Todos culpables

En todas las democracias del Mundo los partidos pol¨ªticos se critican continuamente los unos a los otros. Lejos de ser un rasgo negativo, esta cr¨ªtica rec¨ªproca es tan necesaria para el Estado de Derecho que por todos lados se ha copiado la venerable instituci¨®n inglesa del Jefe de la Oposici¨®n, creada -con sueldo oficial incluido- con el fin principal de criticar la actividad del Gobierno de Su Majestad. En Espa?a, en general, y en Andaluc¨ªa, en particular, se practica esta sana tradici¨®n democr¨¢tica con especial vehemencia, de tal forma que es poco menos que imposible leer cualquier noticia relativa a un poder p¨²blico, por muy positiva que esta pueda ser, sin la correspondiente apostilla del partido contrario.

As¨ª las cosas, a nadie ha podido sorprender la pol¨¦mica entre el PSOE y el PP por la responsabilidad en los des¨®rdenes del barrio sevillano de Los Pajaritos, que como no pod¨ªa ser de otra manera, siempre recae en el partido contrario al del pol¨ªtico que expresa su opini¨®n: del delegado del Gobierno para los del PSOE y del alcalde para los del PP. Los portavoces de los dos partidos mayoritarios en este asunto parecen tan ocupados recomend¨¢ndose mutuamente 'valent¨ªa y responsabilidad' para afrontar lo sucedido, que uno tiene la impresi¨®n de que han olvidado que los primeros responsables de los desmanes de tres noches de pesadilla han sido las personas que han producido las algaradas. Quienes han destrozado bienes, herido a algunos transe¨²ntes y roto la paz ciudadana han sido personas de carne y hueso, no el fracaso escolar, la droga o la falta de un centro c¨ªvico, ni ninguna otra causa abstracta o concreta de marginaci¨®n social. La libertad que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo nos debe evitar considerar que los protagonistas de los disturbios eran aut¨®matas movidos por una fuerza ciega o pajaritos sin voluntad atrapados en una red. Su conducta merece el m¨¢s severo reproche social, tanto que est¨¢ perfectamente tipificada en el C¨®digo Penal como un delito de des¨®rdenes p¨²blicos. No estar¨ªa de m¨¢s que los partidos lo recordaran, en lugar de tratar este incidente como un cap¨ªtulo m¨¢s de su interminable enfrentamiento electoral.

Partiendo de este recordatorio elemental de que ni el alcalde ni el delegado del Gobierno han sido los autores de los actos vand¨¢licos, se puede echar un vistazo a la Ley Org¨¢nica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para intentar deslindar sus responsabilidades pol¨ªticas. El reparto de competencias que esta Ley dise?a es un poco m¨¢s complejo del que nos cuentan unos y otros. Seg¨²n el art¨ªculo 11, mantener y restablecer el orden y la seguridad, as¨ª como prevenir la comisi¨®n de actos delictivos en las ciudades andaluzas, es tarea encomendada a la Polic¨ªa Nacional, de tal forma que -para bien o para mal- el principal responsable de la seguridad ciudadana en Sevilla es el delegado del Gobierno, como qued¨® claro con ocasi¨®n de las muchas medidas que adopt¨® cuando se celebr¨® el Consejo Europeo el pasado junio.

No da la impresi¨®n de que organizar un dispositivo de seguridad especial en Los Pajaritos tres d¨ªas despu¨¦s del comienzo de los incidentes sea una muestra de diligencia y eficacia similar a la demostrada entonces.

Por su parte, los art¨ªculos 54 y 55 de la LOFCSE atribuyen a la Polic¨ªa Local competencias para la prevenci¨®n de los delitos y el mantenimiento del orden, siempre en colaboraci¨®n con la Polic¨ªa Nacional. De la importancia que tiene esta funci¨®n en el Ayuntamiento sevillano da idea la existencia de una Concejal¨ªa de Seguridad Ciudadana, por lo que no se entiende muy bien que lo ¨²nico razonable que pudiera hacer el alcalde fuera -como pretende su portavoz- 'guardar silencio y esperar tres d¨ªas a que la Delegaci¨®n del Gobierno montase un dispositivo de seguridad'.

Para terminar de cerrar el c¨ªrculo de responsabilidades pol¨ªticas, conviene recordar que la LOFCSE establece una 'Junta local de seguridad' para coordinar ambas polic¨ªas. Que se sepa, la de Sevilla no ha sido convocada para responder a las algaradas, demostrando as¨ª cual es la capacidad de respuesta de nuestras instituciones ante imprevistos como esos.

Si a estos motivos jur¨ªdicos le unimos que el silencio de la Delegaci¨®n del Gobierno y de la alcald¨ªa no parece la forma m¨¢s inteligente de calmar los ¨¢nimos exaltados de los alborotadores, ni de tranquilizar a una ciudadan¨ªa perpleja, y que el liderazgo social de nuestros pol¨ªticos ha bajado a un punto que ya parece lo m¨¢s natural del mundo que los vecinos vayan a entrevistarse con el Defensor del Pueblo en lugar de con las autoridades electas para estudiar lo sucedido en Los Pajaritos, es casi inevitable pensar que el PSOE acierta en sus cr¨ªticas al delegado del Gobierno y que el PP no se equivoca en las suyas al alcalde.

Agust¨ªn Ru¨ªz Robledo es Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada