que ten¨ªan constancia de que unos pocos inmigrantes sal¨ªan del campus durante el encierro para comprar hach¨ªs y pastillas, pero que no ten¨ªan registrado ning¨²n incidente entre ellos y una prostituta. La polic¨ªa detuvo en esos d¨ªas al autor de una agresi¨®n a una prostituta, que no era inmigrante.