Vigilantes y polic¨ªas

La reducci¨®n de 6.000 agentes -que ser¨ªan 12.000, seg¨²n la oposici¨®n- de las plantillas del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil en los seis a?os de Gobierno del PP explica en buena medida el enorme agujero abierto en la seguridad ciudadana en este periodo, con un inocultable y espectacular aumento de la delincuencia. Y al mismo tiempo es un reflejo de la apenas disimulada tendencia del Gobierno a que la seguridad, incluso en aspectos como la protecci¨®n frente al delito, pase a manos privadas, en detrimento de la responsabilidad irrenunciable del Estado. Porque esa disminuci¨®n se ha correspondido con el aumento de 27.000 vigilantes privados de seguridad en el mismo periodo. No fue, pues, una mera ocurrencia la invitaci¨®n que hizo el delegado del Gobierno de Madrid a los ciudadanos a protegerse a s¨ª mismos, pagando de su propio bolsillo la seguridad personal, ante cr¨ªmenes tan horrendos como el asalto a un chal¨¦ y el asesinato de su propietario hace algo m¨¢s de un a?o en Pozuelo.

Ante la evidencia de los datos y la presi¨®n de la oposici¨®n pol¨ªtica y de la opini¨®n p¨²blica, el Gobierno parece haber dado un giro en su pol¨ªtica. Los Presupuestos del Estado para 2003 contemplan un incremento del 7,4% en esta materia, lo que supondr¨ªa poner fin a la constante reducci¨®n del porcentaje del PIB destinado a seguridad ciudadana desde 1996. La seguridad privada, en manos de empresas dedicadas a este negocio, no est¨¢ re?ida con la p¨²blica, en manos del Estado. Pero hay que establecer bien los l¨ªmites entre una y otra. Existe un n¨²cleo de derechos y libertades del ciudadano -a la vida, a la integridad f¨ªsica, a la libertad personal y de movimientos, incluso a la propiedad- cuya protecci¨®n corresponde al Estado, al que la Constituci¨®n atribuye la responsabilidad plena en materia de seguridad p¨²blica.

El Estado no puede hacer dejaci¨®n de sus funciones en este terreno. Si lo hiciera, se correr¨ªa el riesgo de provocar una peligrosa e intolerable dualizaci¨®n social: ciudadanos que pueden pagarse su protecci¨®n y ciudadanos que quedan desprotegidos al no poder pag¨¢rsela. La anormal desproporci¨®n producida en estos a?os entre efectivos de seguridad privada y de seguridad del Estado muestra que ese riego es real. Ojal¨¢ que el Gobierno rectifique a tiempo y evite a sus sucesores una herencia social que resultar¨ªa explosiva.