El PP baraja pedir la dimisi¨®n a los tres imputados en el 'caso funeraria'

La direcci¨®n del PP est¨¢ estudiando 'a fondo' las implicaciones de la apertura de juicio oral, con imposici¨®n de una millonaria fianza y la petici¨®n de penas de c¨¢rcel para tres de sus cargos en Madrid, imputados por el caso funeraria. La direcci¨®n del PP estudia solicitarles que dejen sus cargos y pidan la suspensi¨®n temporal de militancia. Uno de ellos, el diputado regional Luis Mar¨ªa Huete, ha puesto su cargo a disposici¨®n del partido tras subrayar su inocencia. 'Si es bueno para el partido, estoy encantado con irme', asegur¨®.

El secretario general del PP, Javier Arenas, reconoci¨® ayer que la direcci¨®n nacional, en coordinaci¨®n con la direcci¨®n regional del partido, est¨¢n 'analizando a fondo' la decisi¨®n del juez instructor del caso funeraria, Jos¨¦ Luis Quesada, de decretar la apertura de juicio oral contra Luis Mar¨ªa Huete, hoy diputado regional del PP y en 1992 primer teniente de alcalde en Madrid; Sim¨®n Vi?als, concejal de Sanidad madrile?o y presidente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios cuando ¨¦sta se vendi¨®, y Antonio Moreno, concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

El fiscal pide seis a?os de prisi¨®n y 25 de inhabilitaci¨®n para cada uno de estos tres cargos del PP madrile?o y el juez les ha impuesto una fianza de nueve millones de euros. Ser¨¢n sometidos a juicio por malvender la funeraria en 1992, un a?o despu¨¦s de llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid: la privatizaron por 0,6 euros cuando, seg¨²n el fiscal, val¨ªa m¨¢s de 6,5 millones. Para llevar adelante tan ruinosa operaci¨®n para el erario municipal, seg¨²n el fiscal, propiciaron 'burdos artificios contables' para aparentar una 'mala situaci¨®n econ¨®mica' de la entonces empresa municipal, que operaba como monopolio.

Esta operaci¨®n, criticada por la oposici¨®n desde su origen, estalla d¨ªas despu¨¦s de que el PP madrile?o cerrara su congreso regional con la aclamaci¨®n de Alberto Ruiz-Gallard¨®n y Esperanza Aguirre como candidatos a la alcald¨ªa de la capital y a la presidencia de la comunidad, respectivamente.

El juicio, pues, amenaza con coincidir con la precampa?a para las elecciones del pr¨®ximo 25 de mayo. En el PP admiten las negativas implicaciones del caso en su empe?o de revalidar la mayor¨ªa absoluta en el ayuntamiento y la comunidad: permite un seguro r¨¦dito a la oposici¨®n s¨®lo con recordar que el PP esgrimi¨® en 1993 su 'c¨®digo ¨¦tico' como arma electoral.

La direcci¨®n regional del partido ha barajado todas las posibilidades: desde pedir a los tres que dimitan para evitar que el caso se alargue eternamente, pues no parece que fiscal y juez tengan muchas prisas, o esperar a la sentencia firme. 'El caso est¨¢ en estudio pero la decisi¨®n a¨²n no est¨¢ cerrada', aseguran en la direcci¨®n del PP madrile?o. Aunque lo mejor ser¨ªa que los tres dimitieran y pidieran la suspensi¨®n temporal de su militancia, en esta direcci¨®n s¨®lo se ha movido Luis Mar¨ªa Huete. ?ste, tras mostrarse ayer convencido de su inocencia y asegurar que conf¨ªa en poder demostrarla en el juicio, ha puesto su cargo a disposici¨®n del partido. Huete ha subrayado a este diario que nadie le ha presionado para dimitir y que se siente respaldado por su grupo.

El presidente de la Comunidad de Madrid y candidato a la alcald¨ªa, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, defendi¨® ayer la presunci¨®n de inocencia de los tres imputados y record¨® que no est¨¢n acusados de 'haberse enriquecido sino de falta de diligencia en un proceso de privatizaci¨®n'. Ruiz-Gallard¨®n, que fue responsable de la redacci¨®n del C¨®digo ?tico del PP en 1993, mantiene que ninguno de los tres lo incumple. Ese C¨®digo ?tico recoge la obligaci¨®n de 'comunicar a la direcci¨®n del partido y poner a su disposici¨®n el puesto p¨²blico que desempe?an si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de delito'.