Guatemala, ?nunca m¨¢s?

Un tribunal de apelaci¨®n guatemalteco ha anulado la condena impuesta hace m¨¢s de un a?o a tres militares y a un sacerdote por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi. Alega vicios de forma y ordena repetir un juicio que llev¨® m¨¢s de dos a?os, en el que comparecieron un centenar largo de testigos y que concluy¨® con una sentencia de 30 a?os para un coronel, un capit¨¢n y un sargento pertenecientes a los infamantes escuadrones de la muerte camuflados como unidad de seguridad presidencial. Gerardi muri¨® a golpes dos d¨ªas despu¨¦s de presentar un informe de la Iglesia sobre la guerra sucia, Guatemala, nunca m¨¢s, en el que se conclu¨ªa que el 90% de las matanzas durante 36 a?os de guerra civil -m¨¢s de 200.000 cad¨¢veres- fueron obra de los militares.

La decisi¨®n del tribunal podr¨ªa tomarse por una encomiable muestra de celo e independencia judicial si Guatemala, que puso fin en 1996 al enfrentamiento m¨¢s largo y sangriento de Centroam¨¦rica, fuese una sociedad democr¨¢tica. Pero no es as¨ª. Pese a haber dejado atr¨¢s sucesivas dictaduras castrenses y mantener una fachada civil, el pa¨ªs centroamericano que preside Alfonso Portillo vive en una atm¨®sfera de violaci¨®n de los derechos humanos, intimidaci¨®n y protagonismo militar -y paramilitar- similar a la de sus a?os m¨¢s sombr¨ªos. Muchos de los m¨¢s comprometidos, jueces incluidos, han huido para proteger sus vidas. Una de las previsiones del acuerdo nacional que puso fin a la guerra era el desmantelamiento de la divisi¨®n de seguridad presidencial, reiteramente prometido y nunca cumplido por Portillo, que, por el contrario, ha aumentado sus presupuestos y los de organismos conexos.

La raz¨®n ¨²ltima de este estado de cosas es que el Ej¨¦rcito, un ej¨¦rcito impune, sigue siendo la m¨¢s poderosa fuerza pol¨ªtica del pa¨ªs. Y que sus hilos los sigue moviendo el jefe del partido gobernante y presidente del Parlamento, el ex general Efra¨ªn R¨ªos Montt, el m¨¢s despiadado dictador de su historia reciente y a quien las organizaciones de derechos humanos intentar procesar por genocidio.

Estos d¨ªas est¨¢ a punto de conocerse en Guatemala el desenlace de un proceso hist¨®rico -el primero por delitos cometidos durante la guerra sucia- contra tres jefes retirados, un general y dos coroneles, acusados de ordenar en 1990 el asesinato de una activista pro derechos humanos. Su condena podr¨ªa abrir la puerta al enjuiciamiento de R¨ªos Montt y altos mandos anteriores como arquitectos de una pol¨ªtica de atrocidades masivas. Pero la reciente decisi¨®n sobre el caso Gerardi recuerda a quienes quieran entender qui¨¦n sigue mandando en Guatemala.