?Guerra por la libertad o guerra contra ella?

La revista The Economist es por lo general indulgente con Estados Unidos, pero recientemente ha descrito el actual estado de la libertad en nuestro pa¨ªs como 'una innecesaria victoria para el terrorismo'. Es comprensible. En dos amplias esferas, el Gobierno estadounidense ha contravenido sistem¨¢ticamente el derecho internacional y la Constituci¨®n estadounidense. La Convenci¨®n de Ginebra, de la que somos signatarios, tiene descripciones exactas sobre el trato que se debe dar a los prisioneros de guerra. Sin embargo, Estados Unidos ha declarado que los prisioneros de la base de Guant¨¢namo no est¨¢n cubiertos por la convenci¨®n. (De hecho, entre los prisioneros se encuentran personas no involucradas en la lucha, como el antiguo embajador talib¨¢n en Pakist¨¢n, considerado enemigo pol¨ªtico o sospechoso de mantener conexiones con el terrorismo). Estados Unidos mantiene la base de Guant¨¢namo desde hace m¨¢s de cien a?os y no est¨¢ inclinado a devolv¨¦rsela a Cuba, pero declara que no es territorio estadounidense y no est¨¢ sometido al derecho estadounidense, ni a ning¨²n otro que no sea la arbitraria designaci¨®n por parte del Gobierno estadounidense de amenazas a la seguridad nacional y al orden internacional.

Ha creado un espacio extrajudicial que facilita el traslado de algunos prisioneros a otros pa¨ªses para ser sometidos a interrogatorio, un eufemismo para la tortura que el Ej¨¦rcito estadounidense prefiere subcontratar. Durante la guerra de Argelia, Maurice Duverger invent¨® el t¨¦rmino fascisme a l'exterieur para definir la pr¨¢ctica por parte de las naciones democr¨¢ticas de una odiosa represi¨®n fuera de sus fronteras. El problema del fascisme a l'exterieur, como demostr¨® la mortal enfermedad de la IV Rep¨²blica, es que no se puede limitar y acaba amenazando las libertades internas de los pa¨ªses que lo practican. Podemos recordar tambi¨¦n que Hannah Arendt define el fascismo como la aplicaci¨®n a las poblaciones europeas de las pr¨¢cticas del imperialismo.

Los extranjeros que viven dentro de las fronteras estadounidenses desde el 11-S experimentan un estado policial. La detenci¨®n indefinida bajo sospecha de delitos no especificados o vagos, la negaci¨®n del acceso a asesoramiento jur¨ªdico, el uso de infracciones menores o triviales de la ley de inmigraci¨®n y la manipulaci¨®n o sabotaje de procedimientos administrativos o judiciales para mantener a las personas retenidas, la continuada negativa a permitir a dichas personas o a sus abogados que vean las pruebas que hay contra ellas (y, a menudo, la negativa a permitir que los jueces vean las pruebas, tambi¨¦n) son casos que se dan a diario. La identidad y el n¨²mero de los detenidos sigue siendo un secreto, exactamente como si Estados Unidos fuese el Chile de Pinochet. El Gobierno ha intentado justificar su conducta con el argumento de que amenazas extraordinarias exigen defensas extraordinarias, y cuando se le ha retado a que especificase la amenaza representada por un individuo determinado ha respondido con un grotesco argumento constitucional en el que se alega la doctrina de la separaci¨®n de poderes para descartar el control judicial a la conducta del Ejecutivo.

