De c¨®mo un juez puede cerrar un medio de comunicaci¨®n

A la chita callando, por la v¨ªa de la letra peque?a de la ley, se cierne una nueva amenaza sobre la libertad de expresi¨®n. Puede ocurrir en cualquier juzgado de primera instancia. Con la nueva ley de Procedimiento Civil un juez puede imponer a un medio de expresi¨®n una indemnizaci¨®n desmesurada que provoque su cierre, sin que muchas veces exista, de hecho, la posibilidad de apelaci¨®n. En efecto, el beneficiado por una sentencia puede solicitar inmediatamente la ejecuci¨®n provisional sin prestaci¨®n de garant¨ªa ni requisito de ninguna clase de devoluci¨®n de la indemnizaci¨®n recibida, en el caso de que el medio ganara el recurso ante la Audiencia Provincial o el Supremo.

Es probable que el legislador pretendiera con la nueva norma evitar abusos en el uso de los recursos, pero no supo prever las terribles consecuencias que semejante innovaci¨®n podr¨ªan deparar sobre la libertad de expresi¨®n. Quiz¨¢s pensara, ingenuamente, que ning¨²n juez adoptar¨ªa una medida que amenazara la vida de un medio aplicando siempre los criterios establecidos en la Ley para la fijaci¨®n de indemnizaciones. Sin embargo, todo es posible cuando uno cae en un juzgado y, como luego contar¨¦, lo m¨¢s improbable acaba de ocurrir en un juzgado murciano. Todo colectivo, sea de jueces, de periodistas o de polic¨ªas, tiene derecho a un porcentaje de profesionales que no trabajan con la pulcritud deseable. El peligro no se limita a la posibilidad de que una demanda caiga sobre la mesa de un juez cargado de prejuicios; el riesgo es mayor que el atribuible a la mala suerte en el sorteo de la demanda, pues cada d¨ªa es m¨¢s evidente la actitud obsequiosa, casi obediente, de muchos jueces respecto del poder pol¨ªtico, sea el del Gobierno de la naci¨®n, el de las comunidades aut¨®nomas o el de los ayuntamientos. Lo que le ha ocurrido a El Siglo con una juez de Murcia, donde gobierna el PP, le est¨¢ pasando, por ejemplo, a La Voz de Almer¨ªa, seg¨²n me comentaba su director, en relaci¨®n a la querella interpuesta por un alcalde socialista.

'No se nos ocurre m¨¢s explicaci¨®n sobre lo sucedido que la del ataque pol¨ªtico por parte del Partido Popular de Murcia'

'Con la nueva ley, un medio puede morir antes de que se le haga justicia'

'Se autoriz¨® a que se me interrogara sobre mi ideolog¨ªa, que era la cuesti¨®n fundamental'

Me repele que el periodista tenga patente de corso, que abuse de su poder medi¨¢tico. As¨ª lo he manifestado siempre y me honro de ser cuidadoso en la comprobaci¨®n de la informaci¨®n. Si me equivoco debo pagar como los dem¨¢s. Pero no es este el caso. Lo que trato de explicar es que, con la nueva ley, un medio puede morir antes de que se le haga justicia por la aplicaci¨®n inmediata -y de hecho definitiva- de una sentencia de primera instancia, desapareciendo en la pr¨¢ctica el derecho al recurso. Se le da pues a un solo juez, tan humano como cualquier hijo de vecino en sus filias o en sus fobias o simplemente en sus naturales errores, un poder desmesurado: el derecho sobre la vida de una publicaci¨®n y el salario de sus trabajadores. La nueva ley de procedimiento civil nos retrotrae, por un camino insospechado, a la autocensura.

En lo que a la sentencia contra El Siglo se refiere, el demandante y la juez han rizado el rizo con una sutileza admirable que puede crear un terrible precedente y que desarmar¨ªa todas las preocupaciones constitucionales de proteger la cr¨ªtica fundada a los poderes p¨²blicos. La revista que dirijo public¨® un reportaje en el que se daba cuenta del revuelo producido en Murcia, ampliamente divulgado por la prensa local, respecto a la contrataci¨®n de equipos inform¨¢ticos por parte de un director general del Gobierno murciano. Pues bien, dicho dirigente ha encontrado una astuta f¨®rmula, que la juez ha aceptado con la mayor naturalidad, para sortear el derecho constitucional a criticar a los poderes p¨²blicos: pedir una indemnizaci¨®n astron¨®mica en raz¨®n de las dificultades que podr¨ªa sufrir para encontrar trabajo una vez que cese en dicho cargo. Si prolifera esta f¨®rmula, los cargos p¨²blicos se habr¨¢n privatizado entrando en un mercado de futuros de nuevo cu?o, blind¨¢ndose as¨ª frente a la cr¨ªtica. Habr¨¢n conseguido por este peregrino procedimiento impunidad absoluta en raz¨®n de su supuesta cotizaci¨®n profesional del d¨ªa de ma?ana, cuando sean ciudadanos de a pie. Es dif¨ªcil imaginar una astucia m¨¢s refinada.

