El Gobierno lanza un plan para que los delincuentes pasen m¨¢s a?os en prisi¨®n

El Plan de Lucha contra la Delincuencia, anunciado por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el ¨²ltimo debate sobre el estado de la naci¨®n y presentado ayer por tres ministros, plantea reformas legislativas y medidas operativas para combatir el grave aumento de las tasas de delincuencia. El Plan, que supondr¨¢ un gasto hasta final de 2004 de casi 600 millones de euros, prev¨¦ endurecer el C¨®digo Penal para demorar la salida en libertad condicional, fija un m¨ªnimo de c¨¢rcel para lograr el tercer grado, elimina arrestos de fin de semana, aumenta las causas de prisi¨®n preventiva e introduce nuevas figuras delictivas.

El Plan contra la Delincuencia fue presentado ayer en La Moncloa por el vicepresidente primero y portavoz, Mariano Rajoy, y por los ministros de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y de Interior, ?ngel Acebes. El programa gira sobre dos ejes: uno, de reformas legislativas -C¨®digo Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Menor y Ley de Extranjer¨ªa- y otro de medidas operativas -refuerzo de la presencia policial en la calle, cambios en los m¨¦todos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y m¨¢s cooperaci¨®n con las polic¨ªas locales-.

Michavila explic¨® que los cambios en el ordenamiento jur¨ªdico parten de la base de que se ha incrementado el n¨²mero de peque?os y medianos delitos, el n¨²mero de delincuentes multirreincidentes y la actuaci¨®n de bandas organizadas. Lo m¨¢s inmediato ser¨¢ cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para implantar los juicios r¨¢pidos, una reforma que ya tramita el Senado y 'que previsiblemente entrar¨¢ en vigor en abril'. En resumen, se reducen los plazos de instrucci¨®n y enjuiciamiento para que la vista judicial se celebre 'inmediatamente o en el plazo de 15 d¨ªas para los delitos, y en un m¨¢ximo de 48 horas para las faltas'. Adem¨¢s, se fija el testimonio preconstituido, de forma que la declaraci¨®n de una v¨ªctima tenga valor de prueba aunque se haya obtenido antes del juicio. Esta medida est¨¢ pensada para atender a los extranjeros v¨ªctimas de delitos y que vayan a abandonar Espa?a.

'Periodo de seguridad'

Los cambios de mayor calado pretenden endurecer el C¨®digo Penal, aprobado en 1995 con las abstenci¨®n del PP. El Gobierno crea el llamado 'periodo de seguridad' para que un preso condenado a m¨¢s de cinco a?os no pueda obtener el tercer grado penitenciario (la semilibertad) 'hasta el cumplimiento de la mitad de la pena'. 'Lo que se quiere evitar es que se pueda acceder al tercer grado desde el primer d¨ªa', dijo Michavila.

El Gobierno restringe el camino hacia la libertad condicional al introducir la siguiente reforma, de alambicada descripci¨®n: 'Sin perjuicio del l¨ªmite m¨¢ximo de 25 o 30 a?os de cumplimiento de pena, con independencia de la condena, se introduce como obligatorio, frente al car¨¢cter potestativo que tiene en la actualidad, que el c¨®mputo de los beneficios penitenciarios se haga sobre la totalidad de la pena impuesta, siempre que la pena m¨¢xima a cumplir sea inferior a la mitad de la suma total de las impuestas'. La legislaci¨®n actual entiende como beneficio fundamental la obtenci¨®n de la libertad condicional, que puede concederse cuando el reo ha pasado las tres cuartas partes de la pena en prisi¨®n, o adelantarse, a criterio del juez de Vigilancia Penitenciaria, al cumplir las dos terceras partes. Por ejemplo, si un etarra es condenado a penas que suman 90 a?os de c¨¢rcel, en la actualidad no cumplir¨ªa m¨¢s de 30 y los beneficios se le aplicar¨ªan sobre esos 30, por lo que tendr¨ªa opci¨®n a la libertad condicional al cumplir 22,5 a?os o, en caso de buen comportamiento y pron¨®stico de reinserci¨®n farovable, a los 20. Con el cambio planteado, el c¨®mputo del tiempo para acceder a la libertad condicional se hace sobre la pena total, los 90 a?os, y no sobre el tiempo m¨¢ximo de cumplimiento, 30, de forma que la opci¨®n de salir condicionalmente a la calle no la tendr¨ªa hasta los 60 a?os de presidio. Debido a que esos 60 a?os superan el m¨¢ximo de tiempo en prisi¨®n que fija el C¨®digo Penal (30 a?os) y la mitad de la suma total de las condenas, el etarra tendr¨ªa que pasar sin remisi¨®n 30 a?os entre rejas.

El c¨¢lculo sobre la pena total o sobre el m¨¢ximo de cumplimiento de la condena est¨¢ ahora en manos de los jueces, una potestad que se elimina al hacer obligatorio que el reo cumpla la mitad de la suma de todas las condenas, si no superan los 30 a?os.

El Gobierno planea tambi¨¦n aumentar los criterios para que un juez pueda ordenar la prisi¨®n preventiva de un delincuente para, seg¨²n Michavila, 'reducir de forma considerable el n¨²mero de delincuentes a la espera de sentencia sin que le sean aplicadas medidas de aseguramiento'. Por ejemplo, los podr¨¢ enviar a prisi¨®n si cree que pueden cometer nuevos hechos delictivos, o ante 'el temor fundado' de que cometan 'actos propios de la delincuencia organizada'.

Expulsi¨®n de inmigrantes

Las reformas alcanzan a la Ley del Menor, que s¨®lo se aplicar¨¢ a los menores de 18 a?os. As¨ª, se evitar¨¢ que haya j¨®venes de 21 a?os en centros de internamiento con adolescentes de 13 a?os, debido a que aqu¨¦llos delinquieron cuando eran menores. Ahora, si la pena es de ocho a?os (la m¨¢xima), los mayores de 18 ir¨¢n a una c¨¢rcel de adultos.

La ¨²ltima ley que ser¨¢ modificada ser¨¢ la de Extranjer¨ªa, para que puedan ser expulsados los inmigrantes irregulares que cometan delitos y sean condenados a menos de seis a?os, salvo que perpetren un delito de 'especial naturaleza' o, como dijo el ministro de Justicia, de 'especial repercusi¨®n social', lo que aconseja 'que cumpla la pena en Espa?a'. Michavila se?al¨® que para llevar a buen t¨¦rmino estas medidas se van a crear en dos a?os 80 nuevas plazas de jueces y 70 de fiscales. Los planes costar¨¢n al Ministerio de Justicia 76 millones. El resto del presupuesto, hasta llegar a casi 600 millones, se lo llevan las medidas puramente policiales.