Buena parte de esto, si no todo, no es nuevo, y un peque?o n¨²mero de personas han recibido ese trato durante d¨¦cadas, y a menudo han conseguido, despu¨¦s de a?os, que los tribunales las liberen. Lo nuevo es la agresividad y el alcance de la ofensiva del Gobierno, su intenci¨®n abierta de desafiar, si fuese necesario, a la intervenci¨®n judicial. No s¨®lo los defensores de las libertades civiles como la American Civil Liberties Union, sino tambi¨¦n la incluso lenta de American Bar Association (asociaci¨®n de abogados estadounidenses) han criticado en¨¦rgicamente al Gobierno y proporcionado abogados para defender a los prisioneros normalmente insolventes. Las cr¨ªticas del Congreso se han o¨ªdo, si bien no demasiado fuerte, pero buena parte de la poblaci¨®n ha aceptado pasivamente los argumentos del Gobierno. Al menos uno de cada 10 habitantes de Estados Unidos es extranjero, y obligatoriamente la coexistencia de dos ¨¢mbitos jur¨ªdicos -uno para los ciudadanos que tienen derechos y otro para los extranjeros que no tienen ninguno- demostrar¨¢ finalmente ser inestable. A continuaci¨®n se amenazar¨¢ a los ciudadanos.

Mientras tanto, varios jueces han criticado e intentado corregir al Gobierno. Los jueces federales de Estados Unidos est¨¢n nombrados a t¨ªtulo vitalicio, y en el pasado han sido a menudo rigurosos y eficaces defensores de la libertad contra la intrusi¨®n gubernamental. Sin embargo, los jueces son nombrados por uno u otro partido: recu¨¦rdese que la mayor¨ªa republicana del Tribunal Supremo le regal¨® la presidencia a Bush. Es bastante incierto que esta mayor¨ªa se enfrente a sus mecenas pol¨ªticos incluso en un ¨¢rea tan fundamental como la defensa de las libertades. Los antecedentes del Tribunal Supremo en tiempos de guerra no son espl¨¦ndidos. Recientemente se neg¨® a o¨ªr siquiera los argumentos de que la guerra de Vietnam era anticonstitucional y en la II Guerra Mundial confirm¨® el internamiento de los japoneses residentes en Estados Unidos. Los tribunales, en general, tienen en cuenta la opini¨®n p¨²blica (¨¦sa es la raz¨®n por la que esperaron tanto para poner fin a la segregaci¨®n racial). Por lo tanto, el Gobierno de Bush tiene una estrategia para debilitar y anular la interferencia judicial con su ilimitado ejercicio del poder ejecutivo. Es la estrategia que tambi¨¦n est¨¢ utilizando para justificar el planeado ataque contra Irak. Proclama una emergencia nacional tan total que cualquier restricci¨®n al Gobierno se presenta como algo que probablemente provoque un desastre nacional.

Para un segmento de la opini¨®n p¨²blica, basta con eso. El otro d¨ªa, The Washington Post public¨® una foto del presidente y del vicepresidente en la conferencia sobre asuntos econ¨®micos que celebraron en Tejas. Cada uno mostraba un juicio notablemente agudo. El presidente bostezaba y Cheney estaba al parecer dormido. Sin embargo, un lector indignado escribi¨® al peri¨®dico para denunciar que la publicaci¨®n de la foto era un ataque interno a una naci¨®n en guerra. Ein Reich, Ein Volk, Ein Fuehrer no es una idea exclusivamente alemana. Los supuestos enemigos de la naci¨®n son los ¨¢rabes o los musulmanes, y la movilizaci¨®n de la ira o el prejuicio contra ellos es relativamente f¨¢cil. La excelente universidad estatal de Carolina del Norte pidi¨® a los nuevos alumnos que leyesen un libro sobre el islam, y provoc¨® una considerable protesta p¨²blica. Los tribunales se negaron a admitir una demanda de los fundamentalistas protestantes en la que declaraban que leer sobre el islam era una violaci¨®n de los derechos de los estudiantes cristianos, pero algunos de los legisladores han solicitado a la C¨¢mara legislativa estatal que deje de financiar a la universidad.