El art¨ªculo de El Siglo est¨¢ en las hemerotecas. Afortunadamente, ni al gobernante murciano ni a la juez se les ha ocurrido una f¨®rmula para hacer desaparecer el pasado, por lo que el lector curioso puede comprobar lo que El Siglo cont¨®. Esta revista contrast¨® exhaustivamente la informaci¨®n y se puso al habla, como es de rigor, con el personaje cuestionado, cuyas declaraciones aparecen tal como las formul¨®. Como he reconocido antes, el art¨ªculo de El Siglo no fue una rabiosa exclusiva: La radio local hab¨ªa informado puntualmente y La Verdad de Murcia, del poco izquierdista Grupo Correo hab¨ªa sido incluso m¨¢s contundente se?alando que los hechos denunciados eran constitutivos de delito, cosa que El Siglo no afirmaba. Por otra parte, la oposici¨®n pidi¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n en el parlamento murciano que no prosper¨® por el voto en contra del PP, que cuenta con la mayor¨ªa absoluta de la c¨¢mara, y el secretario general de la Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos pidi¨® el cese del alto cargo.

El asunto no pod¨ªa ser, pues, m¨¢s de dominio p¨²blico, por lo que resulta chocante que la reclamaci¨®n del dirigente murciano en previsi¨®n de que no encuentre empleo en el futuro se dirigiera solo contra nuestra revista. No se nos ocurre m¨¢s explicaci¨®n que la del ataque pol¨ªtico por parte del PP de Murcia. Que una modesta revista tenga que pagar una cantidad sin precedentes en este tipo de demandas porque, debido a este reportaje, muy t¨ªmido comparado con los de la prensa local, el dirigente murciano pudiera no encontrar empleo en el ¨¢mbito provincial donde siempre ha trabajado, podr¨ªa engordar nuestro ego, pero desgraciadamente no somos tan importantes. Por cierto que, a la vista de lo visto, no parece muy real semejante peligro de desocupaci¨®n futura sino m¨¢s bien parecer¨ªa lo contrario: el cach¨¦ del director general se ver¨¢ fuertemente revalorizado por su evidente influencia en el Gobierno murciano del presidente Valc¨¢rcel que le mantiene en su puesto contra viento y marea, a?o y medio despu¨¦s, frente a la oposici¨®n pol¨ªtica, los sindicatos y la prensa.

Con esto se castiga a un medio progresista independiente, sin que las verdaderas dificultades para encontrar empleo de los trabajadores de El Siglo, m¨¢s reales que las temidas por el dirigente del Gobierno murciano, impresionen. No basta pues con las garant¨ªas fijadas en la Constituci¨®n, ni con la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional orientadas a proteger esa pieza b¨¢sica para la democracia que es la libertad de expresi¨®n y en particular a lo que la cr¨ªtica de los poderes p¨²blicos se refiere. La doctrina ha fijado con claridad que en caso de conflicto entre el honor de una personalidad p¨²blica y la libertad de expresi¨®n predomina esta ¨²ltima. No sirven de nada todas estas preocupaciones de los legisladores y de los altos tribunales si una juez decide imponer una indemnizaci¨®n imposible.

La libertad de expresi¨®n se ha puesto muy cara para todos pero se hace prohibitiva para los peque?os medios, que son esenciales para garantizar el pluralismo por su independencia de los poderes p¨²blicos y de los grandes grupos econ¨®micos. Hasta hace poco predominaba la idea de una cierta indefensi¨®n de los personajes p¨²blicos, pol¨ªticos y no pol¨ªticos, respecto a los abusos de la prensa. El delicado equilibrio entre el miedo al periodista y el miedo del periodista se ha decantado claramente en perjuicio del profesional de la prensa. Quiz¨¢s sea una manifestaci¨®n m¨¢s de la ola conservadora que recorre el mundo. Desde luego el problema no se ci?e al ¨¢mbito murciano.

En este caso, dicho sea con todo el respeto a nuestros tribunales, se autoriz¨® a que se me interrogara sobre mi ideolog¨ªa, que era, no nos enga?emos, la cuesti¨®n fundamental en este asunto; se fij¨® la indemnizaci¨®n sin exponer raz¨®n alguna sobre la determinaci¨®n de la cuant¨ªa, y se fundament¨® la condena en afirmaciones que El Siglo nunca ha publicado. Pero, sean cuales sean las posibilidades de un recurso ante instancias superiores, de nada sirven si antes se ejecuta la sentencia de primera instancia con sus irreparables consecuencias.

?Qu¨¦ hacer pues cuando se siente la indefensi¨®n ante una sentencia que puede ser irreversible por la inmediata ejecuci¨®n de la misma? Quiz¨¢s pueda pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Pedir¨¦ el amparo del colegio de periodistas, del defensor del Pueblo... Que Dios me ampare.

Jos¨¦ Garc¨ªa Abad es director de El Siglo.