Cada cual en su sitio
La fecha de ayer se recordar¨¢ por la coincidencia en un mismo d¨ªa de la votaci¨®n del Congreso en favor de iniciar los tr¨¢mites para la ilegalizaci¨®n judicial de Batasuna, por una parte, y la suspensi¨®n, por otra, de esa fuerza pol¨ªtica por un plazo de tres a?os, decidida por el juez Garz¨®n como culminaci¨®n (por ahora) de la investigaci¨®n sobre las vinculaciones entre ETA y su entorno. Se trata del desenlace de iniciativas diversas pero convergentes en su designio de acabar con una situaci¨®n que no puede considerarse normal: que sea legal un partido tras el que est¨¢n las pistolas de ETA.
Pues de eso se trata en primer lugar. El auto de Garz¨®n ofrece datos -algunos muy espectaculares- que probar¨ªan la existencia de una vinculaci¨®n org¨¢nica de dependencia del brazo pol¨ªtico respecto a la 'vanguardia armada'. Que as¨ª se reconozca sin disimulos en algunos de los documentos que figuran en el auto indica hasta qu¨¦ punto ten¨ªan interiorizada la conciencia de impunidad. Las actas de reuniones de la KAS dejan pocas dudas respecto a la naturaleza de la relaci¨®n. Las cosas son como parec¨ªan a simple vista, y como proclamaban dirigentes de la entonces coalici¨®n Herri Batasuna ('votar HB es votar a ETA').
Que ¨¦sa sea la relaci¨®n no puede ser un factor secundario en el debate sobre la ilegalizaci¨®n. Si Batasuna es un instrumento de ETA, no puede ser legal, con independencia de si su ilegalizaci¨®n es oportuna o no, resulte ser la panacea o un elemento poco influyente. ?se fue ayer el eje de la defensa de su iniciativa por parte de PP y PSOE. No se trata de ilegalizar ideas, sino conductas de apoyo a la coacci¨®n terrorista. En Espa?a puede haber partidos republicanos, y tambi¨¦n independentistas, pero no partidos que contribuyan a multiplicar los efectos intimidatorios de la violencia terrorista.
No ser¨¢ la panacea, argumentaron los portavoces de PP y PSOE, pero s¨ª una condici¨®n para derrotar a ETA. Entre otras cosas, porque nada resultar¨ªa tan desmoralizador para los ciudadanos y tan debilitador de la democracia y el Estado de derecho como admitir que Batasuna forma parte de ETA y mantenerla en la legalidad. El argumento m¨¢s perverso fue el de quienes intentaron contraponer a la legitimidad de la mayor¨ªa de las Cortes la de la mayor¨ªa nacionalista en el Parlamento vasco. De los 19 diputados vascos elegidos en las ¨²ltimas generales, 11 votaron ayer a favor y 8 (todos nacionalistas) en contra. Negar legitimidad a esos diputados para representar a los vascos en un asunto que afecta a todos los espa?oles es ignorar la l¨®gica del Estado auton¨®mico. Y no se puede atribuir esa proporci¨®n a que HB no se present¨® a las elecciones de 2000, porque es id¨¦ntica a la que hab¨ªa en la anterior legislatura.
La acusaci¨®n de que el objetivo de la ilegalizaci¨®n es modificar el mapa pol¨ªtico vasco tras el fracaso de PP-PSOE en las auton¨®micas, ?significa que los 600.000 electores de PNV-EA votaron en favor de considerar legal la 'intimidaci¨®n generalizada' de que habla el pre¨¢mbulo de la proposici¨®n aprobada ayer? Es el entramado ETA-Batasuna el que trata de modificar el mapa pol¨ªtico mediante la persecuci¨®n y el asesinato de quienes no comparten su fe. Por eso resulta tan ofensivo oponerse a la ley en nombre de la libertad de expresi¨®n y el pluralismo. No es cierto que la ley pueda servir para ilegalizar un d¨ªa al nacionalismo democr¨¢tico. Al rev¨¦s, la nueva ley precisa la anterior, de 1976, en el sentido de establecer de manera tasada las conductas -no las ideas o programas- no penales por las que un partido podr¨ªa ser declarado ilegal.
Pese a las divergencias, la obvia unanimidad contra ETA se proyect¨® ayer tambi¨¦n contra Batasuna. Llamazares habl¨® de actitud 'fascista', y su abstenci¨®n, tras haber votado contra la ley, puede considerarse un acercamiento a la mayor¨ªa que tal vez las evidencias del auto de Garz¨®n permitan proseguir. El argumento de que callar ante un atentado 'es una cobard¨ªa pero no un delito' m¨¢s bien avala la doble v¨ªa, penal y jur¨ªdico-pol¨ªtica; pues no se trata de meter en la c¨¢rcel a los dirigentes, sino de sacar de la legalidad democr¨¢tica a un partido que, por ejemplo, asume y prolonga las amenazas del ¨²ltimo comunicado de ETA.
Xavier Trias fue m¨¢s convincente al defender la trayectoria de CiU (respaldando siempre al partido gobernante frente al terrorismo, cosa que, record¨®, no todos pueden decir) que al explicar su abstenci¨®n de ayer. No es el momento de discutir si fue o no un acierto admitir la intervenci¨®n del Parlamento en el proceso, sino de aplicar la norma. Ampararse en esa divergencia para diferenciarse de la mayor¨ªa es incongruente, sobre todo tras afirmar la disposici¨®n a respaldar la ilegalizaci¨®n si se demuestra que Batasuna apoya el terrorismo. CiU sabe que el aval de un partido como el suyo es decisivo para la legitimaci¨®n pol¨ªtica del dif¨ªcil proceso que ahora se inicia. Para culminarlo, ser¨¢ decisivo que el Gobierno vasco, tal y como ha prometido Ibarretxe, aplique la ley en relaci¨®n al auto de Garz¨®n.
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