Un grupo humanitario acusa a EE UU de malos tratos a los detenidos por el 11-S
La organizaci¨®n Human Rights Watch denuncia casos de palizas y humillaciones a los presos
La 'guerra contra el terror' lanzada por el presidente de EE UU, George W. Bush, tras los atentados del 11-S ha ido acompa?ada de detenciones arbitrarias, violaciones de derechos fundamentales, maltrato f¨ªsico y ps¨ªquico a los detenidos, confinamientos en celdas de aislados durante largos periodos sin mediar acusaci¨®n formal, pruebas, ni abogados a cientos de ciudadanos de origen ¨¢rabe, detenidos en su mayor¨ªa por infracciones de la legislaci¨®n migratoria, seg¨²n un informe de la organizaci¨®n de derechos humanos de EE UU Human Rights Watch (HRW) hecho p¨²blico ayer.
De los cerca de 1.200 detenidos del 11-S en EE UU, 752 fueron encarcelados por infracciones migratorias, mientras el Gobierno continuaba investig¨¢ndoles. La organizaci¨®n considera que en la actualidad puede haber 74 presos, seg¨²n datos de la Administraci¨®n. A pesar de permanecer semanas e incluso meses en prisi¨®n, ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con el terrorismo y la mayor¨ªa han sido deportados a sus pa¨ªses de origen, sin que el Gobierno haya revelado los nombres ni el n¨²mero de detenidos, seg¨²n el informe de HRW.
Varios de los presos aseguran haber sufrido malos tratos durante su cautiverio, seg¨²n HRW, que confirma que al menos dos de ellos fueron brutalmente golpeados por funcionarios de prisiones y otros tres por delincuentes comunes con los que compart¨ªan confinamiento. 'Hayas participado o no , si el FBI te ha detenido es suficiente para m¨ª. Te voy a hacer lo que t¨² hiciste', le dijo un funcionario de prisiones a Amjad Al¨ª Jaffri, un paquistan¨ª, antes de estamparlo contra una pared y hacerle saltar un diente por los aires. Un tercio de los detenidos tambi¨¦n asegura haber sufrido humillaciones e insultos.
Los detenidos sufrieron adem¨¢s hacinamiento, no se les permiti¨® la visita de sus familiares ni de sus abogados, se les priv¨® de dormir, se les prohibi¨® hacer ejercicio y recibieron comidas insuficientes o inadecuadas a su religi¨®n. Los prisioneros tambi¨¦n se quejan de la falta de facilidades para practicar su culto. El informe de HRW, de 99 p¨¢ginas, documenta, adem¨¢s, la falta de asistencia m¨¦dica adecuada que, seg¨²n la organizaci¨®n, provoc¨® la muerte de un detenido, que sufr¨ªa problemas cardiacos.
'El Gobierno de EE UU no ha respetado los valores que el presidente Bush declar¨® que hab¨ªan sido atacados el 11-S', asegur¨® ayer a este diario la directora del programa de HRW en EE UU, Jamie Feller. 'Han ignorado los l¨ªmites del poder del Estado para llevar a cabo detenciones, paradigma de los pa¨ªses libres y democr¨¢ticos', a?adi¨®, 'y se ha invertido la presunci¨®n de inocencia: s¨®lo se ha puesto en libertad a los detenidos despu¨¦s de probar su inocencia'.
La mayor¨ªa de los detenidos procede de Pakist¨¢n, Egipto, el norte de ?frica y el sureste asi¨¢tico. La organizaci¨®n de derechos humanos sostiene, a trav¨¦s de entrevistas realizadas a detenidos y a sus abogados, que la mayor¨ªa de las detenciones se debieron a motivos de nacionalidad, religi¨®n o sexo. Fueron las llamadas de vecinos, temerosos ante la presenciade ciudadanos ¨¢rabes que consideraban sospechosos, o la actuaci¨®n arbitrariade la polic¨ªa lo que motiv¨® la mayor¨ªa de las detenciones, carentes de fundamento legal. Al¨ª Alikhan, un iran¨ª que volv¨ªa a Colorado tras pasar sus vacaciones en el parque Yellowstone, fue detenido el 15 de septiembre por exceso de velocidad. Al comprobar que su visado hab¨ªa expirado, fue encarcelado e interrogado sin abogado. Permaneci¨® detenido durante 120 d¨ªas, 35 de ellos aislado.
HRW pidi¨® ayer al Gobierno de EE UU que divulgue los nombres de los detenidos desde el 11-S, que ponga fin a las audiencias secretas y que se informe a los detenidos de sus cargos. Esta semana se cumpl¨ªa el plazo de la juez Gladys Kessler que pidi¨® a la Administraci¨®n que revelara sus identidades. Ayer, Kessler dej¨® en suspenso su propia orden y pas¨® la petici¨®n al Tribunal de Apelaciones por lo que el Gobierno dispone de varios meses hasta la resoluci¨®n que adopte esa corte.
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