Desigualdades y discriminaci¨®n

Los socialistas est¨¢n convencidos de que el punto m¨¢s discutible de toda la reforma del desempleo es la eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n. Son los que, hasta ahora, recib¨ªa un desempleado entre el despido y la decisi¨®n judicial sobre la procedencia o improcedencia del mismo y la indemnizaci¨®n que correspond¨ªa en el segundo de los casos. Tras el decretazo, un despedido pasa a cobrar directamente el paro.

Seg¨²n el recurso, el cambio es inconstitucional porque se rompe el principio de igualdad ante la ley sancionado por el art¨ªculo 14 de la Carta Magna. El salario de tramitaci¨®n s¨®lo lo percibir¨¢n, a posteriori, los trabajadores cuyo despido haya sido declarado improcedente y que sean readmitidos. Se establece, por tanto, una radical diferencia de trato frente a los que no sean readmitidos.

El tratamiento de los salarios de tramitaci¨®n es tambi¨¦n el centro de la cuesti¨®n de inconstitucionalidad que elev¨® al m¨¢s alto tribunal el juez de lo social de Badajoz Antonio Seoane. El juez dej¨® en suspenso el pasado julio la sentencia de un caso de despido acordado tres d¨ªas despu¨¦s de aprobarse la nueva norma, al entender que el decretazo vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al trabajo, y que la reforma del despido requiere una ley.

Por eso entienden los socialistas que el Constitucional se pronunciar¨¢ en unos meses sobre los salarios de tramitaci¨®n, ya que una sentencia paralizada se trata con mayor urgencia.

Los recurrentes tambi¨¦n consideran especialmente grave esta parte de la reforma. Creen que es una forma encubierta de abaratar el despido.

Adem¨¢s, dicen, desprotege a los despedidos que tengan contratos temporales inferiores a un a?o, que carecen de subsidio y de salario de tramitaci¨®n; favorece la indemnizaci¨®n frente a la readmisi¨®n, ya que hace ¨¦sta m¨¢s gravosa, y obliga a los desempleados a aceptar trabajos en peores condiciones porque tienen menos recursos mientras buscan uno nuevo.

El recurso tambi¨¦n rechaza que se excluya del subsidio de paro a quienes perciban una indemnizaci¨®n superior a 4.000 euros.