Los centros valencianos para mujeres maltratadas avisan a la polic¨ªa de cada extranjera sin papeles que acogen

La Generalitat valenciana obliga a las casas de acogida de mujeres maltratadas o desprotegidas a comunicar los datos de las inmigrantes sin papeles a la Delegaci¨®n del Gobierno ampar¨¢ndose en la colaboraci¨®n entre administraciones, seg¨²n denunci¨® ayer SOS Racisme. De enero a agosto, se ha informado de la situaci¨®n irregular de 94 mujeres, confirm¨® la Consejer¨ªa de Bienestar Social. Sobre cuatro de ellas pesan ¨®rdenes de expulsi¨®n.

La Consejer¨ªa de Bienestar Social entiende que la ley de las Administraciones P¨²blicas y del Procedimiento Administrativo la obliga a proceder de esta forma. El art¨ªculo 3 del texto legal apunta que las administraciones p¨²blicas 'en sus relaciones se rigen por el principio de cooperaci¨®n y colaboraci¨®n, y en su actuaci¨®n por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos' y el 4 solicita 'facilitar a las otras administraciones la informaci¨®n que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus competencias'. De esta forma, al rellenar la ficha de entrada, el personal de los centros, sean de titularidad p¨²blica o concertados, pregunta a las inmigrantes sobre su situaci¨®n administrativa, seg¨²n el abogado de dos de las mujeres a las que se les ha dictado una orden de expulsi¨®n, y esta informaci¨®n se traslada a la Delegaci¨®n del Gobierno y, por ello, a la polic¨ªa.

La directora general valenciana de la Mujer, Clara Abell¨¢n, apunt¨® ayer que esta medida no busca la expulsi¨®n de las mujeres que acuden a los centros despu¨¦s de haber sufrido malos tratos por parte de sus parejas o por encontrarse en situaciones de desprotecci¨®n, generalmente econ¨®micas, sino permitir la tramitaci¨®n de su regularizaci¨®n o la elaboraci¨®n de estad¨ªsticas para la fijar cupos. 'Cumplimos con la ley y con nuestro deber, que es informar a la Administraci¨®n competente en materia de extranjer¨ªa', explic¨®. Sin embargo, la Consejer¨ªa de Sanidad expide una tarjeta que cubre la atenci¨®n de los irregulares y, pese a conocer su situaci¨®n administrativa, no la comunica a la Delegaci¨®n del Gobierno, como se?alaron desde este departamento.

Entre enero y agosto, de las 154 mujeres extranjeras acogidas en la Comunidad Valenciana, 94 no ten¨ªan papeles. Seg¨²n Bienestar Social, despu¨¦s de transmitir estos datos a la Delegaci¨®n del Gobierno, s¨®lo a seis se les remiti¨® un escrito para acudir a la oficina de extranjer¨ªa. De ellas, a cuatro se les ha dictado una orden de expulsi¨®n, aunque, apuntan, no se ha hecho efectiva. Otra resolvi¨® su situaci¨®n legal y la sexta inmigrante ten¨ªa una orden de expulsi¨®n previa dictada en Andaluc¨ªa. Quiz¨¢s la falta de expulsiones radique en que la situaci¨®n de estas mujeres 'no es una prioridad' para la Delegaci¨®n del Gobierno, como reconoc¨ªa ayer una fuente oficial del departamento que dirige Juan Cotino, el anterior director general de la Polic¨ªa. '?ste [en relaci¨®n a las sin papeles de los centros de acogida] no es el problema que nos preocupa, sino el relacionado con la inseguridad ciudadana', apuntaron estas fuentes.

SOS Racisme denunci¨® ayer a la directora general de la Mujer ante la Agencia de Protecci¨®n de Datos. El abogado de esta organizaci¨®n, Francisco Solans, explic¨® que la Ley de protecci¨®n de datos califica de infracci¨®n muy grave 'la recogida de datos de forma enga?osa y fraudulenta', lo que Solans entiende que ha sucedido, ya que la informaci¨®n se extrajo de entrevistas personales. Tambi¨¦n cree que existe una infracci¨®n grave por la 'vulneraci¨®n del deber de guardar secreto sobre los datos personales incorporados a ficheros relativos a la comisi¨®n de infracciones administrativas', como, apunta, es el caso.