Es improbable que lo haga, pero la atm¨®sfera pol¨ªtica general padece contaminaci¨®n autoritaria. Algunos de esos responsables (el antiguo secretario de Educaci¨®n, William Bennett, y el antiguo director del Fondo Nacional para las Humanidades, Lynne Cheney) son intelectuales que han aprovechado el ataque para difamar a los cr¨ªticos de las pol¨ªticas de Bush acus¨¢ndolos de criminalmente deficientes en patriotismo. The New York Times, que en sus editoriales se ha mostrado cr¨ªtico con el Gobierno y ha publicado noticias sobre sus conflictos internos y sus intentos de enga?ar sistem¨¢ticamente a la opini¨®n p¨²blica, ha sido tachado de 'parcial' o 'poco fidedigno'. Queda por ver si acabar¨¢ organiz¨¢ndose un ataque econ¨®mico contra el Times (la organizaci¨®n de un boicot y una reducci¨®n de la compra de espacio publicitario). La libertad suprema de los ciudadanos de una sociedad democr¨¢tica, el uso del espacio p¨²blico para producir opiniones aut¨®nomas y actuar en consecuencia, ha sido socavada por la innoble conformidad y la debilidad intelectual de los medios de comunicaci¨®n, animados deliberadamente por los iniciadores de otro frente de represi¨®n jur¨ªdica.

Sin embargo, la eficacia y la supervivencia de las libertades constitucionales en Estados Unidos depende no s¨®lo del rigor moral y la independencia del poder judicial -o de la vigilancia ejercida por ciudadanos preocupados y comprometidos-; depende de los representantes elegidos por el pueblo, el Congreso, que tiene el mandato constitucional de controlar y, si fuese necesario, cambiar el comportamiento del Ejecutivo. La trayectoria del Congreso hasta ahora ha sido ambigua. En general, ha fracasado en someter las pol¨ªticas (y las intenciones) exteriores y militares del Gobierno a un escrutinio estricto; y, de esa forma, ha legitimado una atm¨®sfera de unanimidad espuria en la que el Gobierno se ha considerado libre de cualquier restricci¨®n. Algunos miembros (como John Conyers, el veterano dem¨®crata de la Comisi¨®n Judicial del Congreso, y el senador Patrick Leahy) han sido francos en su cr¨ªtica al trato dado a los extranjeros. Muchos se han unido a los sindicatos de trabajadores de correos y comunicaciones y han declarado abominables los planes del fiscal general de convertir la vigilancia de cada vivienda estadounidense en una cuesti¨®n de pol¨ªtica p¨²blica. Y otros han retrasado el plan para la creaci¨®n de un nuevo departamento de seguridad nacional interna, con el convincente argumento de que crear¨ªa una monstruosidad burocr¨¢tica a un tiempo ineficaz e ileg¨ªtima. (De hecho, el que el Gobierno no pudiese parar el ataque del 11 de septiembre quiz¨¢ se deba al excesivo celo y a las mentiras del FBI. Hab¨ªa enfadado tanto a los jueces con un uso continuo de pruebas falsificadas que una comisi¨®n de jueces se neg¨® a permitirle examinar el ordenador del supuesto vig¨¦simo terrorista, que podr¨ªa haber contenido la informaci¨®n sobre la conspiraci¨®n). En general, sin embargo, el Congreso ha sido excesivamente pasivo.

Hay un veredicto en la jurisprudencia de Scots que atestigua el car¨¢cter no concluyente de las pruebas 'no demostradas'. No est¨¢ demostrado que Estados Unidos pueda responder a las amenazas que lo acechan mediante la movilizaci¨®n ideol¨®gica para conseguir la hegemon¨ªa mundial, y retener las estructuras y texturas de una aut¨¦ntica democracia constitucional. Y no es demasiado parad¨®jico que la cr¨ªtica abierta a la forma de llevar la guerra contra el terrorismo en su forma actual sea el ¨²nico modo de garantizar la supervivencia de nuestra democracia. La libertad que no se practica muere.

Norman Birnbaum es catedr¨¢tico em¨¦rito de la Universidad de Georgetown y autor de Despu¨¦s del progreso, de pr¨®xima publicaci¨®n en Espa?a