Los historiadores exigen al Gobierno que abra los archivos de la Fundaci¨®n Francisco Franco

La Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco (FNFF) es la instituci¨®n que m¨¢s ayudas ha recibido para proyectos archiv¨ªsticos en los dos ¨²ltimos a?os del Ministerio de Cultura. Seg¨²n inform¨® ayer El Peri¨®dico de Catalu?a, la FNFF ha cobrado en ese tiempo cuatro subvenciones y 83.070 euros, lo que equivale al 10,24% de las ayudas totales dadas a proyectos de ese tipo. Ayer, el ministerio lo justific¨® apelando a la 'enorme importancia cultural del archivo' y a la necesidad de informatizar el fondo para acabar con el veto de la familia a los historiadores. Diversos especialistas reclaman que, para desmentir las sospechas de trato de favor y evitar la expurgaci¨®n de los fondos, el Gobierno exija la apertura inmediata del archivo.

'Es un cachondeo incre¨ªble', dice Javier Tusell. 'Un asunto que lleva pendiente desde la transici¨®n. La Fundaci¨®n Franco tiene la subvenci¨®n m¨¢s alta de todas y es la ¨²nica que no deja ver sus archivos. Dicen que hasta que lo tengan todo digitalizado, no van a dejar ver nada. ?Y si al final tampoco? Digitalizar todo es car¨ªsimo, largo, innecesario. Ya han clasificado los papeles, con eso basta. El ministerio les tolera todo. ?Y si han quemado la mitad de lo que ten¨ªan? Es hora de arreglarlo. Primero, que declaren bien de inter¨¦s cultural todo lo que tienen. As¨ª, si tocan algo ser¨¢ delito; luego, que fijen un plazo m¨¢ximo para abrir el archivo, aunque s¨®lo sea una parte'.

Los historiadores est¨¢n en pie de guerra contra la tolerancia del Gobierno hacia la Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco, una instituci¨®n (www.fnff.org) que se fund¨® en 1977, que preside la hija del dictador, Carmen Franco, y algunos de cuyos fines son 'difundir el conocimiento del general¨ªsimo en sus dimensiones humana, pol¨ªtica y militar', as¨ª como 'los logros y realizaciones llevadas a cabo por su r¨¦gimen pol¨ªtico' y 'la legalidad y legitimidad del Alzamiento Nacional'.

Tambi¨¦n, custodiar un archivo valios¨ªsimo, que re¨²ne unos 27.000 documentos p¨²blicos y privados, 40 a?os de historia de Espa?a. Aunque, seg¨²n los expertos, s¨®lo unos pocos papeles de esos miles son estrictamente privados, del caudillo: el resto pertenece a la Administraci¨®n franquista. Seg¨²n Enrique Moradiellos, autor de una cr¨®nica biogr¨¢fica de Franco, 'fueron sacados de El Pardo por su familia, antes y tras la muerte del dictador, sin que nadie dijera nada'.

Desde entonces, la FNFF lleva 27 a?os poniendo trabas para que los historiadores consulten el archivo. Un tipo de documentos que en Italia (Mussolini) o Portugal (Salazar) son de dominio p¨²blico, en Espa?a s¨®lo han sido vistos, dice Santos Juli¨¢, 'por el historiador de extrema derecha Luis Su¨¢rez Fern¨¢ndez'.

Y eso que lo ha intentado hasta el Congreso: en 1979, el entonces diputado del PSOE Enrique Bar¨®n logr¨® que se aprobara una proposici¨®n para recuperar los diarios perdidos de Aza?a. Javier Tusell, entonces director de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, se los pidi¨® a la hija de Franco. ?sta neg¨® que su padre los hubiera tenido. Mucho despu¨¦s, los entreg¨® a la primera ministra de Cultura del PP, Esperanza Aguirre.

En ese contexto, el 4 de octubre de 2001, el ministerio y la FNFF firmaron un acuerdo para que el archivo fuera digitalizado y quedara abierto a los especialistas. El BOE public¨® entonces una orden ministerial que recog¨ªa una lista de entidades de muy dispar ideolog¨ªa, entre ellas la FNFF, que recibir¨ªan subvenciones para clasificar sus archivos. De ah¨ª provienen los 83.070 euros que el Estado ha pagado a la fundaci¨®n entre 2001 y 2002 (36.030 para la contrataci¨®n de personal y 47.040 para equipos inform¨¢ticos).

Pagar se paga, pero la contrapartida no llega. Aunque ayer Juan Allende, portavoz de la ministra Pilar del Castillo, prometi¨® que 'el ministerio trabajar¨¢ intensamente para que los fondos est¨¦n a disposici¨®n de los especialistas en el menor tiempo posible', la FNFF se limita a decir, seg¨²n El Peri¨®dico, que la digitalizaci¨®n comenz¨® hace dos a?os y que durar¨¢ al menos otros dos.

Los historiadores tienen m¨¢s prisa. Antonio Elorza: 'Que el Estado est¨¦ pagando por recuperar unos papeles que fueron sustra¨ªdos al Estado y que ese archivo no est¨¦ abierto todav¨ªa, aunque sea de forma parcial, es un esc¨¢ndalo incomprensible y siniestro. El Estado debe fijar plazos ya, y establecer garant¨ªas para que no haya m¨¢s sustracciones de documentos'.

Elorza considera que este nuevo episodio pone de manifiesto que la pol¨ªtica de archivos del Gobierno popular es 'prepotente, arbitraria, autoritaria, partidista y cada vez menos profesional'.

'Verg¨¹enza'

Santos Juli¨¢ afirma, por su parte, que es 'una verg¨¹enza' que una 'fundaci¨®n subvencionada con fondos p¨²blicos siga cerrada a los especialistas'. Pero va m¨¢s all¨¢: 'Los papeles de un jefe del Estado no deben estar en manos privadas. Debe discriminarse qu¨¦ es p¨²blico y qu¨¦ es privado'.

Tusell, Elorza, Moradiellos y Juli¨¢ coinciden en se?alar que 'es una tradici¨®n de los altos cargos espa?oles llevarse los papeles p¨²blicos a casa'. Pero Juli¨¢ matiza: 'Esa fundaci¨®n siempre ha estado cerrada. Y eso hace pensar que, cuando la abran, s¨®lo ense?ar¨¢n lo que quede despu¨¦s de una expurgaci¨®n considerable'.

El portavoz del ministerio cree que eso es aventurar demasiado: 'No creo que alguien que pide una subvenci¨®n para optimizar su archivo est¨¦ pensando en destruirlo'.