Castigada una gravera con la mayor multa puesta hasta hoy por infracci¨®n ecol¨®gica

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente ha multado con 740.636 euros a la empresa Aladue?a y Pe?alver, SA, dedicada a la extracci¨®n de ¨¢ridos, por actuar de manera ilegal en la finca La Heredad, en Daganzo. La sanci¨®n, que fue ratificada ayer por el Consejo de Gobierno, es la mayor impuesta por la Comunidad. Los infractores pagar¨¢n 600.000 euros en concepto de multa, 140.636 como indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios y, adem¨¢s, est¨¢n obligados a reparar los da?os causados en la zona, que pueden establecerse en unos 120.000 euros. La Heredad est¨¢ en una zona declarada por la UE de especial protecci¨®n para las aves.

La Heredad, la finca en la que desde abril de 2000 la empresa Aladue?a y Pe?alver ven¨ªa realizando tareas de extracci¨®n de ¨¢ridos, se encuentra en una zona de alto valor ecol¨®gico, junto al r¨ªo Torote. Est¨¢ situada en una de las siete Zonas Especiales de Protecci¨®n para las Aves (ZEPA) existentes en la regi¨®n.

En este espacio, utilizado como gravera, hay aves de gran valor como avutardas, aguiluchos p¨¢lidos, aguiluchos cenizos, aguiluchos laguneros, sisones y cig¨¹e?as blancas. La actividad ilegal de esta empresa de ¨¢ridos ha puesto en peligro esta colonia de aves, que ha sufrido, adem¨¢s de la degradaci¨®n de la zona, las molestias causadas por las m¨¢quinas y los camiones. Las arenas que extra¨ªa la empresa Aladue?a y Pe?alver se utilizaban para la realizaci¨®n de obras en la zona este de la Comunidad.

El expediente abierto a esta empresa de ¨¢ridos se inici¨® en abril de 2000, cuando, a pesar de no contar con una declaraci¨®n de Impacto Ambiental, comenz¨® a desarrollar su actividad. Tras continuos requerimientos para que cesase en su actividad, la Consejer¨ªa de Medio Ambiente dict¨® la medida provisional de suspensi¨®n de las actividades de la empresa, acuerdo que le fue notificado el 10 de abril de 2002.

A pesar de la orden de cese de actividad ordenada por Medio Ambiente, la empresa sigui¨® trabajando en La Heredad, como comprobaron 13 d¨ªas despu¨¦s los agentes medioambientales. Alertado el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ¨¦ste confirm¨® que en la gravera hab¨ªa actividad. Ante esta situaci¨®n de desobediencia, el 14 de junio pasado, la Consejer¨ªa de Medio Ambiente notific¨® a la empresa el preceptivo apercibimiento previo al cierre, a la vez que se le recordaba que la medida era de 'inmediato cumplimiento'. De manera paralela se abr¨ªa un expediente sancionador contra la empresa.

El pasado 3 de julio, la gravera fue precintada y ayer el Gobierno regional decidi¨® castigar esta conducta con la multa medioambiental de mayor cuant¨ªa impuesta hasta ahora por el Ejecutivo que preside Alberto Ruiz-Gallard¨®n.

'Quien da?a, paga'

Antonio Lucio, director general de Promoci¨®n y Disciplina Ambiental, explic¨® ayer que la sanci¨®n impuesta a esta empresa se hace en tres conceptos: 'La empresa pagar¨¢ 600.000 euros como multa, 140.636 euros de indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios, y, adem¨¢s, deber¨¢ reparar todos los da?os causados en la zona'.

Para poder evaluar el costo y la manera de realizar estas tareas de rehabilitaci¨®n, Medio Ambiente ha dictado unas normas. 'Tienen dos meses para presentar ante la consejer¨ªa', explica Lucio, 'un plan para recuperar la zona da?ada que nosotros tendremos que aprobar. Si la empresa no act¨²a, ejerceremos todas las acciones necesarias, realizaremos los trabajos y subsidiariamente les haremos responsables de su reparaci¨®n. Con esta sanci¨®n, lo que queda claro es que quien no cumple la ley y quien causa da?o, lo paga'. Lucio precisa que, adem¨¢s esta empresa actuaba con 'dolo', al carecer tambi¨¦n de autorizaci¨®n para realizar la actividad minera.

La sanci¨®n impuesta a esta empresa de ¨¢ridos se adopta en virtud de la ley de 6 de julio de 2001, la que estaba en vigor cuando se inici¨® el expediente contra la gravera. La Heredad, situada en el t¨¦rmino municipal de Daganzo, tiene una superficie de 10,40 hect¨¢reas de terreno seco. Por los da?os causados, los expertos consideran que a la multa de 740.636 euros, la empresa deber¨¢ sumar alrededor de 120.000 euros por los trabajos de recuperaci¨®n.

Hasta ayer, una multa impuesta a Renfe, en marzo pasado de 700.000 euros, era la mayor dictada por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, al frente de la cual est¨¢ Pedro Calvo Poch. Entonces se consider¨® a Renfe responsable de un incendio que el 20 de julio de 2000 arras¨® 389 hect¨¢reas de monte a lo largo de la v¨ªa f¨¦rrea Madrid-Ir¨²n. La sanci¨®n se fundament¨® en que el fuego fue causado por las chispas que desped¨ªa a su paso una locomotora de Talgo.

Renfe siempre neg¨® su responsabilidad y tiene planteado un recurso contra la sanci¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid La compa?¨ªa contin¨²a manteniendo que los siete focos de fuego que se detectaron entre Valdelatas, a la salida de Madrid, y Braojos, a 80 kil¨®metros de la capital, todos ellos a lo largo de la l¨ªnea Madrid-Ir¨²n, no fueron provocados por una chispa procedente del tren Talgo que realizaba ese recorrido.

A la espera de que concluya el proceso, el Tribunal Superior ha obligado ya a la compa?¨ªa ferroviaria a ingresar en las arcas de la Consejer¨ªa de Hacienda el montante de la multa. Adem¨¢s de la multa, la sanci¨®n impuesta por Medio Ambiente tambi¨¦n obliga a Renfe a elaborar un plan para reforestar las 389 hect¨¢reas que arras¨® el fuego el verano de a?o 2000.