La ley de punto final, en la picota

La Corte Suprema, el m¨¢s alto tribunal de Argentina, tiene desde ayer en sus manos la decisi¨®n de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas durante el Gobierno democr¨¢tico de Ra¨²l Alfons¨ªn, tras el fin de la dictadura, y que otorgaron impunidad a los militares implicados en violaciones de derechos humanos. Nicol¨¢s Becerra, procurador general de la Naci¨®n (fiscal general del Estado) ha remitido un dictamen a la Corte Suprema en el que recomienda que falle a favor de la inconstitucionalidad y nulidad de las dos leyes, tal y como hicieron el a?o pasado los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonad¨ªo anteriormente.

La decisi¨®n del jefe de los fiscales es un golpe contra quienes defienden la impunidad para los autores de cr¨ªmenes de lesa humanidad, como los cometidos durante la dictadura argentina (30.000 desaparecidos), y un mensaje de Becerra en defensa del Estado de derecho. El dictamen estima que no basta con que el Estado investigue la verdad de lo ocurrido, sino que los responsables tienen que ser castigados.

El procurador se extiende en reflexiones jur¨ªdicas, pol¨ªticas y ¨¦ticas a la hora de fundamentar su dictamen. 'La Rep¨²blica argentina atraviesa momentos de desolaci¨®n y fatiga. Es como si un pueblo cansado buscara soluciones tr¨¢gicas. Se ha deteriorado todo, la funcionalidad de las instituciones, la calidad de la vida, el valor de la moneda, la confianza p¨²blica, la fe civil, la l¨ªnea de pobreza, el deseo de renovar la apuesta c¨ªvica...', escribe Becerra.

'Un Estado que apenas puede proveer derecho, apenas seguridad, apenas garant¨ªas, poco tiene que predicar', a?ade. Y concluye: 'De alguna forma hay que salvar el decoro de una sociedad que debe sobrevivir con dignidad y cuyos intereses la Constituci¨®n nos manda defender'.