Washington pide a Colombia inmunidad para sus soldados

Estados Unidos espera que 'tan pronto como sea posible' se firme un acuerdo bilateral con Colombia que prohiba la extradici¨®n de sus soldados en caso de ser requeridos por la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de una verdadera prueba de fuego para el nuevo presidente, ?lvaro Uribe, cuyo pa¨ªs depende en gran medida de la ayuda estadounidense en su lucha contra el narcotr¨¢fico y la guerrilla.

El Gobierno colombiano cre¨® una comisi¨®n interdisciplinaria para estudiar la solicitud de Estados Unidos que quiere garantizar la inmunidad de sus soldados frente a la CPI, seg¨²n anunci¨® Carolina Barco, ministra colombiana de Exteriores, citada el pasado lunes ante el Congreso.

Esa exigencia ha levantado una fuerte pol¨¦mica en Colombia, uno de los mayores receptores de ayuda militar estadounidense en el mundo. Si el Gobierno de Uribe la rechaza, corre el riesgo de perder la ayuda de la cual depende para luchar contra el narcotr¨¢fico, la guerrilla y los paramilitares. Si la acepta, ser¨¢ visto como un arrodillado.

Editorialistas y columnistas han calificado la exigencia de 'antip¨¢tica e imperial'. En un informe del diario El Tiempo la mayor¨ªa de los analistas consultados apuestan a que Colombia dir¨¢ s¨ª a esta exigencia. Algunos creen que el Gobierno deber¨ªa jug¨¢rsela rechazando la presi¨®n, pues a EE UU le quedar¨ªa muy dif¨ªcil justificar la reducci¨®n de la ayuda a Colombia. As¨ª piensa el senador Jimmy Chamorro: '?sta no es una ayuda altruista. Es una ayuda de inter¨¦s nacional para EE UU'.

Hace tres a?os, Washington entreg¨® 1.300 millones de d¨®lares para el componente militar del llamado Plan Colombia destinado a la lucha contra el narcotr¨¢fico. El pr¨®ximo mes se espera la aprobaci¨®n adicional de m¨¢s de 500 millones de d¨®lares. Seg¨²n un informe oficial de finales del a?o pasado, en Colombia hab¨ªa 177 militares y 220 civiles estadounidenses, actuando como contratistas. Como subcontratistas del Departamento de Estado, trabajan dos empresas privadas de servicios militares: la Militar y Professional Resources Incorporated y la DynCorp.

La ONG Comisi¨®n Colombiana de Juristas asegura, en una carta enviada el lunes a Uribe, que celebrar este acuerdo significar¨ªa 'autorizar que cualquier persona de ciudadan¨ªa estadounidense realice actos de genocidio o cometa impunemente en nuestro pa¨ªs cr¨ªmenes de guerra o de lesa humanidad'. Si el Gobierno lo aprueba, el acuerdo debe tener el visto bueno del Congreso y de la Corte Constitucional. 'El camino legislativo no ser¨¢ f¨¢cil', asegura el senador Chamorro, quien ve esta imposici¨®n como 'una bofetada contra el derecho internacional humanitario'. ]