Un desv¨ªo de fondos al PRI da?a la transici¨®n pol¨ªtica en M¨¦xico

El supuesto desv¨ªo de 123 millones de d¨®lares de Petr¨®leos Mexicanos (Pemex) hacia la campa?a del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las presidenciales del a?o 2000, el Pemexgate, ha frenado de nuevo la err¨¢tica transici¨®n mexicana. La petici¨®n de desafuero de tres diputados del PRI, sindicalistas de Pemex, para proceder penalmente contra ellos, la convocatoria de una huelga en el sector estatal y la sublevaci¨®n del sector contrario al procesamiento complican la relaci¨®n entre el Gobierno y la direcci¨®n pri¨ªsta, m¨¢s proclive a los acuerdos estructurales requeridos por M¨¦xico.

El partido que fue r¨¦gimen durante 71 a?os es la principal fuerza nacional, con 209 de los 500 miembros de la C¨¢mara de Diputados y el Gobierno de la mayor¨ªa de los 31 Estados y de los principales sindicatos. Su concurso es imprescindible para la aprobaci¨®n de las reformas sociales, pol¨ªticas y econ¨®micas pretendidas por la Administraci¨®n de Vicente Fox. La principal a debate, que obliga a dos enmiendas constitucionales, persigue una mayor apertura del sector el¨¦ctrico a la inversi¨®n privada. No obstante, las divergencias dentro del PRI, las pugnas acerca del entendimiento con el Gobierno, dificultan la toma de decisiones. Tampoco el gubernamental y conservador Partido Acci¨®n Nacional (PAN) es una familia bien avenida.

La Fiscal¨ªa General acusa a los tres diputados sindicalistas del PRI de canalizar ilegalmente hacia la campa?a del ex candidato presidencial pri¨ªsta Francisco Labastida fondos entregados por Pemex a la direcci¨®n del sindicato en virtud de un contrato colectivo de trabajo. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep¨²blica Mexicana (STPRM), que agrupa al 80% de los 123.000 empleados de una empresa que aporta casi el 35% del presupuesto del pa¨ªs, los considera 'perseguidos pol¨ªticos' y ayer reanud¨® las negociaciones con el Ejecutivo para forzar un aumento salarial del 15%. Se les ofrece un 5%.

Sindicato controlado

Pero la reclamaci¨®n laboral viene determinada por un factor dif¨ªcil de eludir: Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, cuyo desafuero pidi¨® la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) el pasado d¨ªa 10, y otros cinco procesados dirigen un sindicato controlado durante decenios por el PRI, que fue vencido en las elecciones del 2 de julio del a?o 2000. 'Lo que est¨¢ en juego es el combate a la corrupci¨®n', declar¨® el secretario (ministro) de Gobernaci¨®n, Santiago Creel, el d¨ªa 12. Poco antes, su intervenci¨®n ante el Congreso hab¨ªa sido boicoteada por los diputados del PRI, con el abandono del hemiciclo. 'Estamos frente a un acto en el que se abusa de la ley', acusaron los parlamentarios en un comunicado.

El presidente y la secretaria del partido, Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, tratan de nadar entre dos aguas: apaciguar a los flancos m¨¢s levantiscos del PRI sin ceder la bandera de la oposici¨®n y no romper los canales abiertos con el Gobierno. Aceptan la investigaci¨®n judicial, subrayan, si no se politiza, algo as¨ª como pedir peras al olmo. De fracasar las negociaciones, la huelga convocada para el primero de octubre reducir¨ªa la producci¨®n de la quinta petrolera del mundo en 3,5 millones de barriles diarios, 1,6 millones dejar¨ªan de exportarse y los ingresos fiscales caer¨ªan a un ritmo de 72 millones de d¨®lares.

El secretario de Trabajo, Carlos Abascal, inst¨® a los trabajadores a no permitir la contaminaci¨®n del conflicto. 'Lo importante es resolver el tema laboral', subray¨®. El objetivo es arduo con dos personas, en la secretar¨ªa general del sindicato, susceptibles de ser enviadas a prisi¨®n.