El recurso al recurso
En opini¨®n del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del desempleo presentado por la oposici¨®n de izquierda es 'incoherente y vac¨ªo de argumentos'. Portavoces del PP han a?adido que su verdadero objetivo es replantear 'batallas pol¨ªticas perdidas'. Sin embargo, el Gobierno m¨¢s bien deber¨ªa felicitarse del car¨¢cter tan civilizado de una oposici¨®n que en lugar de suscitar una batalla de legitimidades entre la movilizaci¨®n contra el decretazo y la mayor¨ªa legislativa que lo convalid¨®, somete a los tribunales la posible derogaci¨®n del decreto y plantea enmiendas parlamentarias para intentar reformar su contenido.
La tentaci¨®n de contraponer la huelga del 20-J al Parlamento rond¨® durante alg¨²n tiempo por algunas cabezas sindicales. Pero los l¨ªderes de UGT y CC OO se entrevistaron luego con los grupos parlamentarios, incluyendo el del PP, para sugerir posibles enmiendas, una vez que el Gobierno hab¨ªa a su vez aceptado tramitar el decreto como proyecto legislativo. Es verdad que han seguido reivindicando la retirada sin m¨¢s del decreto, pero la izquierda pol¨ªtica lo ha traducido en un recurso de inconstitucionalidad presentado hace dos d¨ªas. El recurso no insiste en lo que pareci¨® motivo principal de desacuerdo, el establecimiento de condiciones m¨¢s duras para percibir el subsidio de paro. Y se centra fundamentalmente en la cuesti¨®n formal (pero no s¨®lo) de que la reforma se hiciera por decreto ley y en la supresi¨®n de los salarios de tramitaci¨®n en los despidos improcedentes.La aceptaci¨®n a posteriori de la tramitaci¨®n como proyecto de ley no resta sentido al recurso. Por una cuesti¨®n de principios y porque al elegir la v¨ªa del decreto, el Gobierno pretendi¨® que la huelga que ya hab¨ªan anunciado los sindicatos apareciera como algo in¨²til, porque la reforma ya estaba en vigor. Utilizar el decreto, sin que se haya demostrado la existencia de los motivos de 'extraordinaria y urgente necesidad' que exige la Constituci¨®n, para un fin pol¨ªtico partidista merece como m¨ªnimo su an¨¢lisis por el Tribunal.
Con m¨¢s raz¨®n cuando la reforma implica la supresi¨®n de los salarios de tramitaci¨®n en los despidos improcedentes. Con independencia de las consideraciones que puedan justificar esa medida, es evidente que supone un abaratamiento del despido que rompe el equilibrio forjado a lo largo de a?os entre la facultad de despedir que tiene el empleador y el efecto disuasorio de su coste. Ello podr¨ªa ir contra varios preceptos constitucionales, como ya ha considerado un juez de Badajoz en una resoluci¨®n. Luego no es una iniciativa tan vac¨ªa de argumentos, como piensa Zaplana.
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