La mitad del infierno

POCAS HORAS ANTES de que el PP rechazase el pasado martes en solitario la proposici¨®n de ley integral contra la violencia de g¨¦nero presentada por el PSOE y respaldada por el resto del Congreso, el reci¨¦n estrenado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales comparec¨ªa ante la Comisi¨®n de Pol¨ªtica Social y Empleo para anunciar un sobre sorpresa de 50 medidas m¨¢gicas referidas a problemas de su departamento, entre otros, los malos tratos dom¨¦sticos. La cita matutina del ministro no ofrece mayor misterio: desde su precipitado abandono de la presidencia de la Generalitat valenciana para instalarse en el banco azul, Zaplana trata de recuperar el tiempo perdido en la carrera sucesoria mediante una invasora presencia en los medios de comunicaci¨®n. Pero la descort¨¦s ausencia del ministro de Trabajo y de sus colegas en el pleno que rechaz¨® la proposici¨®n de ley socialista no admite otra explicaci¨®n que el chulesco prop¨®sito del Ejecutivo de vejar al Parlamento.

El partido del Gobierno rechaz¨® el pasado martes en solitario una proposici¨®n de ley integral contra la violencia de g¨¦nero presentada por el PSOE y apoyada por los restantes grupos del Congreso

Pocas cuestiones suscitan tanto acuerdo social como la necesidad de proteger al hemisferio femenino de la ciudadan¨ªa condenado a habitar -invirtiendo la expresi¨®n china- la mitad del infierno. Aunque las sentencias y los atestados policiales no reflejen las sevicias infligidas por los maridos o novios a unas mujeres obligadas a guardar un atemorizado secreto, los datos oficiales resultan impresionantes: 35 v¨ªctimas mortales en 1998, 42 en 1999, 44 en 2000, 45 en 2001 (con 24.158 denuncias cursadas por malos tratos) y 31 en lo que va de a?o. Se trata, de a?adidura, de una infamia transversal que cruza las clases sociales, las ideolog¨ªas pol¨ªticas y los estratos culturales. As¨ª pues, parece inaceptable en t¨¦rminos c¨ªvicos y humanitarios que la urgente adopci¨®n de nuevas medidas contra la violencia de g¨¦nero pueda ser obstaculizada -tal y como hicieron el pasado martes los diputados populares- por rid¨ªculos celos partidistas.

El PP no puede justificar su intolerable dilaci¨®n con el falaz argumento de que el Ejecutivo dispondr¨ªa en la pr¨¢ctica de un monopolio para la puesta en marcha de la maquinaria parlamentaria: el art¨ªculo 87 de la Constituci¨®n otorga la iniciativa legislativa tanto al Gobierno (mediante proyectos aprobados por el Consejo de Ministros) como a las c¨¢maras (a trav¨¦s de las proposiciones de los grupos parlamentarios). No menos absurda ser¨ªa la peregrina coartada de que la toma en consideraci¨®n de la propuesta habr¨ªa significado la rendici¨®n de la mayor¨ªa absoluta ante la minor¨ªa; la hegemon¨ªa del grupo popular en el Congreso le hubiera permitido imponer siempre su voluntad mediante la presentaci¨®n de enmiendas al texto all¨ª donde no fuese posible el consenso.

Tal vez ese sabotaje parlamentario se deba a que el PP est¨¢ recorriendo al galope el trayecto que conduce a los dirigentes de los partidos en el poder desde las victorias electorales conseguidas por su buena sinton¨ªa con la opini¨®n p¨²blica hasta una p¨¦rdida de contacto con la realidad causante de comportamientos autistas. Mientras esos desarreglos cognitivos y emocionales se limiten a deteriorar los v¨ªnculos de fidelidad entre los gobernantes y su clientela electoral, cabe abstenerse de cualquier enjuiciamiento sobre la propensi¨®n al suicidio pol¨ªtico de asociaciones soberanas y aut¨®nomas como son los partidos: por ejemplo, la desolaci¨®n de cualificados sectores del electorado del PP ante la salida del armario del presidente Aznar -en lo que respecta al buen gusto, la austeridad personal y la n¨ªtida separaci¨®n entre lo p¨²blico y lo privado- con ocasi¨®n de la boda de su hija concierne exclusivamente a los simpatizantes de tales siglas. Pero cuando las consecuencias de los delirios del Ejecutivo afectan a las instituciones -como ocurre con el boicoteo del PP a la proposici¨®n de ley contra la violencia de g¨¦nero- no se puede mirar hacia otro lado: el lugar central ocupado por el Parlamento en el sistema democr¨¢tico obligaba al Congreso a dar una respuesta inmediata al grav¨ªsimo problema de los malos tratos.